El Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA) presentó este miércoles un informe sobre el incremento en las tarifas de servicios públicos y su peso sobre los salarios, en el cual analiza la evolución de las tarifas entre octubre del 2015 y el mismo mes del año 2018.
Según CIFRA, en el caso del servicio eléctrico en los partidos del Gran Buenos Aires, los aumentos de las facturas residenciales de electricidad aumentaron entre el 1.053% y 2.388% en el período mencionado anteriormente. La variación depende del nivel de consumo familiar, a su vez, teniendo en cuenta los aumentos adicionales del 55% en promedio, se estima que la gestión de Cambiemos finalizaría con aumentos de este servicio en torno de 18 y 39 veces dependiendo la categoría de usuario.
El servicio que registró mayores incrementos por detrás de la electricidad es el gas, las facturas de este servicio aumentaron entre el 1.353% y el 462%, dependiendo del segmento de consumo. El informe aclara que “los incrementos más altos afectaron a los segmentos de menor consumo” es decir a las familias. El Gobierno anunció un paquete de nuevos tarifazos para este año, por lo que si se tienen en cuenta la factura de gas tipo acumularía aumentos de entre 8 y 21 veces hacia el próximo mes de octubre.
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Por su parte, los aumentos en el servicio de agua y cloacas fueron del 832% para el servicio medido y 554% para el servicio sin medidor entre octubre de 2015 y el mismo mes de 2018. Si se considera el aumento adicional del 48,6% propuesto para este año, al final de la gestión de Cambiemos las facturas serían entre 10 y 14 veces más elevadas que en octubre de 2015.
El combo de tarifazos que el Gobierno viene aplicando desde que llegó al poder tiene como correlato que el peso de estos servicios sobre el salario registrado del sector privado privado pasaría del 1,2% en 2015 al 8,1% en 2019, de cumplirse las proyecciones del gobierno. A su vez, la proporción sobre el ingreso laboral promedio, el cual incluye también a asalariados no registrados y trabajadores independientes, pasaría del 1,9% en 2015 al 13,3% en 2019.
Los incrementos tarifarios registrados fueron mucho mayores que la inflación, que como señala CIFRA fue en ese período del 158%. Sin embargo, los que quedaron verdaderamente rezagados fueron los salarios. El salario promedio de los trabajadores registrados del sector privado (sector que tiene salarios más altos) tuvo una expansión del 124%, muy por debajo de la variación tarifaria y de la inflación
En el caso de un hogar tipo el Centro CIFRA estima que, mientras que en octubre de 2015 el valor sumado de las facturas de electricidad, gas y agua era de $154 mensuales, en octubre de 2018 alcanzó los $1.954 por mes. Por lo que “considerando el pago total anual, en valores de diciembre de 2018, este hogar tipo pagó $16.754 más.”.
Los tarifazos implican grandes ganancias para las empresas de distintos sectores, la rentabilidad de las principales compañías ha crecido exponencialmente. La actual estructura privatizada de los servicios es parte de la herencia de los noventa que el kirchnerismo mantuvo intacto mientras le otorgaba millones en concepto de subsidios. La solución de Cambiemos fue subir las tarifas para beneficiar a las empresas que durante años no invirtieron y la calidad del servicio fue empeorando.
Es necesaria la estatización bajo gestión de trabajadores con participación de los usuarios de estas empresas que brindan servicios públicos esenciales, los verdaderos interesados en tener servicios de calidad.
Los servicios públicos son un derecho esencial para el pueblo trabajador. Su provisión no puede estar atada a la lógica de la ganancia empresaria, el actual estado de desmembramiento del entramado energético carece de racionalidad. Para establecer una planificación racional es necesaria la estatización del sistema energético nacional, es decir de todas las etapas productivas: desde la extracción de los recursos, la generación eléctrica, el transporte hasta la distribución a los usuarios.
Bajo la órbita de los gobiernos kirchneristas se llevaron adelante medidas demagógicas como la expropiación de Repsol, a la cual se le dieron millones luego de que saquee recursos durante años. Contrario a eso lo que hay que hacer es una auditoría en la que se abran los libros contables de las empresas para establecer así la reparación que deben pagar al pueblo trabajador por la decadencia a que empujaron el sistema.
Toda la previsión de servicios públicos tanto de energía, agua y gas, tienen que estar bajo gestión y control de los trabajadores y técnicos, que mediante una votación directa conformen los órganos de dirección y administración. A su vez, es central la participación de comités de usuarios populares. La perspectiva es que todo el pueblo trabajador pueda acceder a tarifas bajas, en camino hacia el abaratamiento de los costos energéticos en base al desarrollo productivo.
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