El nuevo presidente de México propone una guardia nacional de 60,000 integrantes, que se ocupará de la seguridad pública, en todo el país. En su primer acto ante las Fuerzas Armadas, dijo que éstas -responsables de la militarización y la represión-, son un “ejercito revolucionario y del pueblo, de las mejores instituciones de México”.
El gobierno federal ratificó su propuesta de crear una Guardia Nacional. La misma estará integrada por las policías militar, naval y federal, con la incorporación de elementos de la marina y el Ejército.
Actuará bajo el control de la Secretaría de Defensa, y tendrá tareas de vigilancia y seguridad en todo el territorio nacional. Intelectuales de Morena la defienden como un “órgano civil de protección ciudadana”, cuestión que choca evidentemente con que se conformará de elementos policiales y militares y tendrá funciones de seguridad pública.
En su primer acto oficial ante las Fuerzas Armadas, AMLO planteó abiertamente que “Quiero solicitar a estas dos importantes instituciones nos ayuden para que podamos integrar la Guardia Nacional y tanto la Sedena como Sedema nos apoye, como siempre lo han hecho, en otras tareas para garantizar el país la paz y la tranquilidad, atendiendo también funciones de seguridad pública”.
En el país donde, bajo la llamada “narcoguerra” y la militarización, las fuerzas armadas son responsables de cientos de miles de muertos y desaparecidos, incluyendo a los 43 normalistas, el nuevo gobierno las mantendrá en las calles, en los hechos, bajo la creación de esta nueva corporación.
A pesar del repudio generalizado con el accionar del ejército en los pasados sexenios, AMLO manifestó que son pocos los militares destinados a “atender el grave problema de inseguridad en el país”. Aseguró además que a quienes se integren a la Guardia Nacional se le respetarán grados, disciplinas e ingresos.
Sólo en la primera etapa, el nuevo cuerpo de seguridad sumará a 60 mil integrantes, distribuidos entre 266 coordinaciones en 32 estados.
Aunque AMLO había anunciado una “consulta ciudadana” y debe realizarse una reforma a la Constitución, el gobierno ya estaría dando pasos en la puesta en pie de esta Guardia Nacional. Los estados donde iniciaría operaciones el nuevo cuerpo serían Morelos, Puebla y Guerrero. En municipios de Morelos ya comenzaron a alistarse casi 2,000 elementos militares y policiales.
“Un ejército revolucionario”
La demanda de desmilitarización y que el Ejército regrese a los cuarteles, largamente enarbolada por el movimiento contra la guerra, las organizaciones populares, sociales y de derechos humanos, es claramente desoída por AMLO.
Para justificar su propuesta y darle nueva legitimidad a las Fuerzas Armadas, el nuevo presidente pretende instalar un nuevo relato. Por eso inauguró su gobierno enalteciendo al Ejército: "Las Fuerzas Armadas están entre las mejores instituciones de México.... Se trata de un Ejército revolucionario, surgido del pueblo y que ha experimentado pocos quiebres en su unidad y disciplina". Y luego afirmó tener "confianza también en las Fuerzas Armadas porque han actuado con responsabilidad y no se han mezclado, inmiscuido en negocios que se hacen a la sombra del poder".
Durante más de una década, el carácter represivo del Ejército y de la militarización fue una definición común a los movimientos democráticos: desde el “Chiapas no es cuartel, fuera Ejercito de él” hasta las movilizaciones por la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Lejos de un “ejercito del pueblo”, las fuerzas armadas son el pilar del Estado capitalista, cuyo rol reaccionario es reprimir los movimientos de protesta obrera y popular, y a la par, mediante la militarización, instituir un clima de terror y amedrentamiento contra la población. Son las principales responsables de las desapariciones, los asesinatos y las torturas, como la matanza de Tlatlaya y la masacre de Iguala. Lejos de “no haberse inmiscuido en negocios”, la asociación entre distintos niveles de las fuerzas armadas y los cárteles del narcotráfico ha sido establecida una y otra vez, así como la participación activa de las fuerzas de seguridad en “negocios” como la trata y el secuestro de migrantes, entre otros.
Ese carácter se mantiene; más allá del nombre de la nueva corporación y los discursos de que “no reprimirá al pueblo”. Es la salvaguarda de los intereses y los negocios de la clase dominante y de la explotación y opresión sobre los trabajadores y las grandes mayorías.
Distintos intelectuales del Morena -como John Ackerman- han justificado la propuesta de AMLO, por ser “sólo el último punto” de un plan de conjunto y porque se nutriría de la Policía Federal, como si la PF fuera una institución mas “benéfica” que otras. Han llegado a decir que no tiene nada que ver con “militarización”, que es un “órgano civil” y que será regulada. Pero el carácter de la Guardia Nacional, subordinada orgánicamente a la Secretaría de la Defensa Nacional y que “absorbe” dependencias nefastas como la Policía Federal no puede dejar dudas. Su función evidentemente se inscribe en lo que planteamos respecto al conjunto de las fuerzas armadas.
El nuevo relato del presidente pretende relegitimar a una institución cuestionada por amplios sectores de la población y a nivel internacional. Las promesas de resolver el reclamo de los padres de los 43, que implican necesariamente juzgar y condenar a los militares implicados, chocan duramente con la reivindicación de la institución implicada en su desaparición forzada. Cuestión ante la cual una intelectualidad verdaderamente crítica, y que no sea un instrumento dócil del nuevo gobierno, no puede ni debe aceptar.
Ante esto, es fundamental que las organizaciones obreras, populares y de derechos humanos, continuemos luchando, con independencia del gobierno y las instituciones, por la desmilitarización del país, y por el juicio y castigo a los responsables de los asesinatos y desapariciones bajo la llamada “narcoguerra”.
