Mañana movida para los miembros de la Corte Suprema Justicia. Primero, emitió la acordada según la cual le dio la razón al reclamo de Julio Blanco, quien había iniciado una demanda judicial en 2012 al Estado por el índice de actualización en su jubilación. Después, emitió otra que establece que de ahora en más el presidente de dicho organismo, Carlos Rosenkrantz, no detentará el poder de decidir en soledad las contrataciones de funcionarios y empleados del Poder Judicial. Se necesitaran al menos tres firmas de los miembros de la Corte.
Tanto en esta acordada, como en la anterior sobre jubilaciones, Rosenkrantz, votó en contra y la vicepresidente Elena Highton de Nolasco no votó directamente, ya que se encontraba ausente al momento de la votación.
La acordada 44/2018 indica en su artículo 4 que “el otorgamiento y renovación de contratos para funcionarios empleados de las secretarías judiciales administrativas de este Tribunal estará cargo de un comité integrado por tres jueces de la Corte Suprema, entre los cuales se encontrará el Presidente del Tribunal los dos Ministros que no integren el comité del punto anterior. Las decisiones deberán tomarse con el voto del Presidente los dos Ministros restantes que integran el comité, deberá contar con la intervención previa del respectivo Secretario de Corte, quien podrá realizar las propuestas que estime convenientes”.
Este es un claro límite a las atribuciones del presidente de la Corte y es una clara diferencia con el mandato del anterior presidente Ricardo Lorenzetti, quien construyó su poderío en base, entre otras cosas, en el manejo millonario de esta institución.
Rosenkrantz es miembro de la Cortes desde el 2016. Fue promovido junto a Horacio Rossatti para integrar el Supremo Tribunal por el propio presidente Macri, que intentó nombrarlos por decreto, pero que ante el escándalo que esto generó tuvo que pasar sus pliegos por el Senado. Fue el instigador del reaccionario fallo 2 x 1 que con su firma confirmó reducía la condena para el genocida Luis Muiña, miembro de un comando que operó en el Hospital Posadas de Haedo en marzo de 1976. Y es hoy el representante directo de los intereses del Gobierno. Así lo demostró en sus votaciones.
Pero hay algo en lo que están unidos la casta judicial. Y es en la defensa incondicional de sus privilegios: sueldos millonarios (que alcanzan en algunos casos 300 mil pesos), excenciòn de pagar el impuesto a las ganacias, mandatos eternos, entre otros.
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