Javier Jiménez Espriú, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es director de la empresa Houston Relais Real Estate Inc., creada en 2016. Vía esta compañía adquirió el condominio 603 de la torre Briar Place, que no incluyó en su declaración patrimonial, según dio a conocer el periódico Reforma.
El inmueble, valuado en alrededor de 6.6 millones de pesos y con unos 158 metros cuadrados de superficie, parece envuelto en la bruma de los escándalos de los altos funcionarios del gobierno de Peña Nieto.
En un comunicado, Jiménez Espriú negó la información. Señaló que el departamento no fue adquirido por él, sino por su esposa, Elisa Margarita Gutiérrez, quien lo donó a Houston Relais Real Estate, Inc. A su vez, explicó que antes de ser funcionario público “las acciones de esa sociedad, que se encontraban a mi nombre, pasaron a la titularidad de mi hijo Javier Jiménez Gutiérrez”, quien es administrador de la empresa.
La excusa para no reportar la propiedad en su declaración es que ya no tiene ninguna relación con la sociedad.
El “olvido” del secretario no es el único. Apenas la semana que pasó, Olga Sánchez Cordero, titular de Gobernación, omitió incluir en su declaración patrimonial un penthouse que posee en copropiedad con su esposo también en Houston.
Lo que sí reportaron ambos funcionarios es su salario: mientras Jiménez Espriú percibe 166,577 pesos mensuales, Cordero Sánchez obtiene 285 mil pesos mensuales por su pensión como ex ministra de la Corte Suprema, y dona los 107 mil de sueldo como secretaria de Estado. Es evidente que su nivel de ingresos y de vida sigue destacando por los privilegios.
Una trabajadora o un trabajador que ganen dos sueldos mínimos por mes ($6,160.8) deben laborar dos años y tres meses para percibir lo mismo que gana el secretario de Transporte en un solo mes, o tres años y diez meses para obtener el equivalente de la pensión mensual de la titular de Gobernación.
Mientras tanto, el gobierno de López Obrador predica la “austeridad republicana”, que solo aplica para las trabajadoras y los trabajadores de las instituciones de gobierno, ya precarizados por la anterior administración. Son más de 200 mil los despidos injustificados que quieren imponer los mismos que viven en el lujo gracias al trabajo de las mayorías.
"Ante escándalos como este de los departamentos en Houston, ratificamos nuestra propuesta de que todos los altos funcionarios ganen lo mismo que una maestra o un trabajador. Exigimos la reinstalación de los trabajadores estatales despedidos y su inmediata basificación, así como plenos derechos laborales.", declaró Miriam Hernández, trabajadora de la UNAM y excandidata por la Plataforma Anticapitalista al Congreso de la Ciudad de México.
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