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Ayer el juez federal Sebastián Casanello dio lectura de las condenas a los exalmirantes Jorge Omar Godoy y Benito Rótolo por las actividades de espionaje ilegal descubiertas y denunciadas por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en la Base Aeronaval Almirante Zar de Trelew en 2006. Los fundamentos de la sentencia se leerán el 25 de marzo.
Además de las condenas, a ambos se los inhabilitó por el doble de años para el ejercicio de funciones públicas y deberán realizar un curso de al menos cincuenta horas con una personalidad o entidad públicamente reconocida sobre derechos humanos y constitucionales.
El fiscal federal Fernando Gélvez, en declaraciones a La Izquierda Diario señaló que “lo que pidió la querella y la acusación pública fueron dos años de prisión de efectivo cumplimiento. El juez no hizo lugar a que sea dé cumplimiento efectivo, cambió la modalidad, la va a cumplir estando en su casa”. Aunque, agregó, la condena es “más o menos lo que pedimos”.
En el acta de debate a la que accedió este diario (y se adjunta en esta nota) el juez Casanello dispone enviar testimonios de la sentencia y actas de debate, entre otros, a Presidencia de la Nación y al Congreso Nacional. También recomienda a ambos poderes evaluar la creación de tipos penales específicos para la conducta de funcionarios que omitiesen evitar la comisión de tareas de inteligencia prohibida cuando tuviesen competencia para ello.
Refiriéndose a la recomendación del magistrado el abogado Eduardo Hualpa, una de las víctimas del accionar de espionaje ilegal y parte de la querella junto el CELS, reconoció que en el tema existe “un vacío legal, de alguna manera es como que se ha dejado que esto quede en manos de las fuerzas militares”. Es decir, la responsabilidad en última instancia es política. Hualpa enfatizó que “acá hay prácticas que son una continuidad de la dictadura. Evidentemente que no hay un sometimiento completo de las fuerzas militares a los poderes políticos, a la Presidencia de la Nación. Y creo que habrá que ver hasta qué punto también los sectores políticos tienen responsabilidad, por qué utilizaron cada una de estas herramientas o por qué no aplicaron los controles para impedir que esto ocurra. Creo que todavía falta saber quién más es responsable de todo esto”.
Es claro que la responsabilidad política en estos casos le cabe al Poder Ejecutivo Nacional, en aquel momento en manos de Néstor Kirchner, quien designó a Godoy al frente de la Armada por considerarlo un militar que contribuiría a la consolidación de la democracia. El derrotero del kirchnerismo en materia de espionaje estalló con la “Causa Nisman”, pero organismos de derechos humanos y fuerzas políticas ya habían denunciado este accionar con antelación.
Primero fue el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) denunciando el Proyecto X de Gendarmería, donde se infiltraba y marcaba a luchadores, especialmente referentes obreros de zona norte del Gran Buenos Aires, para después armarles causas penales. O también la infiltración del agente de la policía federal Américo Balbuena en la Agencia de noticias Rodolfo Walsh.
Durante el juicio se comprobaron también verdades de perogrullo, pero no por eso menos graves y naturalizadas por un amplio sector del arco político del régimen: el espionaje en la Armada se desarrollaba a lo largo y ancho del país, tenían miles de agentes con dichas tareas y a su vez tenían relación con otras dependencias de inteligencia, como por ejemplo la exSIDE.
En el caso particular del espionaje en la Base Zar de Trelew, salió a luz a partir del arrepentimiento del excabo Carlos Alegre, quien se acercó al CELS a denunciar estas actividades, en particular las relacionadas a la causa por la Masacre de Trelew, donde se fusiló a 19 guerrilleros el 22 de agosto de 1972.
Evidentemente la Armada estaba nerviosa ante la posibilidad de que esta causa no quede impune y se condene a sus culpables por crímenes de lesa humanidad, cuestión que finalmente ocurrió en 2012. Además de ello, desde la Base Zar se infiltraba y espiaba organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, periodistas y medios de comunicación, referentes de derechos humanos, entre otros.
Acta de la sentencia a Jorge Godoy y Benito Rótolo
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