Ni los presupuestos de Sánchez, ni los de las diferentes comunidades autónomas, dado el bajo nivel de inversiones ya histórico y el insuficiente presupuesto previsto para 2019, aliviarán este problema que viene siendo endémico sobre todo desde el inicio de la crisis.
Cualquier usuario de la sanidad pública sufre y comprueba diariamente los problemas derivados de los recortes y la falta de nuevas inversiones en el sistema sanitario público, independientemente de quien esté al frente de los gobiernos o la comunidad autónoma de que estemos hablando.
El infierno de las listas de espera
Las enormes listas de espera que existen para la realización de cualquier intervención quirúrgica, incluso aunque ésta se haya prescrito con la calificación de urgente dada la gravedad existente para la dolencia del enfermo en espera -casos en los que la rapidez de la operación es un factor clave- son una de las expresiones más crudas del impacto de estos recortes en la sanidad pública.
Los datos en este sentido son significativos y certifican claramente el deterioro de la sanidad en este apartado, dado que se ha pasado de los 71 días de media de demora para realizar una operación quirúrgica en el 2008 a los 106 de 2017, por ejemplo. El peor año fue el 2016, con 115 días de espera.
Durante todo el período 2008/2018 ha ido in crescendo el número de días necesarios para poder ser operado. Todo esto a pesar de algunos cambios que se han dado en la metodología para medir los niveles de demora en las intervenciones quirúrgicas, destinados a enmascarar la situación. Es lo que hizo, por ejemplo, Esperanza Aguirre durante su mandato al frente de la Comunidad de Madrid, contabilizando solo los datos a partir de la cita con el anestesista, olvidándose de todo el largo periplo anterior y permitiéndole maquillar los números que había asegurado en campaña electoral que mejoraría, sin que fuera así en ningún caso.
Médicos internos residentes, una rebelión “urgente”
La pésima situación de la sanidad que sufren los trabajadores y las clases populares se constata también por el estado lamentable de la situación en las urgencias. Con gran cantidad de enfermos atendidos en camas ubicadas en los pasillos, cuando no haciendo esperas interminables sin ser atendidos independientemente de la gravedad de sus dolencias. En las últimas semanas se ha producido incluso el fallecimiento de dos enfermos en el hospital Universitario de Santiago de Compostela que no llegaron a ser atendidos por la situación de desborde asistencial existente, lo que fue denunciado con indignación por el propio personal sanitario. Las direcciones de los hospitales, sin embargo, han mirado para otro lado y no se han hecho responsables de lo sucedido. Tampoco la Xunta de Galicia ha querido saber nada de este verdadero crimen social y lo ha justificado achacándolo a una situación puntual.
La grave situación en las urgencias ha desatado varios conflictos con el personal médico, acuciado por la saturación existente, como todos los inviernos, a partir de la epidemia de la gripe en prácticamente todos los hospitales públicos. Aunque la crisis de la sanidad pública lejos de ser un problema estacional es permanente, es decir, estructural. Consecuencia de ello se han producido recientemente algunas protestas y movilizaciones de los médicos internos residentes (MIR) de urgencias en varios hospitales, como el Hospital 12 de Octubre y La Paz de Madrid, extendiéndose la huelga y las protestas a hospitales de otras muchas comunidades autónomas.
Los MIR son quienes llevan básicamente el peso de las urgencias hospitalarias, aunque son médicos en prácticas. Han realizado las protestas y huelgas por estar sometidos a un fuerte estrés y a un grave problema de calidad asistencial, dado que no cuentan con suficientes apoyos por parte de médicos más experimentados, puesto que apenas hay profesionales de este tipo en las urgencias. En concreto, en el caso del 12 de Octubre, hace algunas semanas fueron a la huelga por disponer de tan solo dos médicos adjuntos para 22 MIR, una situación generalizada a todos los hospitales. Así la seguridad social se ahorra mucho dinero, mientras empeora nuestra calidad asistencial poniendo en riesgo la salud de los usuarios y precarizando al extremo a los propios MIR.
La penosa situación en urgencias, por otra parte, tiene una relación directa con las camas hospitalarias existentes y su evolución. Pues bien, los datos reflejan también con enorme evidencia el deterioro durante todo el período. Se ha pasado de 115.419 camas hospitalarias disponibles en 2010, cuando ya se había retrocedido bastante, a 109.913 camas disponibles en el 2016, último año del que existen datos. Es decir, un retroceso de 5.506 camas menos, prácticamente un 5% menos.
Otro aspecto clave del deterioro es la situación en la que se encuentra la atención primaria y los médicos de familia. Con esperas cada vez mayores para lograr una cita para una consulta médica que debería ofrecerse de manera casi inmediata, para el propio día o el día siguiente según el turno y la hora de petición de cita. Teniendo en cuenta además, como agravante, que los trabajadores en activo tienen la obligación de acudir al médico de atención primaria para lograr la baja médica si se encuentran enfermos y si no tienen derivado el servicio hacia una mutua.
Reducción de horarios en centros de salud de la Comunidad de Madrid
Partiendo de esta mala situación, el último ataque a la sanidad pública en la Comunidad de Madrid ha sido el intento de reducir los horarios de algunos centros de salud. Nada menos que, para empezar, en 14 de ellos. La experiencia piloto se iniciaría por Alcalá de Henares y el objetivo sería que no se atienda a ningún paciente a consulta médica a partir de las 18:30 horas, lo que ha despertado una enorme indignación en las localidades y barrios afectados. Se han desencadenando protestas porque esa medida supone claramente un recorte importante en las prestaciones de atención médica básica. Hablamos de atención primaria y médicos de familia, lo que afecta a amplios sectores de la población, sobre todo a los que no pueden acudir antes de esa hora al médico en esos barrios y localidades.
Al mismo tiempo, los retrasos injustificados y las permanentes demoras se repiten con los médicos especialistas y cualquier prueba médica mínimamente compleja que se prescriba. Con los especialistas se hace misión imposible lograr la cita médica como pronto pasados ya bastantes meses desde la derivación. Todo ello, también con grave riesgo para la salud. Respecto a las pruebas médicas si las prescribe el especialista, lo más habitual, hay que esperar primero para ser recibido por éste, con los amplios plazos que esto se viene produciendo. Al final la prueba médica se retrasa durante muchos meses.
“Medicamentazo” y medidas privatizadoras
A esto habría que añadir como otro facto de degradación de la sanidad pública el “medicamentazo” que existe desde 2012 a partir de las medidas dictadas por Ana Mato a la sazón ministra de sanidad de entonces del Gobierno de Rajoy. Un enorme recorte por el que se incrementaron los copagos de las medicinas para amplios sectores de la población en situación de vulnerabilidad, por lo que muchos dejaron de tomar medicamentos esenciales para su salud al no poder pagarlos. Medidas que hoy por hoy continúan vigentes, si bien Pedro Sánchez en los presupuestos recientemente presentados dice querer revertir esta situación para 6,8 usuarios de rentas bajas.
También, se han dado importantes recortes en el área de los medicamentos vía estímulos retributivos para los médicos, por ejemplo, para que no se receten a los enfermos determinados medicamentos más caros, pero en muchos casos más eficaces. Cuando no, aún más grave e indignante como sucedió con los enfermos de hepatitis C al no prescribir un medicamento muy eficaz en el 96% de los casos para curar la enfermedad, pero muy caro, pese a provocar muchas muertes. Solo gracias a la lucha decidida y contundente de estos colectivos se acabaron recetando este medicamento.
Ligado a esto, el otro motivo central que contribuye al deterioro de la sanidad pública es el desvío generalizado y continuado de pruebas a hospitales privados, para mayor beneficio del capital privado. Ésta ha sido y sigue siendo otra de las prácticas habituales que malversa los recursos de la sanidad pública. También la no inclusión de nuevas prestaciones esenciales en la cartera de los servicios públicos sanitarios, tales como la odontología, deteriora la calidad del servicio sanitario público en beneficio de las empresas que se lucran con la sanidad.
Racismo sanitario
A todas estas miserias de la sanidad pública, se suma el abandono a su suerte de la población inmigrante en situación irregular al no poder ser atendidos en la sanidad pública por expresa prohibición impuesta por el Gobierno de Rajoy ha supuesto otro elemento más de deterioro para la sanidad pública y del repugnante racismo institucional existente. También impuesto desde 2012 con Ana Mato como ministra, en todo el Estado español, lo que llevó a situaciones de gravedad médico-asistencia tanto para la población inmigrante como para el resto. Muchos inmigrantes con dolencias graves fallecieron sin atención o han tenido que salir de su situación con graves dificultades y gran quebranto económico. Este es otro tema en el que el Gobierno de Pedro Sánchez ha señalado que va a revertir posibilitando la atención sanitaria integral de la población inmigrante y, en consecuencia, regresando al concepto de “sanidad universal”. Veremos finalmente que sucede a este respecto.
Ataques a la sanidad y precarización, un problema estructural del capitalismo
Las profundas y enormes deficiencias del sistema sanitario del Estado español afectan a todas las áreas de atención, incluida la prevención sanitaria y que, por lo tanto, son problemas estructurales derivado de los recortes y la baja inversión pública durante años en sanidad que además continúa descendiendo.
Estos ataques a la sanidad pública no se han detenido con ningún gobierno ni del PP ni del PSOE. De hecho, aunque la movilización en la calle logró detener la privatización de una serie de hospitales públicos en algunas comunidades, como por ejemplo en la Comunidad de Madrid, muchos de los ataques señalados perviven y se extienden. Sigue habiendo muchos hospitales concertados con dinero público pero gestionados por empresas privadas en la totalidad de las comunidades autónomas. Y gran cantidad de trabajos, tanto de carácter sanitario como de servicios en general que se desarrollan en los hospitales se siguen prestando por empresas privadas subcontratadas. Personal que en la mayoría de los casos está en condiciones de elevada precarización y super explotación.
Pero es que además el propio personal sanitario directamente contratado por la administración viene padeciendo una situación de enorme precarización, con gran parte de las plantillas de trabajadores sometidas a contratos temporales de muy corta duración y sin cubrirse la tasa de reposición del personal estructural, lo que provoca la pérdida de empleo.
En concreto, antes de los recortes de 2012 el personal total sanitario era de 508.000 personas según datos del Ministerio de Hacienda, bajando hasta 479.000 trabajadores y alcanzando el 2018 los 500.000. Es decir que se produjo una rebaja de 29 mil trabajadores, un 5,7% menos, y aunque según datos oficiales se ha recuperado parte del empleo perdido, todavía se está unos 8 mil trabajadores por debajo.
Tras el recorte de los 7 mil millones de Rajoy el 2012 en Sanidad, se ha ido recuperando lentamente el gasto, si bien todavía no se han alcanzado los 72.928,3 millones de euros de 2009 que ya para entonces resultaba bastante insuficiente. Tras casi diez años de deterioro de la sanidad pública, el presupuesto del Gobierno de Pedro Sánchez lo mantiene todavía algo por debajo de aquella cifra, alcanzando los 72.812,9 millones. Y esto suponiendo que se consigan aprobar los presupuestos presentados y que se cumplan las exigencias de Bruselas a propósito de la disciplina presupuestaria y el recorte de gasto estructural del que sanidad es un elemento esencial.
La mala calidad en la atención, la degradación y las privatizaciones de la atención sanitaria pública seguirán avanzando mientras los trabajadores y usuarios no luchen y se organicen por un servicio sanitario público de calidad, tecnológicamente avanzado, dotado de recursos materiales y humanos eficaces y suficientes gestionados por los propios trabajadores y usuarios en favor de la mayoría obrera y popular. | 
