Centenares de taxistas han rodeado la sede del Partido Popular en la calle Génova después de ser desalojados del Paseo de la Castellana por los antidisturbios. A ellos se han sumado taxistas de otras comunidades autónomas al grito de "corruptos" y "Garrido, dimisión".
El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, es el responsable de llevar la negociación sobre la regulación del taxi y las VTC, cuyo encallamiento está en la base de la huelga de taxistas que ya lleva una semana.
La intención de los taxistas es continuar la protesta por la tarde en la Puerta del Sol, para trasladar sus reivindicaciones frente a la sede del Gobierno regional.
Represión en la Castellana
Cuando se cumple una semana de huelga del sector contra los VTC los antidisturbios de la Policía Nacional han desalojado a los taxistas acampados en el Paseo de la Castellana desde ayer. La policía ha acudido a la zona con varias grúas para retirar los vehículos y se han vivido momentos de tensión y enfrentamientos entre los agentes y los taxistas.
Los taxistas cumplen ya una semana de huelga y continuarán con las movilizaciones hasta que la Comunidad de Madrid atienda sus reivindicaciones.
Su principal demanda es que sea necesario un tiempo mínimo para poder contratar el servicio de los VTC, similar al acuerdo alcanzado en Barcelona con la Generalitat, en lugar de una distancia como contemplaba el preacuerdo para regular el sector de VTC suscrito por el Gobierno regional y el Ayuntamiento de la capital.
Élite Taxi contra Marlaska: "Cómo puede ser que un ministro de izquierdas y gay mande a la Policía a reprimir al pueblo"
Tras las cargas policiales en el Paseo de la Castellana, el portavoz de Élite Taxi, Alberto ’Tito’ Álvarez ha hecho "polémicas" declaraciones contra Fernando Grande-Marlaska, responsable del operativo de desalojo.
"Aquí todo el mundo está alucinando. Cómo puede ser que un ministro de izquierdas y gay mande a la Policía a reprimir al pueblo", dijo el representante de los taxistas.
El PSOE ha tachado de "desagradables" y "retrógradas" las declaraciones del representante de Élite Taxi sobre el ministro Marlaska, mientras que Interior ha querido dejar claro que el Gobierno respalda la actuación policial contra los taxistas y advierte de que "no pueden poner la ciudad patas arriba ni secuestrar a la ciudadanía".
Para Élite Taxi, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, es el responsable de la situación que están viviendo, pero afirman que hay una decepción generalizada con el Gobierno de Pedro Sánchez. "Mandan a unos trabajadores a reprimir a otros trabajadores, la gente está alucinando con los socialistas", ha dicho.
Más allá de haber ganado las portadas de los diarios, las declaraciones de ’Tito’ dan cuenta de una equivocada percepción sobre el PSOE, que lamentablenente está muy extendida. El PSOE no es de izquierdas, ni socialista, por más que estos sean sus lemas. Es un partido social-liberal, defensor de los intereses del IBEX35 y del régimen monárquico. Y el propio Marlaska, independientemente de su orientación sexual -que dicho sea de paso no es indicativa en absoluto de la orientación política de las personas-, tiene una probada trayectoria de ataque a las libertades democráticas.
La huelga del taxi en Madrid lleva ya una semana sin visos de resolverse. El conflicto del taxi ha puesto sobre la mesa el impacto de la “uberización de la economía”, pero también las condiciones de explotación que sufren los conductores asalariados del taxi. Un conflicto en el que se entrecruzan intereses de grandes patronales como las que controlan las VTC, pero también de sectores concentrados del taxi que explotan trabajo asalariado.
Contra la dinámica de un enfrentamiento entre trabajadores por cuenta de los intereses de sus respectivas patronales, es necesario levantar una política independiente de clase, que unifique las demandas de los conductores de VTC, taxis, trabajadores y pequeños propietarios de transporte de personas y mercancías en general. Una perspectiva que plantee la municipalización y estatización del conjunto del sector en un servicio público estatal de transporte de personas y mercancías, en el que los taxistas, en especial los asalariados y falsos autónomos, y los conductores de VTC, sean incorporados como empleados del Estado en condiciones laborales no precarias, con la opción voluntaria de incorporación del sector autónomo de los taxis.
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