López Obrador dio a conocer que Pemex contará con más recursos, “lo central es darle a Pemex más libertad en lo fiscal, que tengan más recursos, que paguen menos, buscar homogeneizar, estandarizar, que tenga el trato que tienen otras empresas petroleras en cuanto a pago de impuestos y derechos, porque ha sido muy castigada por la hacienda pública”.
Respecto a la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos, apuntó que no les faltarán recursos ni habrá disminución en inversión, para lo cual se pondrán en marcha medidas de apoyo extraordinarias en materia fiscal para que cuenten con más recursos pagando menos derechos a Hacienda. Afirmó que se apostó a destruir a ambas empresas.
Señaló a su vez que en el gobierno del expresidente Carlos Salinas de Gortari –ex socio del actual jefe de gabinete, Alfonso Romo-, se dijo que era necesaria la inversión privada en la industria eléctrica porque se encontraba en números negros cuando esto sólo se trató de un pretexto para dejar entrar al "mercado nacional" es decir, las empresas privadas, a este sector.
Presumió López Obrador que una de las medidas que se tomarán será quitarle la carga fiscal a Pemex, lo cual implicará menos recursos para el gobierno, pero apuesta a que se suplirá con ahorro.
Reforma energética: la ofensiva del capital
Es innegable que por décadas las utilidades generadas por Pemex se destinaron a financiar gastos de gobierno y a engrosar las fortunas personales de los funcionarios de turno a través de desvíos de miles millones de pesos.
A su vez, desde la aprobación de la reforma energética en 2013, año con año el gobierno de Peña Nieto redujo el presupuesto para operación y mantenimiento de Pemex, una verdadera operación de vaciamiento para dar paso a las trasnacionales y las compañías mexicanas del sector energético.
Las consecuencias fueron funestas: uno de los peores accidentes fue la explosión de la Planta Clorados III en el complejo Pajaritos, ubicado en Veracruz, que costó por lo menos 150 vidas obreras y daños ambientales que aún no se han dado a conocer.
Reducir la carga fiscal de Pemex puede ser una medida que dé oxígeno a la paraestatal. Pero es cierto que puede generar a su vez déficit fiscal. Un déficit que difícilmente se subsane con el ahorro al que hace referencia el presidente.
A su vez, la administración de Pemex está en manos poco confiables, como la abogada María de la Luz Zarza Delgado, vinculada a Peña Nieto, Eruviel Ávila y OHL. Los fondos que genera la paraestatal se aplican de acuerdo con las decisiones del gobierno de turno y la reforma energética. Esta última impone la entrega de los recursos al capital privado, y aún se mantiene vigente.
Es necesario poner en pie un movimiento por la renacionalización bajo control obrero de las áreas de Pemex entregadas a las trasnacionales. El cual debe ser encabezado por las y los trabajadores de la paraestatal, liberados de la burocracia de Carlos Romero Deschamps. Que sean ellos junto a los pobladores de las regiones donde opera la petrolera quiénes decidan a qué se destinan las ganancias obtenidas por la exploración y la refinación del petróleo y la distribución de los combustibles derivados.
Por una política fiscal en beneficio de los trabajadores y los sectores populares
Para enfrentar el riesgo fiscal ante el recorte de impuestos a Pemex hay otras vías: para empezar, terminar de una vez y para siempre con la condonación fiscal a los grandes empresarios, un privilegio que contrasta con impuestos regresivos como el IVA que paga el conjunto de la población.
Durante el gobierno de Peña Nieto, de acuerdo con un artículo publicado en La Jornada, las generosas condonaciones llegaron a 272 mil millones de pesos. Beneficiaron a Carlos Slim Helú, Roberto Hernández, Carlos Peralta, Carlos Hank González, Ricardo Salinas Pliego, Emilio Azcárraga, Carmen Salinas, Kate del Castillo, Eduardo Capetillo y Cuauhtémoc Blanco, actual gobernador de Morelos, entre otros.
El capital financiero también disfrutó de condonaciones millonarias, como los bancos Bank of America, BBVA Bancomer, Inbursa, Monex, HSBC y Scotiabank; y las aseguradoras Allianz, Axa, GNP, Banorte y Zurich Santander, entre otras.
Además de terminar con las condonaciones fiscales, es necesario establecer impuestos progresivos a las grandes fortunas. Que paguen más los que más tienen.
Así como la cancelación del pago de la deuda externa: hay que dejar de “honrar” una expoliación sin límites de los organismos financieros internacionales. Es una medida clave para contar con los fondos necesarios para aumentar el presupuesto para salud, para educación, para vivienda.
A pesar de las grandes ilusiones de amplios sectores de la población, claro está que un gobierno que afirma que gobernará para los pobres y los ricos, y que ante cada nueva provocación del presidente estadounidense Donald Trump declara que está por mantener una relación de “respeto”, que busca terminar con las justas luchas obreras en curso, como las de Matamoros, no llevará a cabo medidas de este corte.
Se necesita tomar el ejemplo de lucha de los trabajadores de la industria maquiladora de Tamaulipas y de los maestros en Michoacán para imponer con la movilización independiente de los partidos del congreso y las instituciones medidas que beneficien a las mayorías, para que todos tengan derecho a una vida digna. | 
