Esta mañana, durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, Jorge Alcocer, titular de la Secretaría de Salud, dio cuenta del estado en que se encuentran los heridos tras la explosión en el ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Tlahuelilpan, Hidalgo. Asimismo, actualizó la cifra de víctimas mortales.
Según reportó el funcionario, hacia las 05:00 horas de este lunes, sumaban ya 89 personas muertas producto de la explosión de una sección del ducto Tuxpan-Tula. De acuerdo con el gobernador de Hidalgo, la cifra de muertos ascendió a 91 hacia el medio día. De las 51 personas heridas que están siendo atendidas en distintos centros de salud, dos jóvenes heridos, reportó Alcocer, fueron trasladados a un centro especializado en atención de quemaduras en Galveston, Texas, Estados Unidos.
Hasta este domingo, 67 cuerpos permanecían sin identificar, víctimas de una tragedia que ha tenido alcance internacional. Pese a que los trabajos periciales para determinar la causa del siniestro continúan, la información que ha circulado apunta a que Pemex y la Policía Federal tenían conocimiento de la fuga de combustible al menos hora y media antes de la explosión.
López Obrador y el Ejército, por su parte, cerraron filas para justificar la respuesta de éstos últimos, misma que provocó cuestionamientos sobre los protocolos de actuación de las Fuerzas Armadas, en medio de la polémica por la Guardia Nacional.
El abandono en que se encuentran numerosas instalaciones de Pemex que tienen, literalmente, décadas de uso, ha traído de vuelta una denuncia largamente enunciada por trabajadores petroleros, periodistas y activistas sobre la desinversión en la empresa para propiciar su entrega a capitales privados.
La tragedia de Tlahuelilpan no es la primera provocada por fallas y desidia de las autoridades. Ya en 2016, la explosión del complejo Pajaritos, en Veracruz, dejó 32 trabajadores muertos y más de 130 heridos.
El cuestionamiento y denuncia sobre las circunstancias que rodearon la tragedia, han significado para el gobierno de López Obrador un nuevo frente de respuesta mediática que el tabasqueño ha atendido con constantes conferencias de prensa extraordinarias y el anuncio de cuatro acciones básicas: más vigilancia, compra de autotanques para incrementar la capacidad de distribución de combustible, plan de bienestar y la aplicación de la ley para erradicar la corrupción.
Por su parte, el nuevo titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, buscando rescatar la credibilidad del órgano, anticipó que tanto militares como funcionarios de Pemex y del gobierno del estado de Hidalgo serán llamados por el Ministerio Público Federal, aunque sólo para declarar en la averiguación que busca establecer una cronología de los hechos.
Llegar al fondo de las causas de la tragedia y castigar a los responsables es una exigencia cuya respuesta por parte del gobierno de AMLO podría evidenciar la contradicción entre el reclamo de justicia y los límites del discurso anticorrupción de AMLO, que en repetidas ocasiones ha manifestado su nulo interés por abrir investigaciones en contra de los verdaderos "peces grandes".
Esta lista incluiría nombres de personajes como Hank Rohn y Muriño Terrazo o el mismo charro petrolero Carlos Romero Deschamps, beneficiados los primeros por contratos a modo en Pemex durante administraciones del PRI y el PAN y el segundo, célebre por su desfalco millonario a la empresa y al sindicato. | 
