Frondizi: con el FMI y contra los trabajadores
Tras la caída de Perón en 1955 y terminada la dictadura de la Libertadora, las elecciones de 1958 dieron como ganador a Arturo Frondizi de la Unión Cívica Radical Intransigente. Había triunfado con el apoyo de Perón, proscripto él y su partido desde el golpe militar. Las condiciones que el imperialismo impusieron al presidente radical lo privarían rápidamente del apoyo que a regañadientes le dieron las masas populares en las urnas que pasarían a enfrentar abiertamente el ataque del gobierno.
Frondizi debía avanzar en las condiciones que favorecieran la apertura del país al capital extranjero que implicaban aumentar la productividad del trabajo y para eso, eliminar conquistas obreras. Entre sus primeras medidas promulgó la Ley de Inversiones Extranjeras. Estableció tratos preferenciales en materia impositiva, repatriación de capitales y ganancias, políticas extremadamente favorables para el capital extranjero.
El plan de estabilización, que se había enviado a fines de 1958 al Fondo Monetario Internacional, y era la condición para el otorgamiento de un préstamo al país, fue anunciado por el presidente el 29 de diciembre. Frondizi acentuaba la necesidad de lograr la estabilidad como prioridad, aunque esto implicara en los meses siguientes la caída del nivel de ingresos del pueblo argentino, lo que efectivamente sucedió con una regresión del salario real de los trabajadores y menor participación en la distribución del ingreso nacional.
El plan contemplaba una aguda devaluación, que buscaba un tipo de cambio favorable al sector agrario, la imposición de gravámenes a los bienes que no estuvieran contemplados en las listas de importación, el aumento de las retenciones y la restricción del crédito bancario y del dinero circulante. Preveía, además, la eliminación de todos los subsidios directos e indirectos al transporte público para lograr su autofinanciación y un aumento sustancial de las tarifas de todos los servicios públicos (transporte, electricidad, ferrocarriles, servicios postales). Además, Frondizi planificaba su viaje a Estados Unidos con empresarios para “atraer la confianza de los capitales norteamericanos y decidirlos a invertir en el país”.
La lucha del frigorífico Lisandro de la Torre
Desde comienzos de 1959, Frondizi tuvo que enfrentar un aumento notable de la conflictividad social, parte del proceso iniciado en 1955: la Resistencia. Uno de los hechos más significativos fue la ocupación del frigorífico nacional Lisandro de la Torre [1] por sus trabajadores y la huelga general proclamada en apoyo de esta acción.
Respondiendo al compromiso asumido en el Plan de Estabilización y como exigencia del FMI, en enero de 1959, el gobierno de Frondizi envió para su tratamiento en el Congreso un proyecto de Ley de Carnes que contemplaba la privatización del frigorífico de la Ciudad de Buenos Aires, autorizando la venta o arrendamiento del establecimiento nacional ubicado en el barrio de Mataderos, con sus consecuencias de despidos, aumento de la explotación del trabajo y liquidación de un organismo regulador del precio de la carne a la población.
En el frigorífico trabajaban 9.000 obreros afiliados a un sindicato autónomo, conducido por un ala considerada “dura”, con un cuerpo de delegados por sección y una práctica de asambleas periódicas que dio a los militantes de base un rol clave en el conflicto. Tal concentración obrera reforzaba la ligazón de la empresa al barrio, por lazos de parentesco y vecindad, además de los vínculos económicos, ya que el frigorífico era el centro de la vida en el barrio de Mataderos.
Al recibir la noticia de la presentación del proyecto al Poder Legislativo, los trabajadores se movilizaron al Congreso: unos 2.000 obreros con carteles que expresaban sus reclamos: “En defensa de nuestro patrimonio, contra la entrega de nuestro frigorífico a la empresa privada”, “Como argentinos no podemos aceptar la entrega del frigorífico nacional”. Sin embargo, la Ley de Carnes fue sancionada.
Frente a esta situación, una masiva asamblea decidió la toma del frigorífico y un paro por tiempo indeterminado. Se impuso entonces la organización de una serie de tareas para el sostenimiento del conflicto: la recepción de la comida, los lugares para dormir, la preparación de una posible resistencia en caso de represión, la solidaridad de los vecinos y comerciantes del barrio, la formación de grupos para el cuidado de las cosas y de los animales, las tareas de vigilancia, mantenimiento del orden y limpieza, el control y el cuidado de los propios compañeros.
Durante los días anteriores los frigoríficos norteamericanos como Swift y Armour comenzaron a despedir trabajadores y se decidió un paro de actividades.
El Gobierno nombró como negociador al jefe de la Policía Federal, el capitán Niceto Vega, declaró ilegal la huelga y conminó a los trabajadores a desalojar el establecimiento Lisandro de la Torre. Una hora después del plazo, se desencadenó la represión, y a pesar de la defensa de los trabajadores, finalmente un contingente de la Gendarmería Nacional ocupó el frigorífico. El saldo de la represión fue la detención de 95 obreros y varios heridos; en el barrio 2.000 niños debieron ser refugiados en la Parroquia San Vicente de Paul. Sin embargo, tras el violento desalojo la resistencia se trasladó al barrio y por varios días participaron el conjunto de los vecinos.
En el Plenario de las 62 Organizaciones, el dirigente Vandor planteó el llamado a paro general y los otros nucleamientos gremiales acompañaron la medida. La reacción del Gobierno no se hizo esperar y ordenó el acuartelamiento de las Fuerzas Armadas.
Mientras los comercios de la zona permanecían cerrados, los vecinos utilizaron ómnibus para construir barricadas, apedreaban los carros hidrantes y practicaban cortes de energía nocturnos para dificultar la represión: por varios días la policía no pudo entrar al barrio. Entre tanto, el Gobierno allanaba los locales del PC y de los principales sindicatos peronistas, y detenía a dirigentes gremiales, entre ellos, a Vandor, tras la declaración del paro. Desde el principio de la huelga general, la zona de La Plata, Berisso y Ensenada −principal enclave de los frigoríficos extranjeros y con una elevada concentración de obreros− fue declarada “zona militar” y custodiada por tropas del Ejército.
El paro general fue levantado por la burocracia sindical, declarando que lo realizaba como “un máximo esfuerzo para evitar que se den condiciones que desencadenen un caso de tal magnitud que no excluya la pérdida de vidas y de bienes, según hace prever en caso de mantenerse la situación imperante en el país”. Aunque la decisión provocó divergencias internas, primó la inercia de una dirigencia sindical que ya se había sentado en la mesa de negociación con el Gobierno nacional, que ahora encarcelaba a sus dirigentes; ni siquiera se intentó condicionar el levantamiento del paro a la libertad de los presos.
Durante el mes de febrero se reanudaron las tareas en el establecimiento con personal contratado fuera del plantel del frigorífico. El 20 de febrero, fue detenido Sebastián Borro, uno de los principales dirigentes de la huelga. A fines de febrero solo 3.000 obreros trabajaban en el frigorífico. Fue privatizado con 5.000 despedidos. Los trabajadores perdieron el control sobre las condiciones de salubridad y fueron sometidos a controles más estrictos para aumentar la productividad. Los nuevos dirigentes, ligados al vandorismo, aprovecharon la condición de cesantes que le había sido impuesta a la anterior Comisión Directiva y la desafiliaron del sindicato, junto con el resto de los despedidos.
Lecciones de la derrota y nuevas luchas
La huelga del Lisandro de la Torre ha quedado en la memoria de la resistencia obrera: sus combativos métodos de lucha, la ligazón del frigorífico con el barrio y la extensión del conflicto, la amplia solidaridad generada y el alto impacto social logrado fueron elementos que la convirtieron en un hito. Además, al constituirse en una lucha abierta contra un aspecto central de los planes de Frondizi la convirtió en una lucha política contra su gobierno.
Su derrota concentró también algunos elementos claves. La relación de fuerzas establecida después de las elecciones y el apoyo electoral logrado por el Gobierno le permitió el uso de la represión para desalojar la empresa y forzar la derrota del conflicto. Al mismo tiempo, el acuerdo con la burocracia sindical puso límites a la combatividad de las bases y abrió el camino al levantamiento de la huelga. Se allanaban, así, los planes del Gobierno y también se fortalecían las direcciones sindicales en su rol negociador frente al Estado; se infligía, además, una derrota a los trabajadores que pretendió ejercer un papel disciplinador.
Sin embargo, si bien esta derrota impactó sobre las bases obreras, uno de los momentos más conflictivos de la etapa aún estaba por desarrollarse. La acción de la dirigencia peronista de las 62 Organizaciones había impedido hasta ese momento un estallido amplio del descontento en las bases, pero estas demostraron que conservaban iniciativa, poniendo de manifiesto la experiencia acumulada desde 1955 que se reflejó en un ascenso de la lucha de clases a lo largo de todo el año 1959.
Aún así, la derrota inaugurada por el Lisandro de la Torre le permitió al gobierno radical abrir el camino de cambios estructurales claves para el país y las clases dominantes, pero no le permitió superar la crisis política abierta en el mediano plazo.
La resistencia obrera resurgiría en los años 60. En el mes de enero recordamos también el comienzo de los planes de lucha con ocupaciones de fábricas de 1964 cuando miles de trabajadores, aun bajo el peso de la dirección de la burocracia sindical peronista, llevaron adelante una formidable experiencia de lucha.
[1] Hemos seguido aquí la investigación realizada por Ernesto Salas, en La resistencia peronista. La toma del frigorífico Lisandro de la Torre, Bs.As., CEAL, 1990. Para profundizar en el contexto histórico y nuestras conclusiones sobre la Resistencia ver Cien años de historia obrera en la Argentina, de los orígenes a la Resistencia, 1870-1969, Ediciones IPS | 
