En el juzgado de Brooklyn, Alex Cifuentes, testigo de la Fiscalía de Estados Unidos en el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán, sostiene que hubo un pago realizado en octubre de 2012, meses antes de que Peña Nieto asumiera la presidencia.
Cifuentes declaró ante el jurado que no recuerda con exactitud la cifra que fue entregada al ex presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), pero que oscilaría entre los 100 y 250 millones de dólares. El 13 de noviembre pasado se habían rechazado estas acusaciones desde la Oficina de presidencia, al final del mandato del repudiado Peña Nieto.
Según se dio a conocer, el testimonio de Cifuentes se fundamenta en declaraciones y en fotografías enviadas a su celular, aunque nunca fue testigo presencial del supuesto pago, que se habría realizado en “maletas repletas de dinero”.
La Fiscalía considera al testigo como uno de los hombres más cercanos al Chapo Guzmán. Su declaración de este martes ratifica sus afirmaciones de enero de 2016, cuando inició su cooperación con las autoridades estadounidenses, las de abril del mismo año, las de noviembre de 2017 y las de septiembre de 2018. El detalle, no menor, es que las cantidades mencionadas no coinciden, pues unas veces sostuvo que fueron 250 millones y otras veces 100 millones.
A su vez, Cifuentes sostiene que recibió en su teléfono móvil fotografías de “maletas repletas de dinero” enviadas por Andrea Vélez Fernández, quien trabajaba para Juan José Rendón, un estratega político venezolano que trabajó con el PRI en la campaña electoral de 2012.
Previo a su declaración, el testigo identificó a Vélez como una de sus secretarias y señaló que El Chapo le encargó sobornar con 10 millones de dólares a un general mexicano “para que le dejara en paz”. Ese intento no prosperó, según Cifuentes, “porque el general odiaba mucho a Joaquín”.
Asimismo, Cifuentes declaró en noviembre de 2017 que Peña Nieto había contactado a Guzmán para hacerle saber que “Guzmán no necesitaba esconderse”. El abogado Lichtman le preguntó “¿Cuándo dice trabajar, quiere decir que Guzmán paga y Peña Nieto le permite seguir trabajando?” y Cifuentes respondió “me imagino que sí”. Según su testimonio, el político demandó al Chapo Guzmán 250 millones, pero éste contraofertó 100 millones.
La alianza de los cárteles con las fuerzas de seguridad
El abogado indagó al testigo que si los policías mexicanos eran corruptos. “Sí, lo son”, dijo. “¿Y los funcionarios?”, interrogó Lichtman. “También”, fue la respuesta. Todo el episodio recuerda a los hechos de noviembre de 2018, cuando el juez solicitó al jurado desestimar el alegato inicial de los abogados defensores que sostuvo que El Chapo había sobornado a los expresidentes Felipe Calderón (2006-2012) y Peña Nieto (2012-2018).
La podredumbre no deja de aflorar. El mismo Cifuentes explicó que utilizaron al ejército mexicano para su protección y para combatir a un cártel rival, el de los hermanos Beltrán Leyva. El cártel de Sinaloa pagaba entre 10 y 12 millones de dólares por cada uno de estos operativos que terminaban con la captura de integrantes del grupo de los Beltrán Leyva.
El escándalo de estos sobornos es dado a conocer por el equipo de la defensa del Chapo para probar que hay una intención de los gobiernos de México y Estados Unidos para procesar al líder del cártel de Sinaloa.
Estas declaraciones colocan en el banquillo de los acusados también al PRI, el gran perdedor de las elecciones de julio de 2018, así como al Partido Acción Nacional –la ultra derecha aliada de la Iglesia católica en México–. Exhibe de nueva cuenta los vínculos del crimen organizado y las fuerzas represivas, estas últimas repudiadas por el pueblo por su participación en la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y en masacres como las de Tlatlaya y de Apatzingán, entre muchas otras.
Y a la vez ponen en cuestión la estrategia de seguridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, líder del Morena, el partido que capitalizó en los comicios de julio el encendido repudio a los partidos tradicionales.
El escándalo suscitado en el juicio al Chapo Guzmán evidencia que la militarización de la producción y distribución de combustibles, el hostigamiento a las trabajadoras y trabajadores de la industria maquiladora en Matamoros que están en paro, el camino hacia la guardia nacional, cuyo dictamen establece que será una “institución policial de carácter y dirección civil” con una “Junta de Jefes de Estado Mayor” compuesta por integrantes de las secretarías de Defensa, Marina y Seguridad, apuntan a sostener y legitimar las fuerzas asociadas con el crimen organizado. Una estrategia de seguridad claramente opuesta a los intereses de la clase trabajadora y los sectores populares. | 
