Después de más de 42 años de lucha tenaz de los sobrevivientes, sus familiares y los organismos de derechos humanos, el juicio contra dos exgerentes genocidas de la empresa Ford llega a su parte final.
A partir de las 9:30 de este martes comenzará la audiencia en la que el Tribunal Oral Federal N° 1 de San Martín, integrado por los jueces Osvaldo Facciano, Mario Gambacorta y Eugenio Martínez Ferraro, leerá la sentencia.
Será un día histórico, ya que llegan a esta instancia un exmilitar y dos exgerentes de una de las multinacionales más grandes del mundo, imputados por delitos de lesa humanidad.
Se trata de Santiago Omar Riveros, de 94 años, entonces director de Institutos Militares y de quien dependía la guarnición Campo de Mayo, y los exdirectivos de la automotriz Pedro Müller (85), gerente de Manufactura, y Héctor Francisco Sibilla (90), jefe de Seguridad de la planta ubicada en General Pacheco, al norte del Gran Buenos Aires.
Ford fue responsable del secuestro y tortura de 24 trabajadores entre fines de marzo y abril de 1976, muchos de ellos secuestrados de sus puestos de trabajo por el Ejército, al que la empresa le facilitó sus instalaciones, aportó económicamente y señaló a los obreros que serían víctimas.
Claro que Ford contó con el aval de la conducción del gremio Smata, cuyo secretario general José Rodríguez reconoció haber entregado la lista con los delegados al Ejército. Rodríguez murió impune gracias al dilate del Poder Judicial y lo mismo ocurrió con otros directivos de la empresa, como el gerente de Relaciones Institucionales Guillermo Gallarraga y Nicolás Enrique Julián Courard, en aquel entonces presidente de Ford.
La causa Ford
La lucha por llegar al juicio y castigo lleva décadas y todos los gobiernos constitucionales desde 1983 a esta parte han mantenido en la impunidad a la empresa y a los directivos de Smata.
En mayo de 2013 la jueza Alicia Vence procesó a tres exdirectivos de Ford como partícipes primarios de los secuestros y tormentos de 24 trabajadores.
Müller, Galárraga y Sibilla fueron responsabilizados por haber entregado al Comando de Institutos Militares datos personales y fotos de empleados que luego fueron secuestrados y por “haber permitido que se montara un centro de detención en el interior del predio de esa fábrica, en los sectores del Campo Recreativo y/o de Deporte (el Quincho), para que sus dependientes fueran interrogados, golpeados, maniatados, tapándoseles sus rostros para que no pudieran observar lo que ocurría”.
En el auto de elevación a juicio, Vence dio por probado que “la empresa aportaba recursos y apoyaba al gobierno de facto a cambio de la ’limpieza de los elementos’ que le impedían sojuzgar al personal y avasallar sus derechos laborales obtenidos”. Además el mismo documento sostiene que los aportes de los gerentes “fueron esenciales” para materializar los secuestros.
El texto judicial agrega que “la automotriz quería generar más productividad a bajo costo. Por otro lado, los militares necesitaban un ‘enemigo’ interno para justificar la estabilidad del régimen ilegal. De esa conjunción emergió la llamada ‘subversión industrial’, que no era otra cosa que un puñado de delegados de base que pujaban por los derechos laborales de sus compañeros, obviamente impidiendo así los atropellos de la patronal y minando la posibilidad de que la productividad creciera a cuesta de su salud física y mental”.
Claro que Ford y el sindicato de los mecánicos no fueron los únicos que participaron del golpe genocida. Sólo por dar algunos ejemplos, son muy conocidos los casos de Mercedes Benz, Siderca, Ledesma, La Veloz del Norte, La Nueva Provincia y tantas otras, con los burócratas sindicales como colaboradores incondicionales.
Pedro Troiani, uno de los obreros sobrevivientes y querellantes en la causa, en su declaración expresó que gracias a la lucha en 1975 lograron un convenio colectivo que era uno de los mejores del país, logrando entre otras cosas un aumento del 100 % de los sueldos y el 1 % del valor de cada auto que sería destinado a la obra social (dinero que finalmente el gremio jamás usó para tal fin).
El histórico burócrata entregador de obreros, José Rodríguez, murió en 2009 procesado pero impune por el manejo fraudulento de la obra social junto a otros miembros de su familia.
Troiani recordó con precisión en su testimonio que la conducción del Smata, meses antes del golpe, los llamó a un plenario de delegados en la Federación de Box. Allí el secretario general Rodríguez les dijo que se venía el golpe, que él iba a amoldarse y que los cuadros medios iban a ir presos.
“¡Si eso no fue una amenaza! Todos los trabajadores de distintas fábricas del Smata sufrimos esa amenaza”, relató ante el Tribunal.
Ford : genocidas confesos
En un discurso pronunciado el 13 de mayo de 1980 en la inauguración de la planta de camiones en el predio de Pacheco, el presidente de Ford, Juan María Courad sin ningún pudor manifestó: “A partir de marzo de 1976 estábamos enfrentados a un desafío. En la República Argentina se había iniciado un proceso, un cambio de sistemas, un cambio de filosofía integral. Había que cambiar la mentalidad. En nuestro caso había una decisión empresaria y, con nuestros actos y procedimientos, demostramos cuál era esa decisión”.
Courad agregó entonces que “para esos representantes de la destrucción sin patria y sin Dios -que tantos problemas le han costado al país erradicarlos, y de los que aún existen algunos grupos- solo queda el desprecio de los hombres de bien, de los que trabajando o estudiando van haciendo la patria de todos los días”.
Courad también murió impune.
Este martes es fundamental acompañar la lectura de la sentencia, que los obreros sobrevivientes que lograron llegar con vida al juicio esperaron por más de 42 años.
Ellos junto a sus familiares y organismos de derechos humanos convocan a que estemos presentes, por ellos, por los 30 mil y por las nuevas generaciones.
El Tribunal Oral Federal 1 de San Martín está ubicado en la calle Pueyrredón 3728, la audiencia comenzará a las 9:30. | 
