Es un día de mucho calor en Córdoba, pero los techos altos del Hospital Nacional de Clínicas mantienen un ambiente fresco. El Servicio de Psicopatología, un nombre bastante anticuado, está en un entrepiso y acá la temperatura aumenta. En la sala donde nos reciben Sebastián y Lucía no hay aire acondicionado, pero sí un dispenser de agua fría y caliente. “Lo alquilamos nosotros, no tenemos heladera ni cocina acá”, dicen. El servicio cuenta con varios consultorios diminutos: solo uno tiene ventana.
Ambos están cursando la residencia en Psiquiatría, que dura cuatro años. El HNC es el único centro formador de Córdoba cuyo plan de estudios en esta especialización está acreditado por la CONEAU y por lo tanto emite matrícula. Por año, sólo acepta un residente. Los demás se forman en clínicas privada o hacen posgrados, pero tienen que rendir otro examen para obtener un certificado. “Se hace mucho más difícil ejercer en otra provincia o en el exterior”, comenta Lucía.
Uno de los consultorios del Servicio de Psicopatología del HNC
El objetivo de la residencia es adquirir experiencia práctica en la especialidad elegida, además de profundizar conocimientos teóricos. La realidad es que los y las residentes son quienes sostienen la atención médica en la salud pública. “Acá por lo menos tenemos cargos docentes y cobramos mejor que los residentes en hospitales provinciales o clínicas privadas”, explican. Las profesionales del servicio que están contratadas están mucho peor: cobran un sueldo de $ 10.000 o $ 65 por paciente, cuando el mínimo ético que fija el Colegio de Psicólogos es de $ 500 por sesión.
Pero aguantar la residencia también es como “pagar derecho de piso” en la profesión. Sebastián enumera los malos tratos que reciben por parte de quienes deberían estar a cargo de su formación y del encargado del servicio. “Tuvimos muchos problemas con una instructora; nos gritaba, hablaba mal de nosotros, nos llamaba a cualquier hora, nos sacó medicación que estaba destinada a pacientes sin recursos. Una vez nos ‘retó’ porque tiramos medicación vencida, dijo que se puede usar hasta tres años después de la fecha de caducidad. Ni siquiera sabemos qué cargo tiene acá, no sale nombrada en ninguna resolución de la Facultad de Ciencias Médicas. El encargado del servicio tampoco aparece en ninguna nómina de personal; es una irregularidad total”.
Los residentes presentaron varias notas en la Defensoría de la Comunidad Universitaria y en la Facultad de Ciencias Médicas para reclamar por la situación. En febrero de este año tuvieron una reunión con el Secretario de Graduados y no obtuvieron ninguna solución. Como represalia por las denuncias, el director del centro formador, Leandro Dionisio, no les quiso tomar el examen para pasar de año, que se rinde en junio. “Contratamos una escribana para el día del examen y me reprobaron. Impugné el examen y después de dos meses me lo dieron a favor y me tomaron un examen nuevo con un tribunal de 7 personas”, dice Sebastián.
El otro problema es el plan de estudios. “Yo elegí este centro formador por el plan de estudios, que es muy bueno”, dice Lucía. “Pero este semestre, ya cambiaron la metodología dos veces. Nos dan clases a todos juntos, aunque estamos en años distintos. Algunas materias las pasaron a módulos de solo dos horas, no vemos nada que no salga de un enfoque biologicista de la salud mental, no sabemos qué cargos o qué formación tienen las personas que nos dan clase. Ahora estamos teniendo evaluaciones mensuales que no sabemos qué validez tienen, no sabemos si estamos siendo evaluados día a día, no sabemos qué contenido nos van a evaluar”.
La irregularidad es constante. “Un residente tiene que estar bajo supervisión, no se puede hacer cargo de un paciente. Pero, salvo nuestro instructor, no tenemos a quién consultar, y él no viene todos los días”. También han reclamado en varias oportunidades que los obligan a hacer guardia clínica una vez por semana. “La residencia contempla una cierta cantidad de horas de guardia y se completan en el primer año, o sea que eso también va contra las normas. Además, hacemos consultorio solo una vez a la semana, si no tuviéramos la guardia podríamos hacer más”.
La salud pública en crisis
Tal vez lo más grave son las restricciones para admitir pacientes al servicio. “No se admiten personas con problemas de adicción, con alguna discapacidad, o que sufren violencia de género. Por un lado, está la cuestión egoísta de no poder tener una experiencia con esas problemáticas, pero además ¿qué le decimos a esa persona? Si viene una persona que no podemos admitir, le decimos que vaya por sus propios medios a otro lugar. Esa persona necesita ayuda y no se la podemos dar. Tampoco internamos a ningún paciente, hay que derivar a hospitales provinciales, que ya están saturados”. Esto es una gran contradicción si tenemos en cuenta que, desde que se sancionó la ley nacional de Salud Mental que el macrismo quiso barrer, los hospitales polivalentes deberían atender todo este tipo de cuestiones.
Lucía y Sebastián relacionan la situación que viven día a día con el vaciamiento cada vez mayor de la salud pública. “En Córdoba es muy fuerte la parte privada en la salud mental, hay tres clínicas muy grandes. De hecho, el PAMI tiene convenio de cobertura total con esas clínicas, en lugar de reforzar el servicio de Salud Mental acá, poner a más personas en planta permanente, mejorar las instalaciones”. También notan que, en los últimos meses, la afluencia de pacientes se incrementó por la crisis económica. Hay personas que perdieron el trabajo y la obra social, o que simplemente ya no pueden pagar una sesión en un lugar privado.
Un factor común atraviesa a todos los espacios de atención públicos: en estos días las trabajadoras del Polo Integral de la Mujer están denunciando salarios de miseria y precarización. Semanas atrás, personal de enfermería se movilizó en todo el país denunciando que quieren degradar los títulos de grado, a la par que las tareas que toman en los hospitales se han aumentado exponencialmente, producto del vuelco de pacientes del sector privado al público en el marco de la crisis. Al mismo tiempo, trabajadores de EPEC denuncian los tarifazos brutales que afectan a personas electrodependientes y al conjunto de la población trabajadora. Y así podemos seguir enumerando: la lucha del Hospital Posadas, las trabajadoras de Siam, o la lucha de las mujeres que denuncia toda forma de violencia hacia las mujeres en momentos en que el gobierno abandona a quienes atienden esta problemática. ¿No será momento de unirnos?
