Era de esperar que la norma sea cuestionada y no faltan razones para ello. Uno de los puntos más criticados del decreto se refiere a la negación del principio de inocencia, ya que posibilita la incautación de bienes por parte del Estado aunque no haya una condena penal sobre la persona. Además, el decreto habla de "actividades ilícitas", sin especificar con precisión cuáles serían.
Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista, expresó que “es necesaria una ley de extinción de dominio que sea una acción distinta al proceso penal pero la piedra de toque para poder iniciar el proceso tiene que ser una condena firme, no un simple procesamiento".
En cuanto al carácter retroactivo que se habilita, señaló que el “Código Civil establece que es posible darles un carácter retroactivo a las leyes en la medida en que no se afecten derechos de las personas o derechos adquiridos. Si no hay una sentencia y sólo hay un auto de procesamiento, la retroactividad estaría afectando derechos de las personas. Si la persona termina absuelta, además, llevará años una acción por daños y perjuicios para que el Estado devuelva lo que desapoderó”.
Por su parte el constitucionalista Gustavo Arballo señaló que “aunque se reglamente como el procedimiento que hace un juez civil, está intrínsecamente conectado a un proceso penal, de forma tal que infringe la prohibición de sancionar DNU en esta materia que tiene la Constitución. De hecho, los proyectos en trámite en el Congreso lo reconocían al regular la modificación de artículos en el Código Penal. Por la misma razón, en la medida en que la extinción de dominio se activaría sin necesidad de una ‘sentencia firme’, supone una transgresión del derecho al recurso y viola la presunción de inocencia que tienen los imputados”, agregó.
Desde la oposición, los cuestionamientos no tardaron en llegar.
Agustín Rossi jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria (FPV) señaló: "que Macri deje de vender humo y que empiece pagando lo que debe a los argentinos por la estafa que hicieron en el Correo. El DNU de Macri no sirve para castigar la corrupción y es inconstitucional", agregó. Mientras que La abogada Graciela Peñafort aseguró que "esta norma es causal de juicio político para Macri y todos los ministros que la firmaron".
La medida oficialista fue tan criticada que hasta el peronista, pero de mucha cercanía con el Gobierno, Miguel Ángel Pichetto, expresó su rechazo al mecanismo del decreto.
Vale recordar que Pichetto es uno de los legisladores claves para que el oficialismo pueda transformar en leyes varias de las medidas de ajuste, confeccionadas a pedido del FMI, como la mal llamada reforma jubilatoria.
Desde la Izquierda, Christian Castillo , dirigente del PTS-Frente de Izquierda, en relación a la firma del DNU, señaló que: "las 50 mayores fortunas de la Argentina llegan a 70.000 millones de dólares: 5 veces la suma de los fondos para Salud, Educación y Obras Públicas del Presupuesto 2019. Para sacar al país de la decadencia infinita hay que expropiar a los expropiadores. Lo demás es chamuyo".
Por su parte Myriam Bregman, diputada porteña del PTS/Frente de Izquierda, a través de twitter expresó que "#Urgente Una vez aprobado el decreto, la justicia citaría a la familia Macri para que justifique cómo se enriqueció en la dictadura".
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