Mientras en toda Catalunya, y en especial en Barcelona, se preparaba una jornada de movilizaciones contra la represión, por la libertad de los presos políticos y en defensa del derecho a decidir, en el Palau de Pedralbes se consumaba la operación “ibuprofeno” llevada adelante por el gobierno central y la Generalitat.
Este viernes 21D hay convocados decenas de cortes de calles, vías de comunicación, concentraciones y una suerte de “rodea el Consejo de Ministros”. Las protestas han arrancado en la tarde del jueves en una concentración convocada contra la llegada de Sánchez a Pedralbes y otra contra el acto al que asistirá con 600 empresarios catalanes en el Hotel Reina Sofía.
Contra estas acciones de protesta se ha lanzado una campaña de criminalización sin precedentes, tanto desde los grandes medios de comunicación como desde el bloque constitucionalista y monárquico. Cortar la calzada -algo cosustancial a cualquier manifestación- ha sido elevado por las Griso, Ana Rosas, Ferreras y su séquito de tertulianos a la calidad de acto casi sedicioso.
Sorprendentemente ante este ataque a un derecho democrático fundamental, que ha sido acompañado del despliegue de 10.000 policías para la jornada (1.000 de ellos “piolines”), Unidos Podemos no ha abierto la boca. Como tampoco lo hizo después del puente de diciembre ante las amenazas de varios ministros del PSOE de aplicar un nuevo 155 o la Ley de Seguridad Nacional contra la Generalitat.
Que la brecha entre las aspiraciones democráticas del pueblo catalán y el Régimen del 78 es enorme no es ninguna novedad. Sin embargo, lo ocurrido ayer en el Palau de Pedralbes pone en evidencia que se sigue ensanchando otra brecha importante: la de buena parte del movimiento democrático catalán y la dirección procesista.
Esto se empezó a evidenciar en jornadas como la del 29S, cuando miles de jóvenes se enfrentaron a los Mossos d’Esquadra que protegían el homenaje de JUSAPOL a los agentes que reprimieron el referéndum. Y de manera aún más masiva en la manifestación del aniversario del 1-O, en las concentraciones en la Jefatura Superior de Policía, frente al Parlamente o con los abucheos al mismo Torra.
Las nuevas amenazas de un nuevo “a por ellos” y los aires reaccionarios alentados por el auge de Vox -que no solo radicalizan aún más al PP y Cs, sino que han llegado al PSOE donde varios de sus barones han pedido hasta ilegalizar al independentismo- solo se pueden encarar desde dos vías excluyentes.
La primera es por la que viene apostando la dirección procesista: una vuelta a la normalidad autonómica y recuperar una negociación sin salida con el PSOE del 155. Eso representaba la reunión del Palau de Pedralbes entre Sánchez y Torra, acompañados de sus respectivos vicepresidentes. El contenido hecho público de dicho encuentro no ha sido otro que buscar una salida negociada dentro de la "seguridad jurídica", es decir de la legalidad vigente (la Constitución) que niega toda posibilidad de ejercer derecho de autodeterminación.
En esta “hoja de ruta” hay espacio para algún discurso encendido, como el desliz de la vía esloneva, pero en ningún caso para reanimar la movilización social. Que el movimiento democrático catalán retome las calles, vuelva a hablar de huelga e incluso haya simpatías y complicidades con otros movimientos en el resto del Estado, como el antimonárquico, para una lucha común contra el Régimen del 78, es algo que espanta a los que nunca han dejado de ser ante todo, los representantes políticos de la burguesía catalana.
Una vía que renuncia en los hechos a poder conquistar el derecho de autodeterminación, menos aún a que se pueda abrir un proceso constituyente de una hipotética república catalana, y que, para colmo, ni siquiera puede garantizar que la represión cese o baje el nivel. Como prueba la decisión unánime de este mismo jueves del Tribunal Constitucional de denegar la libertad a Jordi Sánchez.
La otra vía es hacia la que apunta un amplia parte del movimiento democrático catalán, la que este viernes estará en carreteras, vías y calles para rechazar la provocación de Pedro Sánchez y exigir que se retome la lucha por el derecho a decidir y la república.
Una vuelta a las calles que es necesario plantear desde las lecciones de más de 6 años de “procés”. La brecha entre el Palau y la calle debe transformarse en una clara apuesta por una hoja de ruta totalmente independiente del PDeCAT, ERC y el conjunto de la dirección “procesista”. Lo dejaron claro en el otoño de 2017, y desde entonces no dejan de recordárnoslo: se oponen tajantemente a que se pueda poner en marcha la movilización social necesaria como para poder doblarle el brazo al Régimen del 78.
Para que esta movilización se pueda desatar y realmente “tumbar el régimen”, como proclama el lema de los CDR para este 21D, es clave “ensanchar la base”, pero no en el sentido de vuelta al autonomismo como plantea ERC, sino en el de sumar a las reivindicaciones democráticas como el derecho a decidir las grandes demandas sociales contra el paro, la precariedad, la vivienda, el desmantelamiento de los servicios públicos o la agenda del movimiento feminista. Ligar el derechos decidir, con el “decidirlo todo”, es decir con luchar por abrir procesos constituyentes realmente libres y soberanos.
Solamente así se podría sumar y poner en el centro al conjunto de la clase obrera y los sectores populares catalanes. Y al mismo tiempo poder establecer alianzas con otros movimientos más allá de Catalunya, como el movimiento de mujeres o el movimiento contra la monarquía, para una lucha común contra el Régimen del 78 que permita fortalecer la capacidad de organización y lucha, y acelerar la experiencia con esta democracia para ricos, para avanzar en la lucha por una libre federación de repúblicas obreras y socialistas en la península Ibérica. | 
