Frente a demandas de la transnacional minera canadiense Crystallex en tribunales estadounidenses por un pago de arbitraje por $ 1.4 mil millones, amenazando con apoderarse de Citgo caso Venezuela no pagase, el gobierno terminó llegando a acuerdos con la empresa minera, saliendo por el momento del peligro de perder la empresa petrolera en Estados Unidos.
Crystallex había estado tratando de forzar la venta de Citgo y esperaba embolsarse las ganancias como compensación por la nacionalización por parte de Venezuela de un proyecto de extracción de oro en 2011. Que, dicho sea de paso, una indemnización que el gobierno no tendría que haberle pagado un centavo, pero constituía una práctica de pagarle a las transnacionales cuando éstas ya se habían extraído con superganancias las supuestas inversiones realizadas.
Por los mismos riesgos, a finales de octubre, el gobierno de Maduro tuvo que desembolsar 435 millones de dólares y la entrega de materia prima de PDVSA a ConocoPhillips como parte de la primera cuota de un acuerdo para cumplir con un laudo arbitral que otorgó 2.000 millones de dólares a dicha petrolera y la que espera recibir también 155 millones de dólares que faltan del primer pago de PDVSA este trimestre.
Otra compañía minera canadiense, Rusoro Mining, también había informado que había llegado a un acuerdo para poner fin a una disputa de 1.300 millones de dólares también por demandas de nacionalizaciones de activos. De igual manera el gobierno de Maduro había concretado otro desembolso por 949 millones de dólares para cancelar el cupón y amortización de 25% de capital del bono 2020 emitido por PDVSA.
Como siempre, el reciente acuerdo con Crystallex no es dado a conocer por el gobierno nacional sino por la propia minera canadiense, una práctica sigilosa que aplica Maduro. Y según documentos judiciales canadienses, las dos partes han llegado a un acuerdo. Venezuela realizó el pago inicial de $ 425 millones y dijo que pagará el resto en cuotas para el 2021.
Es de destacar que este acuerdo tiene implicaciones para los tenedores de bonos PDVSA con vencimiento en 2020. Citgo, que opera tres refinerías en el Golfo de México y el Medio Oeste, se mantiene como garantía contra los bonos. Estos bonos 2020 se han venido valorizando ya que los tenedores de los mismos tienen la seguridad de que Venezuela pagará frente al temor de perder dicha empresa. Así este lunes, se negociaba a 92.3 centavos de dólar, por encima de un mínimo anual de 80 centavos en septiembre y cerca de un máximo anual de 95.2 centavos, mientras la mayoría de los bonos de PDVSA se cotizan alrededor de 20 centavos por no estar atados a los activos de Citgo.
Acorralado por sus propios desastres y políticas entreguistas, el gobierno busca pagar frente al riesgo de perder el preciado activo Citgo y que aun haciéndolo sigue con el cuchillo en el pescuezo por la misma amenaza. Recordemos que el gobierno de Maduro empeñó la mitad de Citgo como garantía del bono 2020 por $ 2.5 mil millones y la otra mitad está empeñada también por un préstamo con la compañía petrolera rusa Rosneft.
De acuerdo a un reciente informe de la agencia de noticias Reuters, el presidente ejecutivo de Rosneft, Igor Sechin, estuvo en Caracas en los últimos días “quejándose” de que Venezuela no estaba enviando suficiente petróleo a Rusia para pagar sus préstamos. Lo que significa que Venezuela lejos está aún de los riesgos de perder Citgo luego de haberla hipotecada, justamente para pagar la fraudulenta deuda externa.
Venezuela enfrenta una montaña de deudas producto de las políticas practicadas desde la época de Chávez, montantes que fueron a parar en gran parte a la gran cadena de fuga de capitales que hoy se calcula en más de 500 mil millones de dólares, deudas incluso que se contraían justo en momentos de bonanza petrolera (para muestra un botón: el gobierno emitía bonos comprables en bolívares y vendibles en dólares en el exterior para “financiar” grupos económicos, dinero que nunca volvía al país). Pero además de esta situación, Venezuela debe miles de millones de dólares a China y Rusia.
Pero estos bonos emitidos de miles de millones de dólares que bajo este mecanismo engordaban a grupos económicos, y al mismo tiempo la fuga de capitales, una vez llegado su vencimiento tuvieron que ser pagados por el Estado a los grandes acreedores, sangrando de manera doble aún más al país.
Venezuela ha venido realizando pagos selectivos por concepto de deuda externa sobre todo para no perder activos extraterritoriales, aunque no ha venido cumpliendo el resto de los compromisos con los tenedores de bonos durante el año pasado, en una especie de default sigiloso por su incapacidad de pago luego de haber venido pagando en los últimos años más de 80 mil millones de dólares.
Como indicamos al inicio, el acuerdo con Crystallex es uno de los muchos a los que Venezuela ha llegado recientemente con compañías extranjeras que han tratado de apoderarse de los activos de PDVSA en compensación por el dinero que sostienen que se les debe. Se trata de toda una rapiña imperialista que busca hacerse de los activos extraterritoriales que posee Venezuela oliendo la debilidad del gobierno de Maduro, como vampiros sobre la sangre.
Es que a pesar de lo estrangulada que se encuentra la economía, el gobierno de Maduro siempre ha sido un fiel pagador religioso de una fraudulenta deuda externa, y no le ha temblado el pulso en estos años entre elegir responderle a los buitres internacionales y no al pueblo que sufre las inclemencias de la catástrofe. Así, mientras el hambre golpea se le paga a la rapiña imperialista, una rapiña insaciable que incluso, producto de las políticas desastrosas del gobierno, chantajea sino se le paga, amenazando hacerse de los activos extraterritoriales del país.
Como hemos visto en estos años de calamidad, son los propios asalariados y sectores pobres del país, además de las clases medias bajas arruinadas, las víctimas de estas medidas del gobierno de Maduro, pagando los platos rotos. No hay que pagar un solo centavo a los buitres internacionales. Si ellos deciden hacerse de activos del país en el exterior, existen grandes intereses imperialistas en el territorio nacional, que pueden ser confiscados inmediatamente y pasar al control de los trabajadores, parando también la entrega de los grandes recursos nacionales y dejar de exonerar a las grandes transnacionales de impuestos, avanzando hacia una industria petrolera estatal y única bajo el control de los trabajadores, y no de burócratas corruptos y de la casta militar que negocian con las transnacionales y los empresarios locales en detrimento del pueblo.
| 
