En el marco de la ley “anti-casseurs”, la Asamblea Nacional francesa adoptó una serie de medidas que deterioran el derecho a manifestarse. Ahora las fuerzas podrán prohibirle manifestarse a todo individuo por simple arresto invocando un riesgo de perturbación del orden público. A pesar de que los parlamentarios adujeron criterios “objetivos”, dicha afirmación será difícil de creer ya que un miembro de la fuerza, sólo invocando el riesgo de un individuo que comete un “acto violento”, podrá ser afectado por esas prohibiciones totalmente antidemocráticas y que atentan el más elemental derecho a la protesta.
Hasta ahora, el poder de prohibición de manifestarse a un individuo estaba estrictamente reservada al dominio judicial, que lo ha usado numerosas veces en el movimiento de los chalecos amarillos. Con estas nuevas medidas, este poder se ha extendido a los representantes estatales en todo el país.
Pero hay más. Si un manifestante viola esta prohibición administrativa, el riesgo es grande: seis meses de prisión y 7500 euros de multa, que equivale a casi un año de salario mínimo.
Otra de las medidas adoptadas es el invento de un nuevo delito llamado “delito de disimulación de rostros en manifestaciones”. Concretamente, todo manifestante que lleve un casco o un pasamontañas, corre el riesgo de un año de prisión y al menos 15 mil euros de multa. Es decir, todos aquellos manifestantes que se defiendan y se protejan de los gases y los golpes de la fuerzas policiales estarán cometiendo un delito para la nueva ley francesa.
La mal llamada “ley anti-casseurs” no es más que la “ley antimanifestación”. En las próximas manifestaciones de los chalecos amarillos y la jornada de huelga general llamada para el 5 de febrero habrá otra batalla, contra los abusos y las restricciones a la libertad de protesta por parte del Estado francés y sus instituciones. | 
