La convocatoria a primarias para el 27 de enero para elegir binomios presidenciales para las elecciones generales de octubre de 2019, y la habilitación por parte del Tribunal Supremo Electoral de Evo Morales y García Linera ha aumentado la polarización política entre el gobierno y la oposición liberal ante el desconocimiento por parte de los tribunales del referéndum del 21F, en el que se había rechazado la reelección presidencial. Previo a la resolución del TSE, ya la sentencia constitucional 084/2017 allano el camino a la postulación indefinida de Evo Morales a la presidencia.
Con la resolución del TSE se concreta el desconocimiento por parte del gobierno de los resultados del referéndum vinculante de febrero del 2016. Con el mismo, el MAS pretendía abrir una reforma del artículo 168 de la Constitución Política del Estado, que impedía la reelección consecutiva de más de dos mandatos, para permitir una nueva postulación del binomio gobernante. Pero, como se recordará, el gobierno perdió en la consulta ante un 51,3% por el NO frente a un 48,7% a favor.
La repostulación de Evo y García Linera, consumada con la resolución administrativa del TSE del pasado 3 de diciembre, ha provocado rechazos y protestas, tensionando la coyuntura política nacional, al tiempo que el gobierno de Trump declaraba con “preocupación” que “Estados Unidos apoya una democracia saludable en Bolivia que respete la Constitución de Bolivia y la voluntad del pueblo boliviano” luego de pronunciamientos en similar sentido desde la Unión Europea.
Pese a esta creciente polarización, las actuales protestas opositoras, se mantienen en el terreno del régimen y del proceso electoral convocado, como escribía un comentarista opositor: “el 21F no ha sido derrotado, se seguirá la pelea en el terreno electoral”, habiéndose embarcado ya en la campaña camino a las primarias y con el horizonte en las urnas de octubre próximo. Los piquetes de huelga de hambre impulsados en algunos departamentos por los comités cívicos y algunas plataformas del 21F, así como el pasado paro con bloqueo de caminos del 6 de diciembre, exigiendo el respeto a la “democracia” y a la Constitución, busca aumentar el desgaste del gobierno en el ya abierto escenario electoral.
La coyuntura política en Bolivia contrasta en este sentido con lo sucedido en otros países de la región. En Venezuela, en medio de la brutal crisis económica, social y política a que ha llevado el chavismo en decadencia, la ruptura entre el gobierno de Maduro y la oposición derechista es total. En Nicaragua, el año pasado, al romperse el pacto entre el gobierno sandinistas y los empresarios privados, estos y la Iglesia pasaron a la oposición reclamando la renuncia de Ortega y manipulando las justas protestas populares contra las reformas de corte fondomonmetarista aplicadas por el gobierno y la salvaje represión que éste lanzó contra los barrios populares sublevados y las universidades. En el caso de Brasil, disconformes con los ritmos del ajuste que aplicaba Dillma Roussef en el último gobierno del PT, las clases dominantes brasileñas manipularon las causas de corrupción (como el lava jato organizando un golpe judicial y parlamentario contra Dilma), para imponer al ilegítimo gobierno de Temer en pos de un ajuste mucho mayor y, luego encarcelar y proscribir a Lula allanando el camino a una mayor derechización política. Este golpe judicial parlamentario dio un salto cualitativo con el fraudulento proceso electoral que elevó a la presidencia al candidato de extrema derecha Jair Bolsonaro que prepara ataques aún más profundos contra el pueblo trabajador.
¿Una oposición “destituyente”?
En verdad, las protestas apuntan más bien a desgastar al MAS y favorecer sus propias candidaturas en la ya iniciada campaña electoral. El Órgano Electoral habilitó recientemente ocho binomios para las Elecciones Primarias 2019, entre ellos el de Evo Morales y Álvaro García Linera, por el MAS. En oposición se presentan:
• Carlos Mesa y Gustavo Pedraza, por Comunidad Ciudadana (CC, que une al FRI y SOL.BO), es la principal fórmula opositora. Mesa, que fue vicepresidente de Sánchez de Lozada con el gobierno neoliberal y entreguista del MNR, derribado por el levantamiento de octubre de 2003, mantuvo cierto prestigio por renunciar ante las masacres, lo cual le valió poder ocupar la presidencia hasta las elecciones de 2005. Aparece como la carta más visible y con más chances de la oposición derechista, con un perfil más bien negociador, por lo que es acusado por otros sectores de “conciliador” con el gobierno;
• La alianza “Bolivia dice No”, entre Doria Medina (Unidad Nacional) y el dirigente de la derecha cruceña, Oscar Ortíz Antelo (Demócratas), se rompió a último momento, impulsando a Doria Medina, cuyo partido gobierna el municipio de El Alto, a desistir de participar y convocar a los demás candidatos a no dividir el bloque opositor y apoyar la fórmula que más posibilidades tiene de derrotar al MAS, lo que beneficia a Mesa.
• El expresidente neoliberal, Jaime Paz Zamora (ex MIR), intenta resucitar políticamente con la sigla demócrata cristiana (PDC), y Víctor Hugo Cárdenas, que fuera vicepresidente “indígena” en el primer gobierno de Goni, también busca volver con UCS (Unión Cívica Solidaridad).
Además, se presentan un alicaído MNR y otras candidaturas menores.
Por otra parte, Félix Patzi y Lucila Mendieta se inscribieron por el Movimiento Tercer Sistema (MTS). Patzi fue ministro de Educación de Evo Morales y tras romper con el gobierno, fue electo gobernador de La Paz. Representa una escisión indigenista del MAS, con bases a nivel regional pero escasa proyección nacional.
Así, la oposición se presenta dividida, con viejos figurones de la “democracia pactada” y del “autonomismo” oriental, sin renovarse como en otros países donde surgió una “nueva derecha”.
Entre las candidaturas habilitadas no hay ninguna alternativa que represente los intereses de las y los trabajadores, y la reaccionaria legislación electoral que impone absurdos requisitos, dificulta al extremo que grupos obreros o campesinos y de izquierda independientes del MAS puedan acceder a la legalidad, como se evidenció con la nueva ley de organizaciones políticas y su papel altamente proscriptivo. Un fenómeno opositor en desarrollo es el de las “plataformas”, un movimiento heterogéneo y no centralizado, muy activo en las redes sociales, en el que hay sectores que apoyan desde un discurso lavado de “izquierda” democrática, hasta sectores abiertamente racistas, “anti ideología de género”, como el katarista V.H. Cárdenas, diversos ultraderechistas, como el diputado chuquisaqueño Poppe –una suerte de “bolsonaristas” locales-, que comparten el rechazo a la repostulación de Evo, expresando a sectores medios no contenidos por los partidos tradicionales.
A nivel social, el MAS conserva una importante base popular, particularmente en el campo, pero ha perdido terreno en las ciudades, incluso en el Altiplano mayoritariamente indígena. El rechazo a la re-reelección de Evo Morales y García Linera convoca no sólo a los tradicionales sectores reaccionarios, sino que suma a ciertas franjas de trabajadores, campesinos y sectores populares, que han visto desatendidas sus demandas y no ven con buenos ojos la “eternización” del binomio masista en el poder por razones democráticas, sin ser necesariamente reaccionarias aunque en ausencia de una alternativa obrera y socialista que golpee sobre estos, los que capitalizan políticamente esta oposición son las fuerzas opositoras visibles: las de derecha.
La campaña de Evo y García Linera
Evo Morales, mientras acusa a la oposición de mantener “vínculos con el imperialismo y el neoliberalismo” (… bueno, en relación a los Mesa, Ortíz y otros, razón no le falta) justificó las maniobras judiciales para habilitar su nueva candidatura con un argumento original: "A ver, en un campeonato mundial que alguien diga hay que sacar de la selección a Messi, cómo pues al mejor jugador van a sacar la selección de fútbol de Argentina? Imposible.”
Es que el punto débil del MAS es la absoluta dependencia de la figura de Evo. El ascenso del MAS, al calor de los levantamientos y grandes luchas de 2000 a 2005, se articuló sobre la base de la relación orgánica con algunas organizaciones sindicales (las federaciones cocaleras del Chapare y otras) y se amplió nacionalmente gracias a la celebración de docenas de acuerdos y pactos con organizaciones sindicales, campesinas y barriales en todo el país, garantizando los triunfos electorales y una amplia base social. Esa relación, institucionalizada en la CONALCAM y el Pacto de Unidad, se fue burocratizando. Mientras las cúpulas se integraban al gobierno, en las bases creció la pasividad y el descontento por las expectativas incumplidas. En muchos sectores se vota por Evo, pero no hay una adhesión similar al partido de gobierno como tal, ampliamente criticado por el autoritarismo, burocratismo y corrupción del aparato. La contracara de las tendencias bonapartistas de Evo, el “jefazo” que arbitra ante todos los problemas y el principal comunicador con el pueblo, es la ausencia de otras figuras con un capital político propio dentro del MAS.
Esta “evodependencia” se agrava tras 12 años de gobierno, debido a la erosión de la inicial hegemonía política y el desgaste de su base social, que si durante casi una década le proporcionó amplios triunfos electorales (ganó tres comicios presidenciales con más del 50% de sufragios), ya no garantiza su repetición automática.
A su manera, Evo Morales, reconoció estos problemas cuando pocos días atrás, en un mitin en Cochabamba, dijo que el MAS dará una fuerte “batalla digital” en las redes sociales durante la campaña electoral, pues "La campaña electoral ya no es como antes. Antes ganaba quien tenía más gente en las concentraciones ahora quien tiene más presencia en las redes sociales gana”. El nivel de movilización política de los primeros años ha dejado lugar a una creciente apatía; el apoyo de las cúpulas burocráticas del CONALCAM, el Pacto de Unidad y la COB no asegura el voto masivo de las bases.
El MAS enfrenta así el primer desafío importante en una elección presidencial desde 2006, un desafío que va más allá de asegurar la re-reelección, pues necesitará una alta relegitimación electoral, de cara a un eventual nuevo mandato que habrá de lidiar con un panorama económico, social y político más complicado, entre el desgaste de su hegemonía política, la creciente insatisfacción social y las perspectivas en descenso de la economía nacional, en cuya dinámica, pese al actual crecimiento, hay crecientes tensiones y desequilibrios.
El largo ciclo de crecimiento económico comenzó a deteriorarse desde 2014, ya que el PBI mantuvo buenas tasas de aumento –este año sería de un 4,5%-, pero acumulando un fuerte déficit comercial, lo que consumió reservas y disminuyó recursos fiscales, de hecho, hay una “desaceleración” que oscurece el horizonte. En el decisivo sector gasífero, el panorama es complicado, porque el gobierno está renegociando los contratos de venta de gas a largo plazo con Brasil y Argentina, que, por un lado, impulsan su producción propia a partir del Presal y Vaca Muerta, en situaciones recesivas que demandan menos gas de Bolivia, por otra, tienen gobiernos de signo neoliberal contrarios a mantener las favorables condiciones más benignas de los actuales contratos, que Lula y Kirchner habían aceptado en 2006, como forma de estabilizar la entonces convulsionada Bolivia, además de la afinidad ideológica.
García Linera, hace tiempo viene planteando la necesidad de asegurar la economía para mantener el poder político, justificando la estrategia de concesiones a las transnacionales y empresarios, anticipa con ello el tipo de respuesta a estas dificultades: más beneficios a los pulpos petroleros y mineros y a la oligarquía sojera y ganadera cruceña. En otros términos, profundizar el “extractivismo” y el “agrobusiness” que proveen divisas, junto con mayor “austeridad” ante las demandas obreras y campesinas.
El problema constitucional
La nueva Constitución elaborada por la Asamblea Constituyente de Sucre en 2007 recogió algunas demandas democráticas, como el reconocimiento formal de los pueblos originarios, para contener con algunas concesiones al movimiento de masas que había protagonizado los levantamientos y jornadas revolucionarias del 2000 a 2005, al tiempo que garantizó los intereses del capital y de los terratenientes. La carta magna era resistida por sectores de la derecha, especialmente el bloque autonomista de la “media luna”. El pacto del 21 de octubre de 2008 entre el MAS y la derecha parlamentaria “corrigió” un centenar de artículos del texto votado en la Asamblea, violentando abiertamente la soberanía de la Constituyente para satisfacer los recelos burgueses, y la nueva Constitución así “parchada” entre García Linera y los representantes de la derecha, fue consagrada mediante referéndum el 2009, consolidando el nuevo régimen del Estado Plurinacional de Bolivia.
La paradoja es que el gobierno de Evo, cada vez más recostado en el manejo de la justicia y el aparato estatal para afianzar su arbitraje en medio de las tensiones sociales y políticas –en un curso bonapartizante- debe pasar por arriba del andamiaje legal cuando se le hace incómodo, como es el caso de los límites de la CPE al poder presidencial mientras que la oposición burguesa, puede apelar a éste, embanderándose con argumentos democráticos sectores políticos que nada tienen de democráticos.
Hoy, en Bolivia, el grueso de la oposición de derecha actúa en su lucha contra el gobierno con los instrumentos legales que le da el régimen político vigente. Este elemento es muy importante para comprender por qué, pese a la importante polarización política entre oficialistas y opositores, ésta no se traduce en una escalada “golpista” como argumenta el oficialismo. Un segundo elemento de peso es la preocupación por conservar la estabilidad económica y el crecimiento sostenido durante años que le ha permitido a la clase dominante realizar importantes negocios que nadie quiere echar por la borda sólo por algunas reglas “democráticas” vulneradas. Hay un importante consenso entre oficialistas y opositores en varios aspectos referidos a la economía y al Estado que dotan de una importante estabilidad económica y política en el país. Este consenso se expresa en las inmejorables relaciones establecidas entre el gobierno y la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) así como con la Cámara de Industria y Comercio (CAINCO) quienes han recibido parte de los fondos de pensiones de los trabajadores como formas de crédito barato para financiar los negocios agroindustriales. Parte de esto también es la aprobación reciente de la ley del Etanol, que permite a los terratenientes del Oriente llevar adelante proyectos de producción de biocombustibles, actividad que hace 10 años Evo Morales lamentaba sobre la base de un discurso pachamamista hoy caído en desuso. El mantenimiento de leyes antiobreras de origen neoliberal como el Estatuto del Funcionario Público, que prohíbe la organización de sindicatos y de huelgas en el ámbito estatal, así como el riguroso control establecido por la burocracia sindical al interior de fábricas y empresas, conteniendo las demandas obreras, es otro ejemplo de los pactos con el empresariado. En suma, hay polarización política entre oficialismo y oposición pero que no adquiere ribetes destituyentes, más bien la campaña contra la repostulación de Evo y García Linera es funcional a la campaña electoral de los candidatos de derecha, sirve para desgastar el caudal electoral y deslegitimar por adelantado su eventual triunfo.
De la política en las calles a la judicialización de la política: los tribunales en acción
El “transformismo” operado en el seno del MAS en estos 12 años de gobierno, alentado por un asimilación creciente de los cuadros y miembros del partido a las actividades, los negocios y la cultura de la clase dominante, vienen marcando la evolución a derecha por parte del MAS y un giro cada vez más autoritario en la gestión gubernamental, motor de las tendencias bonapartistas del régimen y del gobierno, y que encuentra en los instrumentos judiciales un mecanismo privilegiado en la resolución de conflictos. Hoy los tribunales y el aparato judicial ocupan un lugar central de la política boliviana, ya sea para perseguir opositores o como lo pone en evidencia la pugna electoral actual, para allanar legalmente el camino a cualquier necesidad del gobierno como son las sentencias que habilitan a su reelección indefinida. Es posible ver cóomo ante el menor conflicto social los dirigentes son rápidamente judicializados haciendo un uso cada vez mayor del recurso de la detención preventiva que tiene como primer resultado el descabezamiento de los focos de conflicto que puedan emerger. Los casos recientes son el del encarcelamiento del dirigente de los productores de coca de La Paz (ADEPCOCA), Franklin Gutiérrez, quien se encuentra acusado de ser el ideólogo de la muerte de un policía en enfrentamientos con cocaleros o la persecución contra estudiantes y docentes de la Universidad Pública de El Alto, tras un conflicto que se cobró la vida del estudiante Jonathan Quispe. Las innumerables denuncias de instrumentalización de la justicia en función de los intereses políticos de coyuntura se han convertido en pan de cada día.
Esta situación contrasta agudamente con la situación que se vivió en los primeros años del gobierno del MAS, el cual estaba condicionado por la relación de fuerzas establecida por las masas en los levantamientos e insurrecciones precedentes. El MAS mantenía relaciones orgánicas con los sindicatos y demás organizaciones de los “movimientos sociales” que venían de una gimnasia movilizadora y callejera desde inicios del 2000. Empero la cooptación de los dirigentes sindicales, la estatización de los sindicatos y de las organizaciones sociales, la transformación de los dirigentes sindicales en funcionarios públicos con el consiguiente descabezamiento del movimiento campesino y una situación económica inmejorable como resultado del boom de precios de las materias primas fueron abonando el terreno para cortar las amarras que unían al partido de gobierno con los sectores que habían sido protagonistas de las luchas sociales precedentes. El divorcio cada vez mayor entre el partido de gobierno y el movimiento de masas ha significado un desplazamiento paulatino de la acción política centrada en las calles durante la primer década del milenio hacia los tribunales y los pasillos de las instituciones estatales, dando por resultado un fortalecimiento del Estado capitalista y sus instituciones manteniendo el carácter de clase semicolonial del mismo, más allá de la retórica del MAS y los episódicos roces con Washington.
¿”Re-reelección” de Evo o campo “antirreeleccionista” detrás de la derecha?
En esto se resume la encerrona política, sobre la base de la actual polarización en torno a la “re-reelección”, que el régimen actual tiende, y que buscan explotar en su propio beneficio tanto oficialistas como opositores, tarea facilitada porque la burocracia de la COB, de las federaciones minera y fabril, etc., alineada con el MAS, se oponen a una expresión de clase independiente.
Algunos sectores sindicales, incluso críticos frente a Evo, se resignan a apoyarlo políticamente, considerando como “mal menor” al oficialismo; mientras ciertos grupos populistas radicales y de izquierda buscan un lugar en el “campo del rechazo”, a aquel que simplemente se oponga al gobierno, no importa su composición de clase ni el carácter de su programa político -basta que tal campo “movilice”. Así quedan a la zaga de la política impulsada por la derecha, al extremo de llamar a la movilización con la consigna de No a la re-reelección sin delimitarse frente a las acciones impulsadas por la derecha.
Es el caso del POR, enfrascado en la mera administración sindical con ocasionales y abstractas frases revolucionarias pero participando de las convocatorias callejeras de la oposición de derecha. Encubre con fraseología ultraizquierdista al estilo de “Mueran masistas (nueva derecha) y opositores de la vieja derecha. ¡Viva la revolución proletaria! Su conducta práctica de adaptarse al ánimo opositor de derecha, y “baja” en la práctica esta línea a “¡Viva la independencia político sindical! ¡Muera el gobierno masista! ¡Mueran las elecciones “primarias” y generales, que no cambian nada!” (Masas 2568 17/12/2018) en la que el contenido político concreto es contra el gobierno y desaparece el combate a la derecha. Otras tendencias de menor importancia, como Insurgentes, de tono populista radical, tratan de insertarse en las “plataformas” en las que parecen ver un “fenómeno progresivo” per se.
Por eso, ni apoyo a la re-relección ni sumarse a las campañas promovidas por la derecha bajo el argumento constitucional formal. La brújula que guía las posiciones de las direcciones sindicales y de las corrientes de izquierda, sólo sirve para buscar un “mal menor” detrás del que refugiarse, sin proponerse bregar por una posición políticamente independiente y de clase.
Lo que queda vacante es el lugar de un polo que exprese los intereses de los trabajadores y campesinos, desde una política independiente frente al MAS como frente a la oposición burguesa, y levantando un programa que incluya, entre otras reivindicaciones, el rechazo a los avances represivos y autoritarios del gobierno y la defensa de las libertades democráticas y de organización de las masas, la lucha por el salario, por la verdadera nacionalización del gas y los recursos naturales bajo control de los trabajadores, la liquidación del latifundio, entre otras reivindicaciones.etc. A la tarea de construirlo deberían sumarse los sindicatos combativos, como los del magisterio, y la izquierda que se reclama obrera y socialista. La situación política no hace sino reforzar la necesidad de sentar las bases de una nueva izquierda, anticapitalista, socialista y revolucionaria, que apueste a la energía de los trabajadores, de las mujeres, de la juventud, para poner en pie una alternativa de clase. Esta es la tarea que, desde la LORCI, nos proponemos impulsar.
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