Esta mañana, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, declaró que las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) habían sido canceladas oficialmente desde diciembre del año pasado.
Luego de ser cuestionado por periodistas durante la conferencia de prensa matutina de Andrés Manuel López Obrador, Espriú aclaró que la fecha del 4 de enero había sido sugerida en su momento, no como límite para la cancelación del proyecto del NAIM, sino para la resolución sobre los bonos. Tras la celebración de un consejo de administración en el grupo aeroportuario el 27 de diciembre, "se dio la instrucción al director de cancelar las obras", dijo Espriú.
La "cancelación" del proyecto aeroportuario en Texcoco, que implicó un gasto millonario para el gobierno mexicano (la recompra de mil 800 millones de dólares de bonos), no significa, sin embargo, el fin de los conflictos.
Mientras especialistas citados por medios como El Economista auguran un largo proceso de negociación con inversionistas y contratistas, la decisión de relocalizar las obras del NAIM a la base militar de Santa Lucía, dejando en manos de las Fuerzas Armadas la construcción de dos nuevas pistas, ha generado descontento entre la población de zonas aledañas como Ecatepec, Tecámac y Zumpango, en el Estado de México.
Pobladores organizados en un Frente de Pueblos Originarios en Defensa del Agua denuncian el impacto que este proyecto traerá a la zona, comenzando por el colapso del acuífero Cuautitlán-Pachuca, actualmente en situación de sobre explotación de hasta un 500%. Denuncian también las condiciones en las que el gobierno federal impuso su "consulta" sin atender convenios que obligan al Estado mexicano a adecuar material y culturalmente el mecanismo de consulta en casos de pueblos regidos por el sistema de usos y costumbres. Este atropello es el mismo que denuncian pobladores del sur del país, en el caso del Tren maya.
La violencia, la contaminación ambiental y la sobre explotación del acuífero forman parte de las denuncias hechas por el Frente de Pueblos.
Ecatepec, Zumpango y Tecámac (municipio en donde se encuentra la Base Aérea de Santa Lucía), son municipios del Estado de México que enfrentan las consecuencias de la voracidad inmobiliaria de los últimos 18 años: desabasto generalizado de agua, vialidades saturadas -con trayectos de hasta seis horas para miles de sus más de 360 mil habitantes- y cifras de violencia cuyo grado de descomposición ha logrado posicionar a estos tres municipios entre los primeros lugares con mayor número de feminicidios en el Estado de México. De enero a septiembre de 2018, estos tres municipios sumaban un total de 20 feminicidios contabilizados de manera oficial.
En 2016 el municipio de Tecámac, en donde se encuentra la Base Aérea de Santa Lucía, fue incluido por el gobierno de Enrique Peña Nieto entre las 50 ciudades del país en donde más homicidios dolosos se cometieron.
Los trabajos de construcción en Santa Lucía no implican únicamente las pistas y estructura necesaria, sino que también contemplan un plan de desarrollo de equipamiento urbano, de vialidades y de vivienda que atraerán, ineludiblemente, la agudización en el desabasto del vital líquido en estos municipios que, además de aglutinar a más de millón y medio de los poco más de 17 millones de habitantes de toda la entidad, concentran niveles de pobreza y violencia de los más altos a nivel nacional.
A pesar de las promesas hechas por la nueva administración de Morena en el municipio, las protestas continúan, dado que las primeras afectaciones (como suspensión total del flujo de agua en algunas colonias y el racionamiento en otras) han comenzado a hacerse sentir. A éstas se suman otros daños que están en curso, como el "recorte" de 27 metros a la cima del cerro de Chiconautla y la construcción de vialidades como la de Ecatepec-Peñón que atraviesan por zonas habitadas.
Estas afectaciones, sumadas a la crisis de violencia, transporte y vivienda en la región, perfilan un panorama sobre la construcción del NAIM que se presenta muy distinto al escenario que el gobierno de López Obrador ha querido presentar.
El aumento de más de 4% en el costo de las viviendas en la zona apunta también a procesos de desplazamiento o "gentrificación", paralelo a la instalación de negocios y empresas que han recibido todas las atenciones por parte del gobierno federal para renegociar su participación en el proyecto, pero no han dicho nada sobre las condiciones laborales para miles de trabajadores a los que "generosamente" ofrecen sueldos de miseria y ningún tipo de estabilidad laboral.
Como decimos aquí, la construcción de un aeropuerto no puede definirse en función del beneficio económico de las grandes constructoras. El transporte aéreo es una necesidad social, y por eso debe planearse en función de las necesidades sociales, no del lucro.
En un proyecto de infraestructura de esta magnitud, es necesario que los trabajadores aeronáuticos y aeropuertarios -quienes conocen los problemas del actual aeropuerto de primera mano- desarrollen un plan de la obra, y definan el mejor lugar dónde hacerla. Y a su vez los pobladores del lugar más apto para la edificación del nuevo aeropuerto deben ser consultados y participar. Junto con profesionistas que no se vendan al gran capital, se debe analizar el impacto ambiental y qué pasos dar para reducirlo al mínimo.
Partiendo de estas consideraciones, es necesario evaluar proyectos alternativos, como es el caso de Tizayuca, sitio que fue escogido por especialistas de la UNAM como idóneo para construir un aeropuerto alternativo, que busquen la sostentibilidad y no sólo reducción de la huella ecológica en el proyecto arquitectónico, también de los impactos regionales, incluyendo proyectos adjuntos como la Aerotrópolis y las vías de comunicación. | 
