La novedosa diligencia ordenada por la magistrada Rutherford, la cual solicita la información de los viajes realizados en la última década por 46 generales, incluido el actual comandante en jefe, Ricardo Martínez, pone en jaque a los altos mandos. La misma magistrada alista encausar a dos de los máximos ex jefes del ejército: Humberto Oviedo y Juan Miguel Fuente-Alba.
Los dos últimos máximos jefes de la institución militar, ya mencionados, habían enfrentado en diciembre del año pasado a la justicia, donde Fuente-Alba como testigo declaraba por supuestos sobreprecios en la compra de dos helicópteros por parte del ejército, mientras que, Oviedo era declarado como inculpado por fraude al fisco por la entonces ministra Romy Rutherford.
Para contextualizar, a principio del año pasado, la ministra en visita Romy Rutherford amplió el caso de fraude al fisco por parte de la institución, abriendo una arista denominada Empresas de turismo donde oficiales del Ejército habrían participado receptando dineros públicos, implicando a empresas de turismo por facturas falsas de servicios no prestados, que resultó en la salida del general del ejército y segundo al mando de la institución militar, John Griffiths.
Por ello, hoy los ex comandantes en jefe, se ven con el agua hasta el cuello porque los fraudes del ejército ya no se pueden esconder bajo la alfombra. Cada vez queda más al descubierto la serie de irregularidades que se cursan con los dineros públicos que maneja la institución. Así, la inédita diligencia que dictó Rutherford implica un golpe a la ya nula credibilidad de los Altos Mandos.
A pesar de que Romy Rutherford cuenta con más de 30 procesos e investiga más de 1500 viajes realizados por los altos oficiales en la denominada arista Empresas de turismo, el gobierno de Sebastián Piñera mantiene su apoyo y fortalecimientos a los aparatos represivos del Estado, como Carabineros y Militares, quienes en el último periodo sólo se han caracterizados por fraudes, montajes y la brutalidad con la actúan para defender los beneficios de los privados. Como lo hemos visto en la represión al pueblo mapuche que cobró la vida de Camilo Catrillanca o la brutal represión desatada contra el paro de portuarios en Valparaíso el pasado 2018.
Los gobiernos de turno han sido aliados de estas instituciones, manteniendo sus privilegios y dando pie para que tengan en sus manos grandes cantidades de dinero público, que podrían ser destinados a pensiones, que en algunos casos no llegan los $200.000, salud o educación, pero se prefiere que termine en los bolsillos de los uniformados para satisfacer caprichos personales a costa de fraudes. Es por esto que ante una institución profundamente cuestionada, sumida la corrupción y las practicas de brutal violencia contra mapuche, estudiantes, mujeres y trabajadores es necesario apostar por su disolución, debido a que es una utopía reformarlas cuando desde sus bases no tienen otro objetivo que ostentar privilegios a cambio de la defensa de los intereses empresariales. |
