El miércoles 6 se reanudaron en el Tribunal Oral federal N°1 de La Plata las audiencias del juicio oral por crímenes de lesa humanidad cometidos en la Brigada de San Justo durante la última dictadura cívico-militar.
Declararon tres testigos. Luis Armando Paz Carvajo y Eduardo Argañaraz relataron cómo fue que en agosto de 1977 los secuestraron junto a Mario Lemos y se los llevaron en una camioneta. A ellos dos los genocidas decidieron soltarlos pero a Lemos no. Aún no pudo determinarse si lo trasladaron detenido a la Brigada de San Justo o en ese mismo traslado lo asesinaron.
El tercer testimonio fue el de Adriana Chamorro, sobreviviente de los centros clandestinos de detención Brigada de San Justo y Pozo de Banfield. Además de testigo y víctima ella es querellante por parte del colectivo Justicia Ya!
A los 33 años, el 23 de febrero de 1978, Adriana fue secuestrada y llevada junto a su compañero Eduardo Corro a San Justo. Estuvo allí hasta el 26 de marzo, cuando fue trasladada al Pozo de Banfield.
En San Justo sufrió torturas de todo tipo. Denunció ante el Tribunal que se cometieron sobre ella delitos sexuales. Para ello describió las torturas basadas en hacerla desnudar y luego aplicarle picana eléctrica en la zona de la vagina. La querellante describió esos tormentos como una verdadera violación múltiple, en manada, que era parte del plan genocida.
Chamorro contó cómo eran las condiciones de detención en aquellos días, generando un deterioro de la personalidad, una cosificación absoluta de las personas. Comían una vez al día, una sopa asquerosa. Debían hacer sus necesidades en tarros. Todas cosas que formaban también parte de la tortura, además de los golpes, el abuso y la picana.
Cuando fue trasladada a Banfield conoció a Asunción Artigas, Mari, mamá de María Victoria Moyano. Y empezó a estar en contacto con un grupo de uruguayos. Compartía la celda con Artigas y por eso la asistió durante gran parte del embarazo, estando prácticamente hasta el minuto cero del nacimiento de Vicky. Fue trasladada a punto de parir a la enfermería del Pozo de Banfield, de la que regresó sola, sin su hija.
Entre otros detalles la sobreviviente mencionó que en ambos centros clandestinos estuvo el médico policial Jorge Bergés, por eso cuestionó duramente que en este juicio no esté imputado. Reconoció en San Justo a varias de las personas desaparecidas con las que compartió cautiverio.
Sobre el final de su testimonio, Chamorro cuestionó cómo transcurren los años y continúa la impunidad. Ella ya declaró muchas veces en juicios de lesa humanidad, algo que es inadmisible. Y encima no están todos los imputados que deberían estar, lo que es producto de la fragmentación de causas. Tanto Pozo de Quilmes, como Pozo de Banfield e Infierno tienen una conexidad muy grande con la Brigada de San Justo.
Luego de pasar por San Justo y Banfield, Chamorro pasó a estar a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, quedando presa hasta que fue liberada y se exilió en Canadá. La declaración testimonial del miércoles la hizo por videoconferencia desde Montreal.
“Un testimonio preciso y contundente”
María Victoria Moyano estuvo presente en la sala, escuchando cada palabra de Adriana Chamorro. En diálogo con La Izquierda Diario, la nieta recuperada y querellante en la causa afirmó que “la declaración de Adriana fue muy contundente y, desde ya, para mí muy conmovedora. Creo que se sigue demostrando a través de los testimonios lo que venimos denunciando desde un principio, el rol del centro clandestino en las apropiaciones”.
La referente del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), agregó que “por más que los nacimientos hayan ocurrido en Banfield, en mi caso (y en otros también) se demostró el rol que cumplió la Brigada alrededor de mi apropiación. También cómo San Justo fue parte del Plan Cóndor, los represores amenazaban a los detenidos que en caso de quedar en libertad y denunciar en países limítrofes lo sucedido ‘los traían de esos países desaparecidos’ devuelta a la Argentina, mostrando completa libertad de acción”.
Sobre el relato de Chamorro respecto a cómo fue torturada y en especial los delitos sexuales, Moyano dijo que “fue terrible, caían las lágrimas de cualquier ser humano que escuchara eso. Y contó también mi nacimiento la relación con mi madre, estuvieron meses en la misma celda y el acoso permanente que tuvo que sufrir por parte de los milicos aún estando embarazada. Pero que los detenidos se organizaron e hicieron un jarrazo como forma de protesta”.
Por último la nieta recuperada por Abuelas de Plaza de Mayo destacó el “testimonio preciso y contundente” de una mujer que “viene declarando desde el 84 y denunció cómo Quilmes, Banfield y San Justo actuaban en unidad”.
Este juicio muy importante, donde hay 84 víctimas y serán juzgados 19 genocidas, está a mitad de camino. Queda por declarar unos cincuenta testigos, prácticamente la mitad de los enlistados. Es decir que quedan algunos meses más de audiencias. Pese a que circula la versión de que el Tribunal quiere terminar para marzo, todo hace pensar que en ese mes no habrá sentencia.
María Luz Santos Morón, una de las abogadas de la querella de Justicia Ya!, recordó a este diario sus propósitos para este juicio. “Queremos que se condene a todos los imputados por las torturas, las privaciones ilegítimas de la libertad y las desapariciones. A la vez reclamamos que se juzgue por los delitos sexuales cometidos en los centros clandestinos de detención como parte del plan sistemático genocida. Que se incorporen a esta causa los casos que han salido a la luz. Que se investiguen y se juzguen los delitos que se han cometido en la Brigada de San Justo durante el año 1975, hecho que ha sido testificado por la querellante Victoria Moyano Artigas y todos los casos que se están juzgando”, detalló.
La abogada (miembro del CeProDH) concluyó en que “este es un primer juicio sobre los crímenes de la Brigada de San Justo, pero en ese centro clandestino intervinieron muchos más genocidas de los que están acá imputados. Seguimos reclamando que haya cárcel común, perpetua y efectiva para todos los condenados y que no exista el privilegio de la prisión domiciliaria para aquellos que cometieron un genocidio de clase”.
Las audiencias son todas las semanas, los miércoles a las 10 de la mañana. Para poder acceder se requiere presentar DNI. | 
