El pasado miércoles 15 se debatió dentro del senado el financiamiento de las fuerzas armadas de Chile, aprobando la reformulación de su financiamiento buscando hacerlo un sistema “democrático, transparente, estable, fiscalizado” en palabras de Alberto Espina, ministro de Defensa.
Pese a que el debate se abrió en torno a la necesidad de intervenir la economía de las milicias, hasta ahora garantizada por el 10% de las ventas de CODELCO, en el marco de una crisis de legitimidad debido a la malversación de fondos con el llamado “Milicogate”, nuevos datos han surgido mostrando gastos injustificados para el funcionamiento de las instituciones.
Uno de estos fue el último cambio de mando de la Fuerza Aérea (FACh), que consistió en más de $400 millones, tildado incluso por Sebastián Piñera como “excesivo” y “un gasto mucho más grande” que el del último cambio de mando presidencial, pese a que este último costó $613 millones.
En dicha ceremonia se destinaron $382 millones a gastos operacionales para el funcionamiento de aviones, $23,8 millones en viáticos y $7,7 millones en el cóctel, demostrando que el uso de los fondos destinados para los gastos de las FF.AA. se encuentran por lejos de la realidad.
Pero la FACh no es la única institución que destaca por los millonarios gastos en ceremonias ostentosas, ejemplo de ello fue el cambio de mando del ex general de carabineros, Hermes Soto, en donde se gastaron $10 millones en cóctel y $5,2 millones solo en el bastón de mando, instrumento sin ninguna otra utilidad que la protocolar que denota autoridad.
La lista suma y sigue con otros millonarios gastos entre los que cabe destacar que sólo en “gastos menores” se constatan $2,5 millones, evidenciando el mal uso de los dineros dirigidos desde la minería estatal, contrastada con la falta de acceso de la mayoría de la población a educación, salud y vivienda de calidad.
Pese a estos intentos del oficialismo, así como de la oposición, de lavar la imagen de la "familia militar", cada vez crece más el rechazo a las instituciones que viven en lujosa impunidad, violentando de forma sistemática a la mayoría de la población: trabajadores, estudiantes, mujeres, pueblos originarios, etc., mostrando una vez más una razón para terminar y no sólo reformar una institución que en su origen protege los intereses de empresarios y su régimen de gobierno imperante.
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