“Ahí donde está básicamente la cuna de oro, creemos que es importante que en esos colegios exista una obligación, por un compromiso país de generar una real inclusión”, así se refirió la diputada Camila Vallejo (PC) al respecto del proyecto con el que la oposición parlamentaria ha querido hacer frente a la “Admisión Justa” del gobierno de la Derecha y los empresarios.
La propuesta de un grupo de parlamentarios que va desde la cuestionada Democracia Cristiana hasta el Frente Amplio, busca que un 30% de los cupos de los colegios a nivel nacional, incluyendo a los particulares pagados, estén reservados para el 40% de la población más precarizada del país.
Con esto se busca emular el experimento realizado por el Colegio Saint George durante los años del gobierno de la Unidad Popular, pero que finalizó producto del Golpe Militar, y que se plasmó en la película de Andrés Wood lanzada en el año 2004 que da nombre a la ley.
Cristina Girardi (PPD), presidenta de la comisión de Educación en la cámara de Diputados, se refirió a la propuesta: “Cuando el Gobierno dice ‘queremos que las familias elijan los establecimientos donde quieren que sus hijos vayan’, aquí realmente van a poder elegir si quieren ir a la Alianza Francesa, al Saint George’s, al Instituto Nacional, al Carmela Carvajal. Todos por igual, gratuito”.
Desde el gobierno, las primeras críticas a la medida vinieron de la ministra de Educación, mencionando que la oposición falta a sus principios buscando que “los más vulnerables sean educados en colegios con lucro”, y con ello confirmando que la derecha empresarial, mantiene y defiende la “industria” de la educación, que segrega y gana millones con este derecho social. También al respecto se refirió el diputado de Evópoli Felipe Kast, el que recordó que fue él en su campaña presidencial en el año 2017 quien propuso la Ley Machuca.
Hernán Herrera, presidente de la Corporación Nacional de Colegios Particulares, plantea sus dudas con respecto a la ley al no conocer quién garantizaría económicamente la cuota de 30% de alumnos más vulnerables, afirmando que “Si lo hace el Estado, entonces un arancel referencial mínimo para esos escolares podría ser tres veces lo que se entrega por subvención en los colegios subvencionados. Lo que sería injusto para los niños de esas otras escuelas”.
Las declaraciones del presidente de la CONACEP dejan en evidencia la lógica mercantil de dos tipos de educación, una para ricos y otra para pobres, y en donde el que puede pagar más, puede recibir una mejor educación. Este pago por la educación, no sólo tiene relación a una mejor calidad de esta, sino también a las ganancias que reciben los grupos empresariales que manejan los recintos, y en donde también está involucrada la Iglesia Católica, con grandes cuestionamientos productos de los múltiples casos de abusos sexuales que han llevado a la institución a una profunda crisis.
Si tenemos a los defensores de la educación de mercado, quienes han salido con uñas y dientes a proteger el modelo heredado de la dictadura, como lo hemos visto con el ataque de “Admisión Justa” por parte del gobierno, desde la oposición, a pesar de la intención de buscar un espejismo de inclusión, tampoco cuestiona el modelo educativo que mantiene una formación de primera y segunda categoría. Porque, ¿Qué pasará con los estudiantes que tampoco podrán entrar a un colegio particular con este “proyecto de película”?, seguirá con ello existiendo una educación para un élite, pero con unos pocos cupos a los más pobres, mientras el resto de los hijos de las y los trabajadores sigue recibiendo una educación de mala calidad, y que mantiene este sistema de segregación.
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