A pesar de este informe, el proyecto ha continuado hacia delante hasta día de hoy, a lo largo de más de 20 años, con cada vez mayores prerrogativas para el capital privado para garantizar un pelotazo urbanístico con enormes beneficios previstos para el BBVA y la Inmobiliaria San José.
El informe de 2001 destacaba los graves incumplimientos contractuales que ya entonces se estaban produciendo por parte de los operadores privados y que perjudicaban gravemente los intereses públicos en esta operación. Sin embargo, ninguno de los diferentes gobiernos socialistas, ni por supuesto los del PP, en todo el período de 25 años desde el inicio de la operación urbanística revocaron el acuerdo.
Tampoco el de gobierno de Manuela Carmena y Ahora Madrid, actualmente en el Ayuntamiento, han revertido en ningún momento el proyecto para defender los intereses colectivos frente al “robo y expropiación” del patrimonio público con fines meramente especulativos que supone esta operación urbanística.
Las informaciones divulgadas en la prensa sobre el pelotazo están fracturando el oscurantismo de toda la operación, otra extraña constante de todo el proceso, pese a tratarse de una actuación urbanística con terrenos y patrimonio público. De modo que ya hemos conocido parte de las fabulosas condiciones del último contrato de Adif-Renfe con el BBVA y la Inmobiliaria San José con precios para éstos muy por debajo de mercado para los terrenos adquirido. Pero ahora se conoce incluso un informe jurídico que recomendaba la revocación de la operación el 2001 ante los graves incumplimientos contractuales ya desde entonces del BBVA y la Inmobiliaria San José, entonces el consorcio se llamaba DUCH y con los mismos componentes que el actual DCN (Distrito Castellana Norte).
El informe fue realizado por un organismo denominado “Renfe-Gerencia del Proyecto Chamartín” y elaborado a petición de la Dirección General de Infraestructuras de Renfe que era la responsable de realizar el seguimiento de toda la operación.
Un informe demoledor
En ese informe, fechado el 25 de junio de 2001, se señalaba que a lo largo de los más de 7 años de vigencia del contrato- se había iniciado y firmado en 1994 bajo etapa de Gobierno socialista-, se estaban produciendo hechos y actuaciones de la mercantil adjudicataria que “ante la falta de cumplimiento de los fines de la concesión” estaban “causando un grave perjuicio a los intereses públicos que a esta Entidad Pública le corresponde preservar”.
El informe añade que desde las diferentes unidades y dependencias de la Dirección General de Infraestructuras de Renfe -que llevan el control y seguimiento de las actuaciones- se habían recibido informes que destacaban el “alto grado de insatisfacción por el incumplimiento de los objetivos y compromisos adquiridos por la mercantil adjudicataria, DUCH, y contenidos en el Documento de Adjudicación suscrito en el año 1994 y su posterior adecuación en el año 1997”. En concreto se detallan nada menos que hasta 15 incumplimientos graves en relación al pliego de condiciones de la adjudicación.
Ministerio de Fomento bajo la dirección de Francisco Álvarez Cascos, sin embargo, hizo caso omiso a los análisis y conclusiones del informe, llegando incluso a renovar el contrato con nuevas condiciones más favorables aún para los intereses especulativos del BBVA y la Inmobiliaria San José en septiembre de 2002, tan solo un año más tarde.
Uno de los incumplimientos más destacados que se detallan en el informe tiene que ver con el escaso valor económico, muy por debajo del precio de mercado de entonces, que ofrece la parte concesionaria privada a Renfe por los metros cuadrados adjudicados. Algo que no solo no se ha corregido con el paso del tiempo y los diferentes contratos firmados, sino que se ha continuado manteniendo hasta el momento presente, incluso aún más agravado.
Tal y como se ha demostrado con la filtración reciente también del último contrato entre Adif-Renfe y Distrito Castellana Norte, los terrenos fueron vendidos finalmente a la mitad de precio de mercado respecto al suelo en bruto, siendo la diferencia aún mucho mayor sobre precio de obra construida, algo más de 500 veces menos de su valor real de venta.
El informe de Renfe señala además algo muy grave y es que en el peor de los casos existía el riesgo de que “Renfe pudiera llegar a perder la mayor parte de sus derechos”, debido a las “nuevas cautelas y garantías” que se exigen en perjuicio de Renfe. Es decir, que BBVA y la Inmobiliaria San José se salvaguardaban protegiéndose para, en cualquier caso, arrogarse las prerrogativas necesarias para no arriesgar la posibilidad de ninguna pérdida patrimonial, derivando todos los perjuicios posibles hacia la propia Renfe. Y todo, aunque parezca increíble, sin poner un solo euro hasta ese momento.
Otro de los incumplimientos más destacados es que la concesionaria DUCH no asumiría los costes en caso de que los “derechos de reversión” de los antiguos propietarios de los terrenos fuesen más favorables para éstos en los tribunales. Esto se derivaba de que gran parte de la actuación estaba enmarcada en la expropiación de terrenos a propietarios que estaban litigando contra dicha expropiación por no estar conformes con el precio asignado. Esos litigios podrían implicar fuertes indemnizaciones futuras que asumiría en exclusiva Renfe, cuando una de las razones que decantó la concesión fue precisamente la asunción de ese riesgo de los costes indemnizatorios por parte de DUCH. Algo, por lo tanto, que a partir de ese momento dejaba de asumirse por parte del BBVA y la Inmobiliaria San José, y que a día de hoy continúa siendo así.
También se indicaba lo mismo, dada la falta de asunción del coste por parte de DUCH (BBVA y San José) de una posible deuda fiscal que reclamaba la Comunidad de Madrid por el Impuesto de Transmisiones, dada la transmisión realizada de la propiedad de los terrenos y que tampoco asumía la parte privada que era la gran beneficiaria de esa transmisión patrimonial y, en consecuencia, la que debía hacer frente a ese coste.
Además, según el informe resultaba que una asociación de reversionistas denominada “No abuso” denunció la diferencia de trato con la Compañía de Jesús respecto a otros reversionistas. De modo que curiosamente a las propiedades de esta compañía religiosa se le ofrecían mejores condiciones de expropiación que al resto. Lo cual además podría dar problemas de cara a los litigios ante la actuación discriminatoria y teniendo en cuenta como se ha señalado antes que al final, esos costes correrían a costa de Renfe.
También, destacaba el informe la llamativa concesión privada otorgada por DUCH para la explotación del futuro intercambiador de transportes previsto al grupo ALSA, sin contar para nada con el permiso ni la autorización de Renfe. Lo que demostraba a todos los efectos que eran los dueños absolutos de unos enormes terrenos públicos sin pagar un solo euro y con una disponibilidad total.
Según el informe jurídico el proceso adolecía de otros múltiples defectos esenciales para el correcto desarrollo urbanístico de la actuación prevista. Así, para esas fechas y después de disfrutar de 7 años de la concesión, no se había presentado el plan de actuación y ordenación del territorio, aspecto clave para la puesta en marcha del proyecto. Tampoco se había realizado, ni siquiera iniciado, un edificio de oficinas para Renfe que era una de las contrapartidas de la operación. Ni siquiera se había constituido la empresa con el desarrollo de la Operación Chamartín como única actividad societaria, ni se había contratado al asesor externo previsto. Todos ellos compromisos adquiridos a través de la concesión administrativa de la operación.
Por otra parte, también se planteaban discordancias respecto a la “integración urbana de los espacios ferroviarios del recinto de Chamartín primero y Fuencarral después, en la ciudad de Madrid” y “la generación de recursos suficientes” para mejorar las infraestructuras ferroviarias, uno de los objetivos claves del desarrollo de esta operación urbanística. Esto daba como resultado lo que se definía como “incumplimiento de los objetivos y los compromisos adquiridos por la mercantil adjudicataria”.
El informe, asimismo, señalaba que como consecuencia de todo ello había una “acaparación o inmovilización indefinida y gratuita de dos millones de metros cuadrados de suelo urbano en una de las zonas de mayor valor potencial de Madrid”.
Ahora Madrid impulsor de los pelotazos urbanísticos del PP
Toda la política desarrollada por Manuela Carmena y Ahora Madrid en el área urbanística ha sido absolutamente decepcionante, como se demuestra en el caso de la Operación Chamartín, pero también en otros muchos.
La decepción y los incumplimientos del programa político que les llevaron al poder se concretan tanto con respecto a la absoluta continuidad con los pelotazos urbanísticos puestos en marcha en su día por el PP (Canalejas, Calderón, Edificio España, Operación Chamartín, etc.), que curiosamente se encontraban paralizados por problemas judiciales y/o de tramitación urbanística, y que una vez ha llegado al poder Ahora Madrid y Manuela Carmena se han retomado e impulsado con algunos cambios más bien cosméticos.
Como con la nula o escasa protección del patrimonio histórico-artístico-cultural defendida desde Ahora Madrid para edificios emblemáticos que o se han derribado, nada menos que cinco edificios (Taller de Precisión de Artillería, Convento de las Damas Apostólicas del Sagrado Corazón, Colegio Mayor Hispano Mexicano, antigua fábrica de carruajes Hermanos Lamarca, etc.), o se han transformado sin respetarse la mayoría de los elementos arquitectónicos que deberían haber estado protegidos (Canalejas, Edificio España, Antiguas Cocheras del Metro en Cuatro Caminos, etc..), pese al gran valor patrimonial que suponían para la ciudad.
La realidad es que desde el Ayuntamiento de Madrid se realizaron modificaciones legales para poder transformar esos valiosos edificios, sin apenas restricciones, según los intereses económicos de los grandes promotores urbanísticos, a pesar de que eso ha supuesto liquidar el patrimonio arquitectónico fundamental para la ciudad.
Además, todos ellos se han destinado usos urbanísticos inadecuados para los intereses de las clases populares y marcando una apuesta decidida por el desarrollo del lujo comercial, la exclusividad hotelera o los espacios destinados para el ocio de las élites económicas como modo de desarrollo esencial del urbanismo de la ciudad.
La política urbanística de Ahora Madrid es una demostración más que la lucha política desde una óptica institucional, con un enfoque meramente reformista y sin ningún anclaje en la lucha de clases y los intereses de las clases populares, como defienden Ahora Madrid y Podemos -que recién después de cuatro años y en el marco de la disputa con el tándem Carmen-Errejón ha comenzado a cuestionar de forma oportunista la “operación Chamartín”-, resulta inviable y engañoso si de lo que se trata es atacar los grandes intereses económicos capitalistas. | 
