Pasaron un año y diez meses desde que un colectivo de la empresa Monticas reventó un neumático a la altura del km. 779 de la ruta 33 y colisionó con otro coche de la misma firma que venía en dirección contraria. El trágico saldo fue de 13 muertos y 37 heridos.
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En el día de hoy a las 9 hs. se llevará a cabo la audiencia imputativa en los Tribunales Provinciales, donde se los acusará a cinco directivos de la empresa. La calificación legal de la imputación es por co-autores de homicidio culposo por la multiplicidad de víctimas, conducta negligente e imprudente, por omisión del deber de vigilancia, control, supervisión y selección idónea del personal de organización, y provisión de los medios y recursos necesarios para la prestación en adecuadas condiciones de seguridad del servicio. El fiscal Walter Jurado no solicitó la detención.
Mientras la Justicia, aunque tardíamente, da cuenta de la responsabilidad empresaria en la tragedia, no parecería poner la mira en la complicidad gubernamental: el control y cumplimiento de la concesión y el servicio, además del estado de las unidades, corresponde a la Subsecretaría de Transporte de la provincia de Santa Fe y la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT). La prestación de Monticas en la región es casi monopólica y la única conexión que tienen muchas localidades con Rosario.
El Gobierno de Santa Fe, pese a las múltiples denuncias de usuarios, le otorgó nuevamente la concesión . Lo propio hizo el Gobierno Nacional que a través del Ministerio de Transporte subsidió a esta empresa en 2016 con 33 millones de pesos.
El grito lleno de dolor de familiares, víctimas y usuarios parece llegar tarde a los oídos de una Justicia que en tiempo récord condena a un pibe por robar un desodorante, pero que les permite gozar de impunidad a empresarios y gobernantes que especulan con la vida de cientos de trabajadores y trabajadoras usuarios del servicio. | 
