Ayer una nueva noticia sacudió la opinión pública. En un comunicado, el Equipo Argentino de Antropología Forense hizo conocer la situación que está atravesando esa organización no gubernamental.
“El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) informa que debido a la falta de transferencia de la totalidad de los fondos acordados con el Estado Nacional argentino para cubrir los gastos operativos de 2018 se verá forzado a suspender sus actividades en el país”.
La magnitud de la denuncia puede medirse si tenemos en cuenta que esta organización, creada en el año 1984, siempre tuvo un carácter científico destinado a desarrollar técnicas de antropología legal que facilitaran el hallazgo e identificación de las personas desaparecidas durante la última dictadura cívico militar (1976-1986). Identificación que permite restituir esos restos a las respectivas familias.
Pero con el tiempo y la efectividad en su tarea hicieron que comenzaran a trabajar con la identificación de soldados que murieron durante la guerra de Malvinas. En la actualidad, también solicitan sus conocimientos y experiencia para aportar información en casos de femicidios o trata de personas.
De modo que no estamos hablando de una simple ONG, sino de un equipo de científicos cuya tarea resulta fundamental en nuestro país y en aquel que solicite su asesoramiento.
Por el carácter de organización sin fines de lucro, en el año 2005 firmaron un “Convenio de Cooperación y Asistencia Financiera” con el Ministerio de Justicia.
De acuerdo a declaraciones del Director Ejecutivo, Luis Fondebrider, “en años anteriores también hubo demoras para finiquitar el acuerdo. Pero nunca sucedió que a esta altura del año no se hayan depositado los fondos indispensables para seguir operando”.
Ante la repercusión que produjo el comunicado del EEAF, el gobierno repitiendo su ya conocido “si pasa pasa”, emitió un comunicado informando que el Ministerio de Justicia pagará la primera cuota ($10.091.205). El ministerio que conduce Germán Garavano, sin ponerse colorado, dio la excusa más pueril: “retraso administrativo”.
En un gobierno en donde varios funcionarios de primera línea se mostraron abiertamente “negacionistas”, el intento de desfinanciar este organismo resulta de manual.
Claudio Avruj, Secretario de Derechos Humanos, dio muestras, en no pocas oportunidades, su posición negacionista y de intento de reconciliación con los militares genocidas. Avaló el escandaloso fallo de la Corte Suprema de Justicia conocido como el “2x1” por el que se beneficiaban cientos de genocidas.
Intentó, junto con Mauricio Macri, que el 24 de marzo dejara de ser feriado nacional, una provocación y ninguneo al día en el que se conmemora a los 30.000 detenidos desaparecidos.
Además de haber presentado un informe oficial en donde se detallaba un listado con 7010 personas desaparecidas. Es decir una política de Estado abierta para avanzar cualitativamente en mayor impunidad contra los militares y sus socios civiles, los empresarios, quienes fueron los verdaderos impulsores del genocidio más grave que vivió nuestro país.
En principio, por este año, la situación financiera del EAAF estaría solucionada. Sin embargo, frente a un próximo año en donde el ajuste será el protagonista, es imposible no pensar en la reiteración de estas situaciones. | 
