Fiel a su estilo, Carrió defendió el proyecto para bajar la edad de imputabilidad que viene promoviendo la ministra Patricia Bullrich, pero aclaró que ella bajaría a 14 años la edad en la cual se puede imputar a un menor.
La diputada de Cambiemos se mete en la agenda de "mano dura", uno de los temas que desde el Gobierno intentan imponer como principal eje en la carrera electoral 2019, y en consonancia con la ministra Bullrich promueve una política que busca criminalizar a la juventud pobre: “Los niños son ciudadanos y son responsables. ¿Cómo no van a ser responsables? No puede ser que haya impunidad. Si tu hijo se porta mal, le das una penitencia, si cometió un delito tiene que ir a juicio”, aseguró.
Luego de insistir con que la modificación del Régimen Penal Juvenil es una iniciativa planteada por su espacio hace años. intentó darle un barniz “humanista” a su reaccionaria posición afirmó que su aval al proyecto que impulsan desde el Gobierno, es para “defender al chico”, para habilitarlo a que denuncie quien lo utiliza para fines delictivos. Pero para lograr eso ¿es necesario imputarlo y que pueda ir preso?
Lejos de la postura de Carrió, la defensa de los pibes está ligada a garantizarles salud, educación y trabajo. Cuestiones que en la Argentina del acuerdo con el FMI, política defendida y avalada por la diputada, se encuentran cada vez más alejadas de la realidad de la mayoría de la juventud que con la profundización del ajuste se verá cada vez más hundida en la pobreza para que los grandes especuladores mundiales sigan acrecentando su ya siderales fortunas.
El proyecto de la baja de la edad de imputabilidad lo único que busca es perseguir y criminalizar a la juventud expulsada del sistema, desocupada en estado de extrema vulnerabilidad social, que muchas veces la convierte en víctima de bandas mafiosas que regentean los grandes delitos, lideradas por las mismas fuerzas de seguridad que los reclutan para que roben para ellos. Cuando no directamente los asesinan.
Meter presos a chicos cada vez más jóvenes lejos de terminar con la llamada “inseguridad”, acrecienta y legitima la persecución policial sobre la juventud pobre y deja intactas las bases estructurales donde un millón y medio de niños y niñas pasan hambre y la juventud tiene los niveles más altos de precarización y desempleo. | 
