Martín Vizcarra logró imponer su propuesta “SI, SI, SI, NO” en el referéndum para la reforma constitucional que se llevó adelante este domingo 9 de diciembre en Perú. Con votos por el SI, que en promedio no bajaron del 85%, se aprobó la no re-elección inmediata de congresistas, la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura y la regulación al financiamiento privado de los partidos políticos; el NO, que alcanzó el 90,3%, rechazó el retorno a la bicameralidad.
Estas medidas, que han sido consideradas por la derecha pro empresarial y por la izquierda reformista y neo reformista como la gran reforma política del Estado, en el fondo buscan descomprimir el descontento popular para con las instituciones públicas (poder legislativo, judicial y ejecutivo), relegitimándolas para así poder arremeter contra los trabajadores y el pueblo con más medidas de ajuste, como claramente lo expresan las iniciativas promovidas desde el ejecutivo que acaban con la negociación colectiva y con el anuncio - en el último CADE (Consejo Anual de Ejecutivos) 2018 – de un paquete de reformas anti laborales que recorta aún más los derechos de los trabajadores.
¿Cómo llegamos hasta aquí?
Como se recuerda, la constatación de la forma como la empresa brasileña Odrebrecht compraba la voluntad de políticos y funcionarios públicos que van desde la familia Fujimori, pasando por los ex presidentes Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y la lideresa de “izquierda” Susana Villarán, abrió una crisis profunda que puso en evidencia la descomposición de los poderes del Estado y de las instituciones en las cuales estos se sostienen.
Ello tuvo su correlato social en las masivas movilizaciones a escala nacional que fueron potenciadas cuando Kuczynski indultó al ex dictador Alberto Fujimori, lo cual llevó a que la bronca popular no sólo se concentre en el parlamento de mayoría fujimorista sino también en el ejecutivo, alcanzando su pico más alto cuando se puso en evidencia la forma como PPK pretendía blindarse de la vacancia comprando votos de congresistas de la oposición, lo cual provocó su renuncia a la presidencia y la inmediata asunción de Martin Vízcarra, quien hasta ese entonces se desempeñaba como primer vice presidente.
La corrupción y el ajuste contra los trabajadores van juntos
Con Vizcarra en la presidencia de la república y ante la constatación de la deslegitimación del régimen heredado del gobierno de Alberto Fujimori, la estrategia de un sector del empresariado cambia sustantivamente y pasan a crear – con la ayuda de los grandes medios de comunicación y de reconocidos “analistas políticos” - una falsa polarización entre el legislativo y el ejecutivo, donde el gran problema de la corrupción y de los demás males que aquejan al país pasa a ser únicamente el congreso y por tanto el fujimorismo. Esta iniciativa ayudó a sacar del cuestionamiento popular y callejero al ejecutivo a pesar que este comparte el mismo proyecto económico neoliberal que el fujimorismo. De esta manera, el gobierno de Martín Vizcarra es convertido en la tabla en el océano de la corrupción fujimorista.
Así pues, Vizcarra pasa a la ofensiva y se convierte en el paladín de la lucha contra el fujimorismo y la corrupción, a pesar que su vinculación a negocios turbios - cuando era ministro de PPK - por el caso Chincheros sigue latente y en la congeladora judicial. Esto ha llevado a que Martín Vizcarra sea hoy el personaje político con mayor aceptación del país (más de 60%), lo cual le ha permitido tener la capacidad de maniobra y poder político necesario para ir más allá de donde otros gobiernos burgueses podrían haber llegado, si consideramos el cuestionamiento que existe tanto a la casta política como al quehacer político en general, lo cual hace parte de la embrional crisis orgánica que se vive en el Perú.
Por esa razón, el presidente no ha tenido mejor idea que eliminar la negociación colectiva de los trabajadores del sector público y hace poco, funcionarios de su gestión se pronunciaron en el CADE 2018 aduciendo que el objetivo, en materia laboral, del gobierno era crear mejores condiciones para la “competitividad” del empresariado, lo cual pasa por la implementación de una serie de iniciativas que vulneran los derechos de los trabajadores, como por ejemplo: recortar las vacaciones, eliminar la Compensación por Tiempo de Servicios CTS, desaparecer la estabilidad laboral, etc.
¿Por qué no hay una respuesta obrera y popular?
Porque las principales organizaciones políticas de la “izquierda” reformista y neo reformista que tienen influencia en las grandes centrales sindicales del país como la CGTP, SUTEP, CCP, Federación Minera, Construcción Civil, entre otras, a las cuales se suma el Nuevo Perú de Verónika Mendoza, se han convertido en furgón de cola del gobierno de Vizcarra, apoyando acríticamente el referéndum, por esa razón y sin siquiera ruborizarse han mandado votar a favor de la propuesta propagandizada por el presidente (SI, SI, SI, NO), el mismo que, como ya lo vimos, no tiene el mas mínimo empacho en arremeter contra los trabajadores y el pueblo a través de las medidas ya señaladas, lo cual también quedó evidenciado cuando se aprobó el presupuesto público 2019 que no solo recorta el gasto social, sino también mantiene incólume el pago fraudulento de la deuda pública que hoy absorbe más del 28% del PBI, convirtiéndose así en el principal instrumento que avala la fuga de capitales.
De esta manera, este sector de la “izquierda” termina desarmando políticamente a la clase trabajadora y al pueblo, ya que crea falsas expectativas en un gobierno burgués reaccionario, como es el gobierno de Martín Vizcarra, así mismo crea expectativas en una medida - el referéndum – que no tendrá ninguna incidencia real en garantizar los grandes cambios en materia democrática que el pueblo y los trabajadores demandan, sino todo lo contrario, es la válvula de escape de la cual se valen hoy los dueños del capital y sus operadores políticos para recuperar terreno y capear así la crisis de representación que los carcome.
Lo que queda por delante
El triunfo de la propuesta de Martín Vizcarra con el referéndum de ayer le da una bocanada de oxígeno al cuestionado régimen del 93 y un mayor margen de maniobra para continuar aplicando sus planes de ajuste.
Para enfrentar este escenario las y los trabajadores debemos debemos recuperar nuestras organizaciones sindicales enfrentando a las burocracias reformistas y neo reformistas. Para ello se hace imprescindible, cuanto antes, organizarnos para construir una organización política que se proponga como objetivo estratégico acabar con el capitalismo, impulsando la lucha por un gobierno de las y los trabajadores y que en la presente coyuntura recupere el planteamiento de luchar por una Asamblea Constituyente Libre y Soberana que nos permita elaborar una propuesta para que la crisis la paguen los empresarios y no los trabajadores y el pueblo pobre, como pretende Martín Vizcarra.
Una Asamblea Constituyente Libre y Soberana impuesta por la movilización del pueblo y los trabajadores, nos servirá para poner en discusión, la posibilidad que el presidente de la república y los congresistas sean revocados sino cumplen sus promesas de campaña, así mismo, que los parlamentarios y los ministros ganen como gana un docente nombrado y que los jueces y fiscales sean elegidos por votación universal. Para acabar con la corrupción que promueven los empresarios, esta Constituyente nos permitirá acabar con el secreto bancario y la doble contabilidad, así como crear una banca nacional única para evitar la fuga de dinero y la nacionalización del comercio exterior para evitar todos los negociados que se realizan a través de las importaciones y exportaciones, así mismo, podremos nacionalizar nuestros recursos naturales acabando de esa manera con el saqueo y la depredación. Para combatir el desempleo y el trabajo precario que agobia a miles de jóvenes, mujeres y hombres, aquí plantearemos que la jornada de trabajo se reduzca a 6 horas para que hayan más fuentes de empleo y que el salario este de acuerdo al valor de la canasta básica familiar. |
