El proyecto de Piñera denominado “Ley Humanitaria”, ingresado en el congreso el pasado viernes, les otorgaría arresto domiciliario a los reos que tengan diagnosticada una enfermedad terminal; que sufran algún menoscabo físico grave e irrecuperable que los haga dependientes; o llevar cumplida al menos la mitad de la condena y tener más de 75 años.
El proyecto tuvo críticas tanto por parte de organismos y organizaciones de Derechos Humanos como por la llamada “familia militar”, quienes consideraron el proyecto una traición, porque claro, lo que les gustaría es tener a todos los violadores de derechos humanos de la dictadura en sus casas libres a la edad que fuera o por último en cárceles con mayores lujos.
Ya hemos visto cómo sectores de RN se han acercado a Kast, ya hemos visto cómo Kast se lleva políticamente con la “familia militar”, ya hemos visto cómo desde el gobierno se ha hecho renunciar a más de 50 altos cargos de carabineros. Con éstos elementos busca entregar concesiones a estos sectores de la derecha más reaccionaria y de los sectores pinochetistas más convencidos.
Ésta ley es también un gesto político. Se está discutiendo desde mitad del 2018 y ahora acabando el año entra al congreso, en un momento clave para hacer política hacia la familia militar y el pinochetismo, pero sin poder arriesgarse tanto a ser más cuestionado aún en términos de derechos humanos, sobretodo después del asesinato de Camilo Catrillanca y de la fuerza que demostraron tener los portuarios en su lucha, unidos a varios sectores de la juventud y estudiantes.
Ahora la discusión de rebaja de penas se vuelve una discusión, porque se le hace a esos violadores de derechos humanos, a esos que deberían estar encerrados en cárceles comunes trabajando, en esas cárceles en las que meten a los sectores más empobrecidos y marginados, a quienes los convierten en delincuentes cuando los arrojan a las peores condiciones de miseria y luego los encierran. A esas mismas cárceles en las que hacen pagar a sectores de los más oprimidos por el mismo sistema social y económico que construyeron a punta de violación a los derechos humanos en la dictadura, y que los partidos del régimen desde la transición no han hecho más que resguardar. | 
