Foto: Clarin
Según informó el diario mendocino El Sol, un limpiavidrios de Las Heras fue condenado por el Segundo Juzgado de Faltas por haber sido encontrado con una pluma y una botella de agua y derergente en una esquina del centro mendocino.
Según informó el mencionado diario, el hombre de 42 años se había negado a cumplir con tareas comunitarias, por lo que deberá permanecer 48 hs detenido en la alcaldía del penal de Boulogne Sur Mer.
De esta manera, el gobierno de Cornejo "estrena" el nuevo Código de Contravenciones, ampliamente cuestionado por, justamente, criminalizar la pobreza y la protesta social, En una provincia que tiene uno de los índices de inflación más altos del país, son miles los mendocinos y mendocinas que recurrer a empleos informales y precarios para subsistir, como la venta ambulante, el lavado de autos o vidrios en la calle. Justamente las actividades penadas por el gobierno a partir del nuevo código.
En el tercer trimestre de este año, según publicó el Indec, la desocupación en la provincia se disparó dos puntos, del 4,4% al 6,4%, alcanzando el nivel más alto desde 2016.
Además, las condiciones económicas de la provincia también golpean fuerte sobre quienes tienen trabajos precarios: las personas subocupadas en el Gran Mendoza pasaron del 8,1% al 14,2%. La Encuesta Permanente de Hogares del Indec, difundida por el Indec a mediados de mes, también dio cuenta que se duplicó la cantidad de trabajadores y trabajadoras que buscan un segundo empleo para llegar a fin de mes, pasando del 10,1% en el tercer trimestre del año pasado al 21,9% en el mismo periodo de 2018.
En el Gran Mendoza hay un total de 28.000 desocupados y casi 100.000 ocupados que buscan un segundo empleo, sin embargo desde el gobierno provincial profundizan la persecusión y criminalización de quienes tienen que recurrir a los trabajos más precarizados e informales para poder subsistir.
Por este motivo, decenas de organizaciones de DDHH, políticas y sociales denunciaron al Código de Faltas de Cornejo. La diputada del FIT, Macarena Escudero, había denunciado que situaciones como esta "es criminalizar una vez más a quienes, producto de la crisis económica y la pérdida de empleos, tienen que recurrir a trabajos completamente informales para alimentar a sus familias. No solo no hay ningún plan del gobierno para garantizar trabajos registrados, con salarios iguales a la canasta familiar, sino que la única respuesta es arrestarlos. Esto simboliza una terrible política de criminalización de la pobreza. Que tiene como único objetivo aumentar el poder punitivo del Estado".
Desde la Izquierda, además, pidieron la declaración de inconstitucionalidad del código. La referente del FIT Noelia Barbeito, junto al abogado Carlos Lombardi hicieron una presentación en la Suprema Corte en octubre de este año. |
