Este martes 18 de diciembre López Obrador se retractó ante la propuesta de recorte presupuestal a universidades públicas que se había anunciado el pasado 15 de diciembre en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. En éste se contemplaban recortes importantes a las instituciones públicas de educación superior de todo el país, a la par de un aumento del 53% a la publicidad del gobierno y de un 11.3% a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).
Tras la presión de la opinión pública, de estudiantes y trabajadores universitarios, de las propias instituciones educativas, así como de intelectuales y figuras públicas, el presidente en turno anunció que instituciones como la UNAM, el IPN, la UAM, el COLMEX y el CINESTAV mantendrán el mismo presupuesto que en 2018. Sin embargo, acerca del financiamiento a la SEDENA y en publicidad, no hizo ningún comentario.
AMLO, entre la espada y la pared
Ante el requerimiento de aumento al presupuesto que continúa sobre la palestra, la justificación del presidente en turno es que en su mandato se tendrá que hacer “más con menos” y “acabar con los lujos”, haciendo alusión a los millonarios desvíos de dinero y casos de corrupción que hay en las universidades públicas de México. Problema que los estudiantes, maestros y trabajadores venimos denunciando desde hace años.
Los golpes al presupuesto que año tras año sufren las instituciones de educación pública, lejos de acabar con la corrupción en las élites, se traduce en peores condiciones laborales, donde hoy muchos de los trabajadores de limpieza e incluso investigadores son contratados bajo la figura del outsourcing; infraestructura insuficiente y hacinamiento, cobro de cuotas ilegales, así como el aumento de inversión privada que inevitablemente tiene como consecuencia la subordinación de nuestros programas de estudio e investigación a los intereses empresariales.
En contraparte, cada año más del 90% de jóvenes que aplican exámenes para ingresar a la UAM, la UNAM o el IPN son excluidos, y al día de hoy son diez las universidades del país que se encuentran en quiebra: las autónomas de Chiapas, del Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco, Veracruz y Zacatecas.
López Obrador comienza a enfrentarse con la mayor contradicción de su programa que es “gobernar para ricos y para pobres” ya que para garantizar la “universalidad de la educación” forzosamente debe pasar por el cuestionamiento a los intereses del capital privado, nacional y extranjero, que prima en la educación de nuestro país, lo cual se ha expresado con los diversos planes de privatización y tecnificación de la educación aplicados en toda América Latina, donde hay un fuerte desmantelamiento de la educación pública y los programas de estudio están cada vez más al servicio de formarnos como simples engranajes de la producción capitalista.
El problema de raíz es que mientras todos los años vemos cómo se reducen los presupuestos a los servicios públicos, el pago a la deuda externa -principal herramienta de control de los países imperialistas sobre los países semicoloniales como el nuestro- sigue y sigue aumentando. Para darnos una idea del enorme gasto que la deuda representa, podemos ver que en el 2017 se pagaron $533,351 billones a este rubro, miles de veces más que el presupuesto a la educación del mismo año.
Los estudiantes exigimos presupuesto y transparencia
Mientras tanto, el presupuesto para financiamiento de la SEDENA, empalma con la línea de AMLO de fortalecer a las fuerzas armadas como medida de seguridad, la cual ha sido una de las medidas más cuestionadas en su gobierno, y junto al recorte educativo la de mayor impacto mediático en redes sociales.
A tan sólo dos días del anuncio del recorte presupuestario a las universidades, ya existían varias convocatorias de estudiantes, trabajadores y académicos universitarios y artistas organizados que llamaban a movilizarse en repudio a esta medida, esto, a menos de un mes de la entrada del nuevo gobierno.
A pesar de las declaraciones de López Obrador que hoy buscan revertir no sólo la iniciativa, sino el descontento que ésta generó, la cloaca está abierta, y el cuestionamiento acerca de la distribución presupuestal del erario público a nivel nacional, así como del uso de dichos recursos dentro de las instituciones educativas, ha tenido como consecuencia un fuerte movimiento en redes exigiendo auditorías a las universidades, para evidenciar las redes de desvió y corrupción presupuestal.
Desde la Agrupación Juvenil Anticapitalista recalcamos la necesidad de retomar las banderas que hicieron a miles de estudiantes organizarse a partir del ataque porril del pasado 3 de septiembre, para defender la educación pública y gratuita, y la democratización de nuestras universidades. Exigimos que aumente el presupuesto educativo a un 10% del PIB, para que así puedan construirse más planteles en todo el país, para que haya mayor matrícula y para que los trabajadores y maestros tengan salarios dignos, ni exorbitantes, ni desiguales entre sí.
No podemos confiar en que las mismas instituciones que durante décadas han reproducido la corrupción por fuera de nuestras instituciones educativas, serán capaces de trastocar y desmantelar las redes de corrupción y desvío de fondos que operan hace décadas. Mucho menos confiar en que una mejor gestión de los recursos, transparente y acorde a los intereses de las grandes mayorías vendrá de la buena voluntad de los rectores e instituciones como la ANUIES, mismas que nunca han tenido reparo en ser quienes aprueban los planes privatizadores o en desviar el presupuesto universitario y en manos de quienes hoy AMLO pretende dejar todo cambio posible.
Para acabar con la corrupción al interior de nuestras universidades, debemos luchar por la democratización de nuestras instituciones en alianza de los maestros y trabajadores, quienes junto a los estudiantes hacemos real la vida universitaria día con día. Es necesario levantar un programa que no tenga reparo en trastocar las ganancias de los que más tienen y proponga impuestos a las grandes fortunas, como la de Carlos Slim, y que se deje de pagar la deuda externa, como lo ha hecho muchas veces el movimiento estudiantil a lo largo del cono sur.
