“Los criminales tienen que devolver hasta el último bien que se llevaron legítimamente. El que las hace las paga”, dijo el presidente Mauricio Macri cuando anunció la firma del decreto que establece la extinción de dominio que ya fue publicado en el Boletín Oficial bajo el nombre de “Régimen procesal de la acción civil de extinción de dominio” y que es objeto de innumerables críticas.
Macri, aconsejado por sus gurúes electorales, Marcos Peña y Duran Barba, decidió arrancar el año en modo electoral. Primero transfirió el control de todas las obras públicas nacionales a su mano derecha, el jefe de Gabinete Marcos Peña, lugar clave para sumar voluntades políticas de oficialistas y opositores en todo el territorio. Luego vino una furibunda campaña a favor de la mano dura que incluyó declaraciones a favor de la baja de edad de imputabilidad y la puesta en marcha de una nueva doctrina de seguridad impulsada por Patricia Bullrich, ministra de esa cartera, que no es otra cosa que la legalización del gatillo fácil. Ahora llega su última medida, la extinción de dominio, vía decreto, salteando una vez más la vía parlamentaria.
La medida tiene como objetivo caer bien en amplios sectores de la población con la intención de recomponer la imagen gubernamental, maltrecha por la crisis económica y política en un año regido por un calendario en que Macri apuesta a su reelección.
Pero pareciera que no sólo Macri está en modo electoral. Una de las figuras ministeriales con más exposición pública y portavoz de sus últimas campañas es Patricia Bullrich. "Vamos a ver cuántos legisladores son capaces de voltear la ley", dijo la ministra. Además, les explicó a los ciudadanos que esta medida es “para el ciudadano que se levanta todos los días a las 6 de la mañana para ir a trabajar”. ¿Será que la ministra y el presidente piensan poner al servicio de los millones de personas que padecen el déficit habitacional, los inmuebles incautados? Lo dudo.
Seguramente Bullrich se entusiasmó con la versión, instalada por el propio oficialismo, de que la candidatura de vicepresidente será ocupada por una mujer y también está haciendo campaña.
Ayudado por las opiniones de periodistas de varios medios de comunicación, que vienen siendo un gran sostén de un gobierno debilitado y lleno de problemas, la campaña ya cosechó algunas muestras de simpatía de una población a la que los actos de corrupción, en los que están involucrados tanto oficialistas como opositores y funcionarios de administraciones anteriores (como el kirchnerismo), le generan hastío y por supuesto indignación.
El clan Macri “las hizo”, pero todavía no pagó
Está por verse si la apuesta electoral les dará los resultados esperados a Macri y sus funcionarios. Pero lo que sí se puede ver ahora es que no hay ninguna intención gubernamental seria de avanzar sobre los bienes y el dinero derivado de actos de corrupción y negociados con el Estado, sino el primer grupo empresario que debería sufrir la “incautación” de su fortuna son los Macri.
Parafrasenado al propio presidente podríamos decir que si hay un grupo empresario que en Argentina “las hizo” casi todas, y nunca pagó nada es el clan Macri, fundado por Franco Macri, el padre presidencial.
Fue contratista del Estado, su importancia dentro del sector empresarial dedicado a vivir de los negociados con el Estado es tan grande que fue uno de los creadores de la llamada “patria contratista” a partir de la cual se enriqueció exponencialmente durante la última dictadura cívico-militar. Fue además beneficiado con la estatización de una deuda millonaria otorgada por Domingo Cavallo, presidente del Banco Central al finalizar la dictadura. En los ‘90 se adapto a la “moda empresarial de la época y se beneficio con la privatización del Correo Argentino, por Carlos Menem. Y la lista sigue.
Hoy, el grupo Macri mantiene una deuda con el Estado, a través de las empresas Yacilec y Correo Argentino, que podría alcanzar a cerca de $ 70 mil millones proyectada. A esto hay que sumarle la condonación (en realidad la absorción por parte del Estado) de 170 millones de dólares del grupo Socma durante la última dictadura, de la mano de Domingo Cavallo.
Macri, además, al poco tiempo de asumir promovió el famoso blanqueo de capitales, gracias al cual empresarios y funcionarios se beneficiaron. Incluso hasta su propio hermano, Gianfranco, blanqueo la suma de U$S 4 millones. Dicha medida se conoció después de que se filtrara que el propio Macri, y funcionarios de su cercanía, tenían cuentas offshore.
¿Cuándo Macri dice “Los criminales tienen que devolver hasta el último bien que se llevaron ilegítimamente” se referirá a él y su familia? ¿O a ex funcionarios suyos como Luis Caputo y Juan José Aranguren? ¿O a Néstor Grindetti, intendente de Lanus y dirigente del PRO? También lo dudo.
Seguramente a medida que avance el calendario electoral, más medidas de este tipo aparecerán. | 
