En estos días se conoció a través de una Carta Abierta que el gobernador de Jujuy Gerardo Morales remitió al presidente de Bolivia, Evo Morales, la situación del joven jujeño Manuel Vilca quien fue víctima de un accidente de tránsito el pasado 8 de diciembre en la ciudad de Oruro, Bolivia. En la misma, el gobernador denuncia al presidente "por los tratos de su gobierno para con el pueblo argentino, de manera injusta y deshumanizada en el trato particularmente con respecto a la atención de la salud de sus comprovincianos y compatriotas".
La carta también da cuenta del cobro a la persona accidentada que fue internada en el hospital público de Oruro y posteriormente en una clínica privada de la ciudad de Cochabamba. Que por la falta de dinero de la familia y amigos para cubrir el resto de los costos de para la intervención quirúrgica y tratamiento, desde el gobierno provincial tomaron cartas en el asunto y repatriaron al joven a la provincia de Jujuy para que sea atendido en el sistema público provincial. "Este es uno de los miles de casos de maltrato y de falta de mínima reciprocidad entre su gobierno y nuestro Pueblo. Muchos argentinos deben pagar sumas importantes y deambular por consulados y embajadas para cancelar deudas que sus compatriotas en Bolivia no abonan, porque son atendidos en nuestro generoso país", afirmó Gerardo Morales.
Luego de difundida la Carta Abierta, el cruce continuó entre el mandatario provincial y la ministra de salud Gabriela Montaño Viaña y el Cónsul de Bolivia, Nelson Garachi Mamaní, quienes acusaron a Gerardo Morales de pretender convertir esta situación en un asunto político, negando las acusaciones sobre malos tratos y discriminación, y afirmaron que el paciente tuvo las mismas condiciones de salud que recibe cualquier boliviana y boliviano, ya que el sistema de salud público en el país limítrofe no es gratuito. El gobernador de Jujuy respondió a través de otra carta a la ministra de salud Montaño Viaña y exigió al gobierno de Bolivia que devuelva todo el monto pagado por el joven Vilca y su familia, "como primer gesto para avanzar en el Acuerdo de Cooperación y Reciprocidad entre la provincia y Bolivia".
Por otro lado Manuel Vilca habló a través de un video para afirmar que él no fue maltratado en ningún momento y que como cualquier otro ciudadano boliviano tuvo que pagarse medicamentos e insumos para realizar tratamientos y operaciones, aunque no dejaron de atenderlo en el hospital público. Insistió que su situación estaba siendo tergiversada por sectores y medios de comunicación.
Cortina de humo para avanzar con el cobro a los extranjeros
Mientras Gerardo Morales estaba en foco de la tormenta tras negar la ILE a una menor que fue violada en San Pedro de Jujuy ya que generó el repudio nacional de organizaciones de mujeres, de DDHH, sociales y políticas, hizo del caso del joven jujeño accidentado en Bolivia una defensa demagógica de la reciprocidad e igualdad de trato hacia las personas y de la gratuidad del sistema de salud local y nacional. Eso le permitió anunciar en una conferencia de prensa, días atrás, que acelerarán el tratamiento del proyecto presentado por el ejecutivo en la legislatura a principios del año 2.018 para el cobro a las personas extranjeras que reciban atención en el sistema de salud pública de la provincia, proyecto que fue cuestionado por organismos de DDHH y de la oposición por ser xenófobo y racista.
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Si bien el oficialismo asegura que el proyecto presentado apunta a "fortalecer el acceso y pleno derecho a la salud en condiciones igualitarias e integrales, eliminando toda forma de discriminación y afianzando los lazos de hermandad con todos los países del mundo, en base a criterios de justicia distributiva", lo cierto es que pone claras restricciones a la atención médica gratuita para quienes no tengan residencia en la provincia, quedando a expensas la gratuidad a los convenios de reciprocidad que firmen los países involucrados, lo cual vulnera derechos establecidos en la constitución nacional y provincial, y tratados internacionales a los que adhiere el país, discriminando a las personas afectadas.
El sistema público de salud de Bolivia fue cuestionado por Gerardo Morales porque no garantiza los mismos derechos que el sistema público argentino. Lo cierto es que en Bolivia el sistema público de salud no es gratuito, se pagan precios por debajo de lo que cobran hospitales y clínicas privadas para la atención, y el sistema es bastante precario, con enfermeros y médicos que no dan abasto y equipamiento e infraestructura que no es suficiente. Además de las clínicas privadas que lucran con la salud y el servicio público, existen servicios de gestión mixta - privada, entre otras formas intermedias de atención. Todas tienen algún nivel de restricción no sólo para las personas extranjeras sino también para los sectores populares y más empobrecidos del país.
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Lo que no dice el mandatario jujeño es que la política del gobierno provincial y nacional que integra profundizan el arancelamiento y privatización del sistema público y gratuito de salud en la Argentina que el mismo cuestiona demagógicamente a Bolivia. Como denunciamos desde las bancas del PTS FIT, durante el gobierno de Cambia Jujuy y Cambiemos se avanzó con medidas restrictivas y de ajuste al servicio público de salud, desde el intento al cobro a los extranjeros hasta leyes que permiten la injerencia del sector privado en el sistema de salud para su negocios, convenios entre sector público y privado, el pago de aranceles y bonos contribución, derivaciones y tercerización de los servicios en la provincia, y a nivel nacional el avance en la implementación de la Cobertura Universal de Salud - CUS, que condicionan la gratuidad a determinados servicios de atención.
Además, el presupuesto de salud para este año, aprobado en la provincia por el oficialismo y el PJ, tiene un recorte del 10 % que se suma al recorte nacional del 60 % en programas nacionales de salud, y la precarización de trabajadoras y los trabajadores de la salud se profundiza con ataques a sus condiciones laborales.
El anuncio de cobro a los extranjeros por parte de Gerardo Morales tuvo el apoyo del gobierno nacional, pero también de sectores del peronismo federal como el presidente del PJ en el senado, Miguel Ángel Pichetto, y se da en el marco de una avanzada xenófoba y racista hacia los sectores más vulnerables como son las y los trabajadores inmigrantes y sus familias. No es casual que Jujuy está a la cabeza de las políticas reaccionarias y antidemocráticas en materia de derechos humanos, como recientemente vimos con el caso de la niña embarazada, producto de una violación ,a la que el gobierno y el estado le negó la ILE, pero también donde hay una presa política, se criminaliza la protesta y persiguen a la oposición y a trabajadores y sectores populares que luchan.
Las trabajadoras y los trabajadores no tenemos fronteras. Nuestros hermanas y hermanos inmigrantes son quienes realizan los peores trabajos, muchas veces en condiciones de esclavitud, como se ven con los trabajadores golondrinas en los surcos, las trabajadoras de los talleres textiles clandestinos, las que limpian casas y cuidan niñas y niños. Todos están expuestos a diversas formas de discriminación y por ende a tener peores condiciones de vida. Tanto en Bolivia como en Argentina, trabajadores y sectores populares somos afectados por las políticas de los gobiernos capitalistas que hacen de la necesidad de las mayorías un negocio capitalista.
Mientras garantizan las riquezas de terratenientes, multinacionales y empresarios locales o extranjeros, niegan o pretenden restringir cada vez más, un derecho universal y esencial como el es el derecho a un sistema único de salud pública, gratuita y de calidad, aspecto por el cual desde el PTS FIT y nuestra organización hermana en Bolivia, LOR CI, nos organizamos y luchamos por el mismo, en base a afectar las grandes riquezas mediante impuestos progresivos y el no pago de la deuda externa. |
