La ONEMI ha declarado un total de un total de 139 incendios forestales registrados a nivel nacional, de los cuales 43 se encuentran activos, 47 fueron controlados y 49 extinguidos en las regiones del Maule, Bíobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén. En total son más de 70 mil hectáreas de plantaciones de eucalipto, pino y bosque nativo arrasadas por el fuego, por lo que el gobierno decretó el Estado de Excepción de Catástrofe en las regiones del Bío Bio, La Araucanía y los Ríos.
Sin embargo, pese a la relevancia que ha cobrado este tipo de emergencias durante estos dos últimos años, la Corporación Nacional Forestal (Conaf), corporación privada con recursos públicos y uno de los organismos encargados en el combate de los incendios forestales, ha presentado una serie de falencias que no han sido resueltas aún por el gobierno y autoridades regionales. Se trata de los brigadistas forestales, quienes se encargan de combatir el fuego en precarias condiciones.
Un sueldo precario, falta de personal capacitado, las carencias en indumentaria, son las principales condiciones que denuncian los brigadistas forestales de la Conaf. Además de la inestabilidad laboral, por trabajar bajo el rótulo de “trabajadores transitorios” con contrato un que se extiende entre los meses de diciembre y abril vínculo laboral con 10 días de trabajo y 4 libres, mientras que cada jornada se extiende por entre 10 y 12 horas.
Plan nacional de emergencia contra los incendios
No se trata de aumentar los recursos a CONAF ni Corma (Corporación de la madera), como lo ha hecho este gobierno. La demanda de un plan nacional de emergencia contra los incendios debe exigir los grandes tributos a la empresas para enfrentar estos siniestros, empleando a miles de brigadistas con un salario mínimo acorde a una canasta social básica de 450 mil pesos y sin precariedad laboral.
Necesitamos un plan de prevención inmediato, elaborado por los trabajadores encabezados por los sindicatos de la Conaf y buscando la solidaridad del conjunto del pueblo, que contemple la derogación inmediata del DL 701 y que exigencia de la creación de una institución pública forestal como lo han reclamado los sindicatos brigadistas durante estos últimos años. Ademas de la expropiación sin pago de las más de 2 millones de hectáreas de las familas Matte y Angelini y que mediante la planificación auto-organizada e independiente de la producción forestal abra un camino transitorio hacia la recuperación del bosque nativo depredado por las grandes empresas, y junto con ello la devolución ancestral del pueblo nación mapuche.
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