A fines de noviembre de 2017 el gobierno provincial anunciaba la venta del Ingenio
La Esperanza. Esos mismos días enviaban los administradores del ingenio, designados por el Gobernador, 338 telegramas de despidos a los obreros. Semanas después ordenó una represión brutal sobre los trabajadores que le salió mal, puesto que tuvo que pagar el costo político del repudio nacional por encarcelar a obreros y dirigentes sindicales como si fueran delincuentes.
En el día de ayer el Juez de la quiebra del ingenio, Juan Pablo Calderón, emitió un falló (ver abajo) donde rechaza dos presentaciones del grupo Omega y pone en evidencia la falta de cumplimiento con los pagos. Recordemos que el Juez ya había configurado una licitación express a la medida de Omega, como también estiró los plazos para el ingreso de las cuotas que debía abonar el inversor a quién sí o sí el gobierno quería en el ingenio. Sin embargo, el titular de Omega, Omar Leal, luego de su fugaz paso durante los primeros meses del año, nunca más se lo vio en la provincia. Tampoco emitió el grupo empresario comunicado algo al respecto.
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No es la “primera” que al gobierno le “salió mal”, sino que los jubilados y obreros que pasaron al Estado, siguen reclamando ante la falta de cumplimiento por parte del gobierno. El pasado lunes se volvieron a movilizar a la Casa de Gobierno a la espera de una respuesta que todavía no llega de parte de las autoridades.
Otra que salió mal es la zafra 2018 que fue una de las peores de toda la historia del ingenio, moliendo caña con un solo trapiche a vapor como en pleno siglo XIX. Lo que es seguro que los ingresos de la venta de azúcar, caña y alcohol quedan en manos de los funcionarios, quienes incluso no rinden cuenta ante la comunidad.
Tampoco el gobierno quiso dar la información que solicitaron los diputados del PTS en el Frente de Izquierda, Alejandro Vilca , Natalia Morales y Eduardo Hernández, pese a un fallo favorable de la Justicia, que fue apelado por el Poder Ejecutivo. Evidentemente había mucho por ocultar, en un negociado sobre más de 70.000 hectáreas de tierra, en su mayoría productivas.
La incertidumbre en las familias obreras es cada vez mayor ya que no se conoce el futuro de la principal fuente laboral de La Esperanza y San Pedro. Hasta el momento se desconoce la posición de la comisión directiva del sindicato azucarero. Con la caída de la venta que justificó los despidos, el gobierno debe hacerse cargo del ingenio y reincorporar a todos los despedidos. Es necesario rodear de solidaridad a las familias azucareras para defender el ingenio y los puestos de trabajo de todos los trabajadores, incluso de aquellos que fueron despedidos y quieran volver a trabajar.
Ampliaremos.
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