Tras casi cinco años de impunidad en el caso que resultó la muerte del joven David Moreira por un brutal y salvaje linchamiento, la familia continúa su reclamo por justicia.

Como ya ha reflejado este medio en notas anteriores, el día 22 de marzo del 2014, fue golpeado salvajemente el joven de 18 años acusado de robar una cartera, episodio que según la fiscalía duró más de 15 minutos y participaron más de 70 personas, donde se vivieron desde insultos y patadas hasta aplastarle la cabeza con la puerta de un auto nada tienen que envidiarle a la época más bárbara de la humanidad o a los centurionegristas. Con traumatismos severos, David murió después de agonizar tres días en terapia intensiva.

De los tres imputados en la causa -prueba fundada en declaración de testigos, movimientos de las cuentas de Facebook que ‘celebraban’ haber participado en el asesinato con aberrante orgullo, y videos que circularon por las redes sociales-, ninguno fue condenado a prisión efectiva, y ni siquiera fue revocada su prisión domiciliaria en provecho de tecnicismos judiciales e incompatibilidades en el Derecho Penal, como lo fue la sentencia de la jueza Bernardelli dictando prisión domiciliaria sin que exista declarada la prisión preventiva. Mamarrachos judiciales que lejos de ser inconsistencias técnicas, funcionan perfectamente para determinar la libertad de los detenidos.

Según informó el abogado de la querella, Norberto Olivares, se llevó a cabo la Audiencia Preliminar en la que el juez resolvió elevar la causa a juicio oral. A la parte acusatoria, solo resta esperar que la Oficina de Gestión Judicial designe la fecha de inicio. Por el otro lado, Isaías D. quien acompañaba a Moreira fue condenado en la brevedad de unos meses. Haciendo alter ego en los medios de comunicación, los reaccionarios del sistema se llenan los pulmones de aire para hablar de “la puerta giratoria” por la que pasan los delincuentes; nada más alejado de la realidad, ésta nos dice que las cárceles están atestadas de jóvenes, trabajadores y de sectores populares que se encuentran en prisión preventiva muy lejos de obtener una sentencia condenatoria.

El principal delito, aberrante para la clase media pudiente y la poseedora de los medios de producción, no es el asesinato de Moreira en condiciones de salvajismo, sino el robo de pertenencias materiales. La propiedad privada, pasa a valer más que la vida –salvo claro, la ‘vida’ de un feto, por la cual los dinosaurios se desgarran las vestiduras hasta su nacimiento y después, purga-.

La descompostura de una sociedad resuelta en el auge del neoliberalismo de los
‘90, la implantación de la sangrienta dictadura en el cono sur desapareciendo a toda una generación de luchadores movidos por sentimientos de sensibilidad obrera, y reafirmada por el auge de la globalización y la concentración de la mayoría de la riqueza en cada vez menos manos produce un doble efecto estrechamente ligado. Por un lado, el individualismo imperante en la sociedad, con una formación y reproducción basado en la meritocracia y desentendimiento de las clases sociales como motor de la historia; por el otro, una ola de marginalidad al sector más vulnerabilizado de la sociedad –los jóvenes de sectores populares, los trabajadores y las mujeres- quienes son arrastrados a instancias desesperantes y olvidados por un sistema que bajo estas premisas no solo merece perecer, tiene que hacerlo.

Los despidos, la creciente desocupación, y el aumento del porcentaje de pobreza no son fenómenos aislados, son resultado de una política de Estado, la cual garantiza que ante las sacudidas en la economía nacional e internacional, los que paguen la crisis sean siempre los mismos, la clase trabajadora, desocupados y pequeños productores, mientras los capitalistas aseguran sus ganancias grotescas concentradas en apenas un puñado de personas.

La creciente ‘moda’ de los linchamientos se ve enardecida como método de ‘justicia por mano propia’ propiciada por los medios hegemónicos que promueven el título de ‘héroes’ a los vecinos que participan en las golpizas, provocando así una división entre héroes y villanos, ignorando el verdadero saqueo que estamos sufriendo en manos del FMI, el desfinanciamiento en salud y educación, la devaluación de la moneda, la pérdida de puestos de trabajo e inflación de casi un 50% contra paritarias de un 15% -o como gran logro de ciertos sectores, un 30%-. El caso Moreira no fue el único, sino que está muy lejos de ello; solo en Rosario, recientemente se acreditaron en 36 horas cuatro intentos de linchamiento por parte de vecinos a personas sospechadas de robo.

Ante estos casos, los homicidas y fundamentalistas de la propiedad privada rápidamente se excusan bajo el lema de “el Estado no cumple con su deber” pero, ¿Qué hay de cierto en esto? Ya ni el peor de los cínicos podría plantear el descontento del Estado con el actuar violento de los vecinos ensalzados de legitimidad por los dichos de la Ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich, quien a causa de su problema con el alcohol y de sus rasgos fascistas propone la libertad de tenencia y portación de armas para toda la sociedad. Pero no se queda en sus dichos, la práctica del oficialismo de los últimos meses avanza a pasos excesivos en materia de mano dura y fusilamientos. Así lo vemos en el abierto apoyo e instigación a implementar y legalizar (!) la doctrina Chocobar, autorizando a disparar primero y después preguntar, el reciente pedido de armas taser –declaradas de uso para tortura por la ONU- para uso rutinario de la policía y la exorbitante disposición de presupuesto a favor de las Fuerzas Armadas contra el desfinanciamiento de la educación.

Sin embargo, hay un trasfondo en la delincuencia que se habla poco –y nada- en los medios noticiarios. La desigualdad social, arrastrando a un sector a la marginalidad y a una vida de vaivenes entre los límites legales, conlleva a que una minoría delinca como método –limitado- de obtener ingresos y bienes. Pero es eso, una minoría que no pasa de ser un nimio porcentaje entre las clases más pobres. Del lado diametralmente opuesto, del de la burguesía, el blanqueamiento de capitales propuesto por Macri para favorecer a sus familiares y socios fue un sinceramiento abismal de que son evasores recalcitrantes y estafadores al fisco, permiten la fuga de capitales y mantienen sus riquezas en paraísos fiscales. La lección que se llega con estas premisas es simple, hay ciertos delitos socialmente aceptados porque se realizan por la clase dominante y de formas rebuscadas cuando son enormemente mayores a los actos aislados en las calles. ¿Síntesis? Ningún pibe nace chorro. Toda la burguesía sí.

Bajo estas premisas y envalentonando a las fuerzas represivas la burguesía se prepara para proteger sus riquezas del descontento social y la creciente organización de bases que hace temblar al capital. La única forma de frenar el avance imperialista y hacer retroceder los ataques que sufre la clase trabajadora a través de los despidos masivos y los tarifazos es la organización en las calles y la insurrección contra el gobierno y los regímenes fascistas que se están implementando en distintos países occidentales y como es el caso de nuestro país vecino Brasil. Pero los trabajadores en momentos de crisis coyunturales no vuelcan sus esperanzas en los sindicatos burocratizados que dejan pasar los ataques asegurando sus millonarios ingresos traicionando a la clase obrera, ni en las reformas que puede proponer otro tipo de gobierno que no rompa con el capital internacional y la burguesía nacional. Los trabajadores, siguiendo el ejemplo de los Gillet Jaunes deben organizarse bajo una línea que proponga una salida distinta para hacer retroceder a los saqueadores.