Como si aún rigiera el feudalismo, el gobernador Morales afirmó que existe “una familia importante” de la provincia que está interesada en la adopción de la beba, tras la cesárea impuesta contra la voluntad de la niña de 12 años que quedó embarazada tras ser víctima de una violación.
No conforme con avasallar el derecho de la niña, que había solicitado junto a su madre la interrupción legal del embarazo (ILE), contemplada en el Código Penal desde 1921 para casos de abuso sexual. Morales defendió el accionar llevado adelante, aseguró que “se cumplió totalmente con el protocolo” y ahora afirma algo que viola por completo lo que establecen todos los protocolos de adopción.
El abuso de autoridad y la violencia institucional ejercida por el Gobierno de Jujuy y el Poder Judicial, bajo el lobby de la Iglesia y los grandes medios, se transformó en un escándalo nacional que continúa escalando tras las palabras del gobernador.
Las afirmaciones de Morales pasan por encima de la ley de adopción en Argentina, que establece como requisito para ser adoptante la inscripción en el Registro de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos. Luego de ese paso, comienza la evaluación realizada por un equipo técnico que determinará la idoneidad jurídica, médica, psicológica y socio-ambiental de los postulantes para poder ingresarlos a la “Nómina de Aspirantes”. Recién ahí, se procede a abrir el legajo correspondiente.
Pero para Morales hay “familias importantes” (poderosas, en otras palabras) por las que ameritaría hacer una excepción. Más señor feudal, no se consigue. | 
