La lucha por la preservación de la Reserva de Flora y Fauna de Tariquía no es actual, pues forma parte de un proceso de intensificación de políticas extractivistas (que son constitutivas del proceso de acumulación del capital) que se acrecentó en el periodo neoliberal. Justamente es por ello, que la Reserva se constituye como tal (en 1989) frente a un proceso de deforestación y extracción ilegal de maderas que amenazaba las 246.870 has. de bosque tucumano boliviano. Un ecosistema único en el país y uno de los principales en la región, cuyo objetivo es el mantener y proteger las funciones ecológicas centrales [1] (SERNAP).
Esta lucha ha sido dada con especial participación de las mujeres, las familias campesinas de la Reserva y la Subcentral sindical de Tariquía, quienes, de forma orgánica han venido sosteniendo como posición la conservación de su territorio por sobre políticas desarrollistas. También hay que señalar que la gestión de su territorio tiene titulación proindiviso que se determinó mucho antes de que se establezca como área protegida.
En Tariquía, toda la dinámica familiar y comunal alrededor de la tierra está gestionada por el sindicato campesino. El distrito 8, que es la zona núcleo de la reserva, está conformada por 10 comunidades que están representadas sindicalmente mediante la subcentral de Tariquía, que se encontraría en medio de la estructura sindical entre provincia y departamento.
La estructura sindical campesina que se maneja, abarca las áreas de representación y participación política, y ha dado lugar a conformaciones orgánicas que en los últimos años han tenido mucha representación femenina, siendo la presidenta la señora Paula Gareca. Sin embargo, la subcentral es parte de la estructura nacional sindical, que depende de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), organismo que hoy por hoy está completamente cooptado por el Movimiento al Socialismo (MAS). Pese a ello, la organización sindical ha ayudado mucho a visibilizar a Tariquía, y además, sirve como una plataforma de defensa de la reserva, que ya ha ganado algunas batallas. Un ejemplo es que se logró frenar, en los años 90 un proyecto hidroeléctrico en Cambarí, aunque últimamente, bajo el gobierno de Evo Morales, es una idea que se volvió a poner sobre la mesa.
Pese a esto, la lucha, además de dispareja, ha estado sembrada de divisiones, dudas y separatismo entre las distintas comunidades dentro de la RNFFT, entre quienes ven la entrada de las petroleras como la única manera de acceder a servicios básicos y quienes quieren proteger sus recursos naturales. Estas posturas responden claramente a los intereses pro transnacionales de parte del Gobierno que, mediante prebendas hace cinco años se construyó el camino que llega hasta la comunidad de Pampa Grande. Así también, en los últimos años el Gobierno ha construido casas para los comunarios prometiendo más recursos a cambio de que ingresen las petroleras.
Por otra parte, representantes del Gobierno así como dirigentes afines lograron sembrar confusión en la reserva a partir de discursos que prometen “desarrollo y mejoras en las condiciones de vida para los comunarios”, logrando con ello contribuir a debilitar la organización comunal pero también a sembrar sospechas y divisiones entre las distintas comunidades. Aunque mediante voto resolutivo donde que cinco de las nueve comunidades manifestaron su desacuerdo con las actividades petroleras, la división ha ido acrecentándose mucho más en los últimos meses, hasta concluir en el desconocimiento de la subcentral de Tariquía por parte de las comunidades disidentes, y la conformación de una subcentral paralela afín al gobierno del MAS.
Violando la misma constitución que este Gobierno redactó, se pretende ingresar a una Reserva Nacional a realizar explotación petrolera sin haber realizado la consulta previa legal a todos los campesinos que la habitan. El decreto 2366 que promulgó Morales el 2015, y que autoriza el desarrollo de actividades hidrocarburíferas al interior de áreas protegidas, se postula como suficiente para avasallar territorios que pertenecen en primer lugar a los campesinos que la habitan. Borran así con un decreto un derecho constitucional que claramente establece la obligación de la consulta previa y los parámetros en los que debe realizarse. Es más, según la constitución (Art. 9, numeral 2), el Estado tiene la obligación de “garantizar […] la protección e igual dignidad de las personas, las naciones, los pueblos y las comunidades, y fomentar el respeto mutuo y el diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe”. Nada de esto sucede. No puede existir respeto mutuo, ni diálogo intercultural, sin el derecho mínimo a la consulta previa, en lugar de ello, arremeten violentado toda soberanía sobre su territorio.
Además, el artículo 30 de la constitución se refiere específicamente al derecho de los pueblos indígenas y campesinos “a ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles.” Y que además “se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan”. Y el artículo 33 también expone que “las personas tienen el derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado” y que el ejercicio de este derecho debe permitirles “a los individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones, además de otros seres vivos desarrollarse de manera normal y permanente.”
Tampoco sirve de nada que en la ley de hidrocarburos también está contemplado el derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas y campesinos, ordenando que la consulta debe realizarse en dos momentos: a) antes de “la licitación, autorización, contratación, convocatoria y aprobación de las medidas, obras o proyectos hidrocarburíferos, siendo condición necesaria para ello”, y b) antes de la aprobación del EEIA (Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental), el que, en el caso de los pueblos indígenas, deberá ser siempre el de mayor alcance previsto en la Ley 1.333 y su Reglamento (artículo 115 de la Ley de Hidrocarburos).
Solamente con el no cumplimiento de esos artículos, y hay muchos más, es contundente la evidencia de que el MAS ya abandonó por completo su propia constitución adoptando un rumbo cada vez más reaccionario, liberal en lo económico y conservador en lo social, negociando con las trasnacionales a costa de los derechos del pueblo trabajador, de los campesinos y de los recursos naturales.
Frente a este avasallamiento, abuso de poder, violación flagrante a los derechos de los comunarios de Tariquía sobre su territorio, aquellos que se mantienen firmes, han convocado a un congreso que se realizará el 1 y 2 de diciembre en la comunidad de Pampa Grande en Tariquía. En este congreso se decidirá qué medidas se tomarán frente al inminente ingreso de las empresas, y que contará con la participación de delegaciones de diferentes territorios del país. Amanda Gareca, dirigente de las organizaciones de mujeres de la RFFT, manifestó:
Es un congreso de alianzas, con territorios afectados y áreas protegidas, donde va a haber la participación a nivel nacional, (…) estamos uniendo fuerzas y por primera vez nos vamos a sentar de manera orgánica con dirigentes actuales para ver qué medidas vamos a tomar respecto a este avasallamiento que nos están haciendo.
Apoyar la lucha de los compañeros de Tariquía es decirle NO al avasallamiento de nuestros territorios por grandes empresas extranjeras, es una apuesta por la vida, por la libertad y por los derechos de todas y todos. |
