Apenas comenzada la huelga el gobierno ya había recurrido al Tribunal Regional del Trabajo para obligar a la vuelta del trabajo en forma inmediata estableciendo una multa de 100 mil reales por día al sindicato que representa oficialmente al sector. Junto a estas medidas, el intendente y la empresa estatal de limpieza y conservación urbana (COMLURB) lograron la absurda autorización judicial que solicita la presencia policial para “acompañar” a los garís al trabajo.
Se trata de un ataque directo al derecho de huelga. Esta medida fue tomada también por las autoridades durante la huelga de los garís del año pasado, cuando no existía autorización judicial. Imaginemos lo que puede hacer en las condiciones actuales.
La rapidez del accionar judicial y las autoridades dejan en claro su disposición a enfrentar duramente a los trabajadores y para lograrlo cercenan el derecho de huelga, con intimidaciones no solo por la vía de gerentes y jefes sino también por las fuerzas policiales. |