La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) hizo públicas las denuncias y recomendaciones emitidas a las diferentes instituciones de las Fuerzas Armadas, a través del informe “Huellas imborrables: desapariciones, torturas y asesinatos por instituciones de seguridad en México 2006-2017”.
En el informe se especifican cifras oficiales de asesinatos, desapariciones y tortura ejercidas por las Fuerzas Armadas (Ejército, Marina y cuerpos policiales en todo el territorio), todas las detenciones registradas están enmarcadas en la “guerra contra el narco” que fue iniciada en 2006 por -el entonces presidente-, el panista Felipe Calderón, y continuada por el priista Enrique Peña Nieto.
Peña Nieto asumió la presidencia en medio de señalamientos y exigencias de justicia por el caso Atenco; cuando llegó a la Presidencia representó la continuación de la “dictadura perfecta”. Violencia, represión y medidas antiobreras al por mayor.
Según el informe, autoridades castrenses buscaron justificar la tortura ligando las detenciones al narcotráfico y al crimen organizado, tratándose de presuntos arrestos en “flagrancia”. Sin embargo, señala que “en estos casos la simulación de pruebas y la fabricación de culpables no es un fenómeno extraordinario, por el contrario resulta ser una práctica común.”
Los tipos de tortura más utilizados son: psicológica 68.3%, golpes 67.7%, asfixia con bolsa de plástico 25.6%, descargas eléctricas 24.4%, tortura sexual 21.2%, entre otras.
Algunos de los grupos más vulnerables que han sido torturados son: migrantes, adultos mayores, indígenas, mujeres embarazadas, niñas, niños y adolescentes.
La tortura es un método de excesiva violencia física y psicológica que está encaminada destruir al sujeto y obtener confesiones falsas o información de algún tercero. Como explica Elizabeth Lira: “La tortura ha sido el recurso predominante para disuadir, obtener información y destruir a los dirigentes y militantes de las organizaciones políticas y sociales de América Latina en este siglo [1].”
8 de cada 10 mujeres son torturadas tras su detención
De manera articulada, la tortura sexual tiene muchas implicaciones psíquicas para las mujeres, debido a que históricamente sus cuerpos son cosificados, sometidos y tomados como botín de guerra, obligándolas a un lugar de sumisión que es reforzado cotidianamente por la cultura. Por eso, esta forma de tortura es utilizada por los gobiernos en todo el mundo de forma sistemática para quebrar la resistencia de las mujeres, porque la tortura es un forma de dominación particular que desestructura a los sujetos, destruye la identidad y el sentimiento de pertenencia a un grupo social.
Según el World Justice Project, 8 de cada 10 mujeres detenidas en México -de 2009 a la fecha- fueron víctimas de tortura por elementos de la Policía o el Ejército antes de ser presentadas ante el ministerio público; esto incluye descargas eléctricas en senos y vagina, desnudez forzada, tocamientos en genitales y violación sexual.
La Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) es la Institución mexicana con más recomendaciones por tortura y violación a los derechos humanos.
La SEDENA reúne el 56% de las recomendaciones de organismos de DD.HH por tortura. La mayoría de los incidentes de tortura fueron realizados en cuarteles militares.
Camuflar los crímenes en nuevas corporaciones: la Guardia Nacional de AMLO
Esta es la razón por la que diversas agrupaciones en defensa de los derechos humanos, asociaciones y luchadores sociales exijamos el regreso del Ejército a sus cuarteles, el cese de la “guerra contra el narcotráfico” que afecta únicamente a los trabajadores, jóvenes y mujeres, y la disolución de las fuerzas armadas del Estado que han generalizado la violencia, que nos torturan, desaparecen y asesinan.
Desoyendo toda recomendación en materia de derechos humanos, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, en su cargo de Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, convocó al Ejército, Marina y Fuerza Aérea Mexicana a sumarse a la Guardia Nacional.
Decir hoy "no" a la militarización es decir "no" a la Guardia Nacional de López Obrador, que desde este domingo comenzó su despliegue a lo largo del país con más de 35 mil elementos bajo el mando de la SEDENA; continuando así con el modelo de militarización del país bajo una retórica de "pacificación y reconciliación" que contempla la amnistía para integrantes del crimen organizado que cooperen con el gobierno.
Esta política de “seguridad nacional” es repudiable por las graves violaciones a los derechos humanos que permanecen en total impunidad, que, lejos de frenar al crimen organizado y el narcotráfico, han aumentado la violencia exponencialmente, dejando cifras de desaparecidos que superan las de las últimas dictaduras militares en América Latina. | 
