Si no se acuerdan, el año pasado se abrió una arista llamada “empresas de viajes” que investiga a militares (soldados, generales, coroneles y suboficiales) que salieron fuera del país (viajaron), en los que se llevaba a cabo un fraude que consistía en comprar los pasajes con cargo a la institución y luego cambiaban los destinos para vacacionar o recibían reembolsos, lo cual además era (o es) algo habitual. Esta práctica fue rebelada por medio de un procesamiento a dos coroneles en torno al caso de fraude “Viajes de Turismo”, una de las tantas aristas de investigación de fraude dentro de las respresivas FF.AA.
La Ministra en visita, que está llevando la investigación, Romy Rutherford, dio un plazo hasta este lunes para que los milicos entreguen la información de viajes de 46 generales entre 2010 y 2018, o la incautarán de las oficinas militares, ya que el pasado 30 de enero, se habían comprometido, por medio del comandante en jefe del ejército, general Ricardo Martínez, a tener la información para la investigación, incluidos los viajes que realizó él, pero no pasó nada.
En la lista solicitada se encuentran los nombres de 25 miembros del actual alto mando y 21 generales de división y brigada llamados a retiro en Noviembre de 2018. Esta solicitud no es la primera, según La tercera: “hace tres meses, la ministra en visita solicitó la misma información al Ejército, y como no encontró respuesta, reiteró la solicitud ahora bajo apercibimiento, dando un plazo de 5 días”. A pesar que le dieron varios plazos al ejército, éste no respondió. El último plazo expiró el pasado 6 de febrero, y hasta el 10 de febrero no ha habido respuesta.
Todo esto nos hace recordar el manto de impunidad del que gozan las fuerzas armadas tras la dictadura, en la que incluso en “democracia” (evidentemente ajustada a los intereses de los empresarios y las FF.AA.) han podido disfrutar de privilegios desde todos sus rangos, siendo incluso de “confianza” de los presidentes de turno. Ahora queda ver qué sucederá con este procedimiento y que nuevas sorpresas nos deparan los fraudes de las FF.AA, como el caso pinocheques absuelto por Frei, o como el robo de millones de los pacos, la venta de armas a narcotraficantes, el gasto innecesario en preparación militar del comando jungla, entre muchas otras, al fin y al cabo ya nada sería sorprendente, al parecer, ya que cuentan legalmente con privilegios que claramente van a querer mantener.
Encabezaron la injerencia imperialista en Chile por medio del Golpe de Estado en 1973, se cargaron más de 3000 muertos y desaparecidos junto a sus amigos de las FF.AA., la DINA y la CNI, y ahí están en libertad o en cárceles 5 estrellas, privatizaron la educación, la salud, las pensiones, y nos dejaron la herencia de la dictadura en materia laboral, quedando exentos de toda la miseria que nos conllevan estos sistemas. Por si fuera poco, se encargan de desfalcar al estado, por medio de fraudes millonarios, pueden estar jubilados a los 50, por jugar a la guerra y reprimir en la Araucanía o en zonas de catástrofes, así como huelgas y movilizaciones, tienen un sistema de jubilación propio en que las pensiones son hasta 8 veces más buenas que las de un trabajador o trabajadora, un sistema de salud propio, todo esto financiado por el estado y el 10% de los excedentes del Codelco, metieron la pasta base en las poblaciones combativas, además de todos los casos millonarios de corrupción. Todo esto en medio de la crisis de las instituciones en Chile, por su rol represivo, la corrupción, exceso de violencia contra el pueblo mapuche, los estudiantes, las mujeres y los y las trabajadoras, no podemos pensar en reformarlas, debido a su naturaleza como guardianes de la propiedad privada y los intereses capitalistas de donde surgen sus privilegios, es necesario plantearnos su disolución. |
