Este jueves en conferencia de prensa, las 11 mujeres que presentaron denuncias formales de entre las decenas que sufrieron abusos sexuales durante la represión de Atenco en 2006, se posicionaron ante la resolución de la Corte Interamericana.
Desde 2008, interpusieron una denuncia contra el Estado mexicano por las violaciones a derechos humanos y la tortura sexual que vivieron los días 3 y 4 de mayo de 2006, cuando fuerzas policíacas enviadas por la administración del entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, irrumpieron en el poblado de San Salvador Atenco.
La denuncia siguió el proceso en la Comisión y posteriormente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que hizo pública la resolución del caso el 21 de diciembre de 2018.
El Estado mexicano con órdenes directas sobre la policía estatal, federal y el ejército es responsable por las detenciones arbitrarias, el uso innecesario de la fuerza pública, tortura y tortura sexual; según la respuesta de la CIDH.
Aseguraron que este caso sienta un precedente para que no vuelva a ocurrir, particularmente con la estrategia del gobierno de militarización del país en el contexto de la "guerra contra el narcotráfico".
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