Milagro Sala fue condenada en la causa conocida como "Pibes Villeros" a 13 años de prisión e inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos por ser considerada como supuesta jefa de una asociación ilícita, por defraudación al Estado por el desvío de $ 60 millones, de fondos destinados a viviendas sociales y por extorsión.
Aún no se conocen los fundamentos del fallo pero, como adelantaron sus defensores, el juicio estuvo plagado de irregularidades en desmedro de la acusada y el propio tribunal fue presidido por una jueza del bochorno. Nada que pueda sorprender a esta altura de un Gobierno que armó una Justicia a su medida para perseguir a la oposición y cercenar el derecho a la protesta del pueblo trabajador.
La sentencia alcanza a su esposo, Raúl Noro, quien se encuentra en un delicado estado de salud, a tres años de ejecución condicional; así mismo fueron condenadas a ocho años de prisión y pedidos de desafuero la diputada provincial, ex integrante de la Tupac Amaru y actual diputada de la UCR-Cambiemos, Mabel Balconte, y la concejala municipal de San Pedro de Jujuy por el FUyO, Marcia Sagardía, y más de una docena de ex integrantes de las cooperativas de trabajo que integraron la Tupac Amaru y la Red de Organizaciones Sociales.
También fueron condenados ex miembros del directorio del Instituto de Viviendas y Urbanismo de Jujuy (IVUJ) que respondían al ex gobernador Eduardo Fellner.
Desde la defensa de la dirigente social había expectativas de que a partir de esta sentencia cese su prisión preventiva que ya cumple tres años sin condena –a partir que fue detenida por un acampe y este causa fue anulada por la Justicia, teniendo que salir en libertad y esperar que la sentencia pase por las instancias de apelación.
Sin embargo el día de ayer, el Juez Isidoro Cruz aceptó el pedido del fiscal Diego Cussel, el mismo que realiza la acusación en la causa "Pibes Villeros", resolviendo una nueva prisión preventiva en el marco de la “Megacausa”, siendo uno de los cuatro juicios que afronta desde que asumió Gerardo Morales.
Recordemos que en la “Megacausa” se encuentran imputados por el desvío de fondos públicos el actual intendente de la Capital jujeña, Raúl “Chuli” Jorge, correligionario de Morales, el ex gobernador, Eduardo Fellner, entre otros ex intendentes del PJ. Sin embargo, la Justicia hacia todos ellos actuó hasta ahora en forma opuesta respecto de la dirigente social que ya recibió dos condenas con está última, no menos escandalosa que la primera.
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Una condena floja de papeles
El Gobernador de Jujuy salió a festejar la condena y a reavivar el discurso de la “independencia” del poder judicial de Jujuy. Irónicamente desde que asumió, los estrados judiciales desde la ampliación del Superior Tribunal de Justicia (siguiendo el ejemplo de Menem en los 90) hasta los juzgados inferiores están minados de jueces nombrados por él mismo.
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Una Jueza a la medida de Morales
Pero aquellos que pensaban que con la bochornosa ampliación del STJ, haciendo votar el proyecto de Ley a los mismos diputados de la UCR (Baca y Altamirano) que asumieron a menos de 48 horas como jueces superiores, habían visto todo, Morales tiene más en su haber de pasar por encima de la tan pregonada “defensa de la República y la división de poderes”.
La presidenta del Tribunal Oral número 3, María Alejandra Tolaba, que dispuso la condena de Sala junto con las juezas Claudia Sadir y Ana Carolina Pérez Rojas, tiene el récord de desaprobar el primer examen de ingreso a la postulación para el cargo. Luego fue descubierta copiándose en otro examen, amparada por el dipujuez Baca. Y finalmente recibió la unción de la titular del STJ, Clara Langhe de Falcone, quien a modo de defensa de la bochada Tolaba afirmó que “Vos podés ser un excelente juez y te puede ir mal en un examen, podés ser el mejor estudiante y por ahí no sacás diez puntos. No tiene nada que ver”.
La condena por parte de un tribunal del bochorno solo puede ser la contracara de la apretada que el mismo Gobernador de Jujuy hizo hacia fin del año pasado a los jueces cuando expresó su ira por la absolución de Sala en otra de las causas.
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A falta de pan, palos y circo
La condena de Milagro Sala es un respiro para Gerardo Morales que buscaba, en una de sus únicas promesas de campaña cumplidas, un bálsamo entre tantas malas noticias para Cambiemos. Pero la alquimia electoral y las especulaciones no ocultan para quienes vivimos el día a día en la provincia de Jujuy que Morales tomó a la detención de Milagro Sala –sobre la que se pronunciaron en contra hasta organismos internacionales como la OEA o la CIDH- como un chivo expiatorio para montar un régimen policíaco.
A más de tres años de su gobierno, con una Justicia con mayoría radical y una minoría de jueces del PJ, Gerardo Morales avanzó con causas sobre los trabajadores que enfrentaron a las patronales y sus políticas de ajuste como en los ingenios Ledesma y La Esperanza –recibiendo una durísima represión y detenciones; al igual que los integrantes de las comunidades originarias en la quebrada por enfrentar a los terratenientes.
Pero también la juventud ha recibido persecución, detenciones y causas como es el caso de los jóvenes secundarios por defender el derecho a estudiar llegando a quedar en evidencia durante el juicio contravencional que la Policía de Jujuy se infiltra en los operativos. Esta es la verdadera Jujuy del señor feudal Morales.
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Por ello desde la izquierda, la diputada provincial por el PTS - Frente de Izquierda repudió el fallo en redes sociales la escandalosa condena.
Una nueva muestra de que la utilización política del Gobernador y su Justicia adicta en las causas iniciadas contra Milagro Sala, no tienen por fundamento investigar la corrupción que es propia a la administración del Estado capitalista y sus gobiernos. Sino aumentar la criminalización de la protesta social y perseguir a la oposición política de forma directamente proporcional que se profundiza la política de ajuste de Macri, Morales y el FMI.
Sin persecución y represión no puede pasar una política de recortes en la educación, en la salud, en las obras de vivienda, con un deterioro social enorme cuyo saldo llega a 50.000 nuevos pobres en el último año, decenas de comercios y fábricas que cierran, la pérdida de empleo genuino y con San Salvador como la segunda ciudad con mayor venta ambulante del país.
En este marco la mano dura del Estado y la Justicia son claves para que las multinacionales mineras, los terratenientes y empresarios del tabaco y Blaquier en Ledesma puedan amasar sus fortunas.
Junto con el repudio al fallo del Tribunal Oral Nº 3 es necesario preparar la organización independiente del pueblo trabajador y la juventud para enfrentar el ajuste del gobierno y las patronales en las calles. | 
