La iniciativa de conformar una Guardia Nacional (GN), propuesta por Andrés Manuel López Obrador, despertó una amplia discusión que cruzó a todo el espectro político del país. Al cierre de este artículo, la GN fue aprobada en Diputados por el oficialista Morena, el Partido Revolucionario Institucional y otros partidos, y ya fue enviado a la Cámara de Senadores.
Siempre polémico, John Ackerman, uno de los principales ideólogos del Morena, defendió la propuesta presidencial desde su primera formulación. Su tesis es que la Guardia Nacional sería un paso indiscutible en la desmilitarización del país, congruente con las promesas de campaña.
Según Ackerman, AMLO “se propone nada menos que una transformación radical de la lógica de guerra impulsada por Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, Barack Obama y Donald Trump a una lógica de paz, basada en el estricto respeto a los derechos humanos y el fomento al desarrollo social.” En apoyo de esto, sostiene que la creación de la Guardia Nacional sería “el último punto de un amplio plan de seguridad y paz cuyo énfasis es resolver de raíz el problema de la violencia por medio del combate a la corrupción, una reforma del sistema de Justicia, una nueva regulación de las drogas, el fomento del empleo y la educación, un proceso de desarme y amnistía transicional, así como una necesaria reforma carcelaria.”
Ackerman justifica la propuesta argumentando que “López Obrador quiere que los militares regresen a sus cuarteles, pero retirar de golpe a todos los soldados de la calle este 1 de diciembre sería sumamente peligroso y generaría un enorme vacío de poder. Hay que trazar una ruta responsable de remplazo paulatino de los militares por fuerzas civiles altamente capacitadas.”
Como parte de este intento por inscribir la GN en una estrategia alternativa de seguridad, sostiene que esta “desmilitarización de la seguridad pública” se cimentaría, por ejemplo, en la eliminación del fuero militar y en que los integrantes de la GN no provendrían en su mayoría del Ejército o la Marina, entre otras medidas.
Justificando lo injustificable
Alfonso Durazo, el ex priista y ex foxista secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de AMLO, sostiene que se trata de la “policialización de los militares”. En el mismo sentido, Ackerman justifica la GN aduciendo que la mayoría de sus integrantes no provendrán de las corporaciones militares, sino de la Policía Federal, así como del reclutamiento de miles de jóvenes.
Esta argumentación no se sostiene. En primer lugar, porque la Policía Federal ha participado activamente en funciones represivas contra las protestas obreras y populares, primero como Policía Federal Preventiva y luego como PF. Desde el apresamiento de 1000 estudiantes el 6 de febrero del 2000 (el “bautismo de fuego” de la PFP) hasta la masacre de Nochixtlán el 19 de junio del 2016, son sólo dos ejemplos de su carácter represivo, a lo cual podríamos agregar cientos de casos más.
En segundo término, porque la Guardia Nacional, ya desde su actual y primera fase, incorpora a integrantes del Ejército y la Marina, corporaciones que jugaron un rol central en la militarización del país durante los sexenios previos. Aunque el dictamen aprobado en Diputados por la alianza Morena-PRI modificó en algunos puntos la propuesta inicial de AMLO, el resultado no cambia ni el carácter ni las funciones de esta nueva corporación. El mando “mixto” civil y militar aprobado por Diputados en realidad significa que al frente de la Guardia Nacional estarán los secretarios de Seguridad Pública, de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Marina (SEMAR). Los mandos superiores de la SEDENA y la SEMAR, recientemente nombrados por López Obrador, participaron de la llamada “guerra contra el narco” de los sexenios previos, como el conjunto de las corporaciones mencionadas, responsables —por ejemplo— de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Mientras los diputados de Morena avanzaban con el plan de la GN y se aliaban escandalosamente con el PRI para lograr la mayoría calificada, días antes la Corte Interamericana de Derechos Humanos hacia público un dictamen contra el Estado mexicano por la desaparición forzada de personas durante el Operativo Chihuahua, el cual se efectuó en el 2009 por parte de las instituciones castrenses que coordinarán y nutrirán la Guardia Nacional lopezobradorista.
En tercer lugar, no son pocas las voces que argumentan que la propuesta de AMLO le da al ejercito la legalidad que los altos mandos reclaman desde hace años para legitimar su accionar en funciones de seguridad interna. Esto es indudable: aunque los cambios introducidos por los diputados buscan convencer infructuosamente de que estamos ante una “corporación civil”, el hecho es que se crea un nuevo cuerpo, conformado por militares y policías con experiencia previa o de reciente incorporación, con un marco legal que lo justifica para acciones de seguridad interior. Incluso AMLO criticó los cambios que introdujeron los diputados, y le exigió “respetuosamente” al Senado que clarifique de qué forma participarán los militares: “Eso tiene que quedar claro”, en particular la facultad de las fuerzas armadas para intervenir en “asuntos de seguridad pública”. En ese sentido, cualquier límite que Ackerman pretenda encontrar en la nueva legislación (particularmente en la fiscalización del accionar y los buenos deseos de que se “respetarán los derechos humanos”) para interpretar a modo la iniciativa de AMLO, son eclipsados por el salto que supone la legalización del accionar en una nueva corporación policíaco-militar de alrededor de 60 mil integrantes, en un contexto signado además por las redes de encubrimiento e impunidad existentes entre las instituciones de justicia y las fuerzas armadas, como vimos en el caso Tlatlaya.
Ahora bien, ¿donde queda entonces la “desmilitarización” de Ackerman? ¿En el cambio de nombre? ¿En la fusión de elementos policiales de probada acción represiva, con militares y marinos integrantes de instituciones responsables de cientos de miles de desaparecidos y asesinados? ¿En la peregrina idea de que habrá respeto a los derechos humanos por parte de militares y marinos?
Sostenemos que el argumento de que es el primer paso en la desmilitarización del país no resiste la crítica, mucho menos la idea de que estamos ante una “Guardia nacional ciudadana” que “no actuará contra el pueblo”.
Aunque el discurso lopezobradorista cambió respecto a la retórica guerrerista de Calderón y Peña, en su sustancia —esto es, en la preservación del rol de las fuerzas armadas como pilares de la llamada “seguridad interna”— hay una continuidad esencial. Para justificarlo, los referentes del MORENA ponen un signo igual entre el “caos” y la desmilitarización, dejando como única opción realista la Guardia Nacional, lo cual tiene evidente similitud con los discursos con que priistas y panistas justificaron la presencia de las fuerzas armadas en las calles.
Esta propuesta va claramente en contra de la demanda de desmilitarización y que el Ejército regrese a los cuarteles, enarbolada durante años por las organizaciones populares, sociales y de derechos humanos.
El nuevo relato de AMLO... relegitimando el ejército
Donde AMLO decididamente va más allá que las administraciones anteriores, es la relegitimación de las fuerzas armadas en clave “progresista”. Como escribíamos en un artículo previo, “Para justificar su propuesta y darle nueva legitimidad a las Fuerzas Armadas, el nuevo presidente pretende instalar un nuevo relato. Por eso inauguró su gobierno enalteciendo al Ejército: ´Las Fuerzas Armadas están entre las mejores instituciones de México.... Se trata de un Ejército revolucionario, surgido del pueblo y que ha experimentado pocos quiebres en su unidad y disciplina´. Y luego afirmó tener confianza también en las Fuerzas Armadas porque han actuado con responsabilidad y no se han mezclado, inmiscuido en negocios que se hacen a la sombra del poder.” Esto fue resumido y retomado por muchos morenistas en redes sociales en la idea de que “el ejército es el pueblo uniformado”.
También decíamos que, “lejos de un ejército del pueblo, las fuerzas armadas son el pilar del Estado capitalista, cuyo rol reaccionario es reprimir los movimientos de protesta obrera y popular, y a la par, mediante la militarización, instituir un clima de terror y amedrentamiento contra la población. Son las principales responsables de las desapariciones, los asesinatos y las torturas, como la matanza de Tlatlaya y la masacre de Iguala. Lejos de “no haberse inmiscuido en negocios”, la asociación entre distintos niveles de las fuerzas armadas y los cárteles del narcotráfico ha sido establecida una y otra vez, así como la participación activa de las fuerzas de seguridad en “negocios” como la trata y el secuestro de migrantes, entre otros.”
El carácter de las corporaciones policíacas y militares, en tanto instituciones fundamentales del estado burgués, no se modifica porque cambie el personal político que está al frente del gobierno. Ni el estado ni sus fuerzas armadas pueden asumir un rol autónomo de las clases y contradicciones sociales, y actuar con apego a la defensa de la “justicia” y la “paz”, como pretenden los intelectuales lopezobradoristas. Más allá del nombre de la nueva corporación y los discursos de que “no reprimirá al pueblo”, bajo el capitalismo —y aún bajo la Cuarta transformación del presidente— son la salvaguarda de los intereses de la clase dominante, y de la explotación y opresión sobre los trabajadores y las grandes mayorías.
Cómo enfrentar la violencia y la inseguridad
Decíamos al inicio de este artículo, que John Ackerman también plantea que es la última parte de un plan integral que busca desterrar las causas de la violencia. Además de recordarle que en realidad resultó ser el primer capítulo, debemos discutir si las medidas propuestas por AMLO realmente modificarán de raíz esta situación.
En primer lugar, resolver el problema de la violencia e inseguridad no pasa por fortalecer y relegitimar a las fuerzas armadas. Por el contrario, éstas están vinculadas a los grandes grupos del crimen organizado como ha sido ampliamente comprobado. En esta asociación participan también distintos estratos de la llamada “clase política” y del aparato del estado mexicano, como es evidente en los casos del narcotráfico o las redes de trata. Y por eso son los principales responsables de la violencia y la inseguridad. El alineamiento con las políticas de Estados Unidos es la base estructural de la situación de descomposición social que recorre el país de forma cada vez más agravada en las últimas décadas; en particular con la “estrategia de lucha contra las drogas” que tiene en la militarización un pilar fundamental, el cual fortaleció la sujeción de México al imperialismo. La participación de las agencias gubernamentales de los Estados Unidos en la política de seguridad mexicana —incluyendo por supuesto los acuerdos y pactos con determinados “cárteles” del narcotráfico— ha sido un factor indudable. Sin atacar la subordinación y la dependencia de México a los Estados Unidos, es una quimera pretender afrontar y resolver la situación que vive el país y se expresa en la miseria, la descomposición social y la violencia que sufren millones, en primer lugar las mujeres y la juventud. Por el contrario, la administración de Trump no puede ver más que con beneplácito el avance de la militarización del país.
A la par, miles de jóvenes son carne de cañón del narcotráfico y los negocios ilegales del llamado “crimen organizado”. Y la base de eso está en la desigualdad y la falta de oportunidades. Pero eso no se resuelve con la incorporación de los jóvenes a la Guardia Nacional para enfrentar a sus propios hermanos de clase y fortalecer los mecanismos represivos del estado. En tanto que los programas de becas del gobierno, aunque pueden generar simpatía y expectativas en la población después de décadas de neoliberalismo, representan en realidad un paliativo que, mientras apunta a la creación de miles de puestos de trabajo precario, no compite con los “cárteles” ni resuelve las necesidades obreras y populares de fondo. Lo que se requiere es garantizar trabajo para todos: lo cual supone repartir las horas de trabajo entre empleados y desempleados, con un salario que sea, como mínimo, igual a la canasta básica. Éstas medidas deben ir acompañadas de dejar de pagar la deuda pública externa para obtener los recursos necesarios para garantizar educación y salud para todos y cuestionar de raíz la subordinación de México a los Estados Unidos.
La realidad es que las propuestas de Morena que Ackerman defiende, no afrontan las causas profundas de la inseguridad y la violencia y terminan preservando la militarización bajo otro nombre, bajo un manto supuestamente “democrático” que choca brutalmente con la historia y la realidad del accionar de las fuerzas armadas en México. Enfrentar la militarización y dar una respuesta de fondo a los grandes problemas del país implica levantar medidas como las que esbozamos antes, que son parte de una perspectiva que busca atacar de raíz las bases de este sistema capitalista —que solo ofrece violencia, opresión y miseria a las mayorías populares— y pugnar por una verdadera y profunda transformación revolucionaria de la sociedad. |
