Esta segunda denuncia, tanto como la primera, es la refracción del movimiento #Me Too. Dio ánimo a varias mujeres para que denuncien públicamente a sus agresores sexuales, y arroja nueva luz sobre el círculo de poder que rodea a Arias en Costa Rica. Una lóbrega expresión del matrimonio entre el patriarcado y capitalismo.
En ambos sentidos, Morales, la segunda denunciante declaró a medios de prensa de Costa Rica "Cuando vi lo que pasó con la nueva muchacha [uno de los testimonios] y el movimiento MeToo pensé en que tenía que tomar fuerzas, porque ya vi que el tema era habitual en él [Arias]. Busqué dos abogados y me dijeron que no me ayudaban, pero logré encontrar a uno que sí decidió ayudarme y acompañarme (...) a presentar la denuncia".
Arcelio Hernández, el actual abogado de Morales, señaló ante la prensa que ha recibido presiones políticas por llevar el caso.
La última denuncia pública contra Arias la dio a conocer The New York Times, donde la politóloga Carina A. Black dice: “Arias es tan poderoso, él tiene una gran propiedad de tierra, él es tan reverenciado”. También señala que su denuncia se hace para acompañar a las otras mujeres que han denunciado al expresidente.
En todos los casos las denuncias se hacen mientras el Premio Nobel estaba realizando algún tipo de actividad política.
La denuncia toca una fibra muy sensible de la política en Costa Rica debido a que Arias es el arquitecto político de la implementación de toda la contrarreforma neoliberal en el país, desde su política activa para ponerle fin al ascenso revolucionario en Centroamérica en los ochenta hasta dirigir políticamente la aprobación del TLC.
Incluso durante la época del TLC Arias ya había llegado a ejercer poderosas influencias políticas al lograr que la Sala Constitucional del país le habilitara para participar por segunda ocasión en elecciones presidenciales. El ex presidente es probablemente el hombre más poderoso del país y cuenta con redes de influencia en todo el andamiaje de poder de la sociedad costarricense, desde la Embajada Americana hasta Casa Presidencial, pasando por bancos, bufetes, ONGs, etc.
La Nación de Costa Rica y la posición del Presidente
Ante un caso tan relevante para la política nacional, La Nación, el principal periódico de circulación nacional, sostuvo en un editorial: “La guerra desatada contra las mujeres desde tiempos inmemoriales debe cesar en la casa, la oficina, la calle y cualquier otro sitio. Si la ley y la administración de justicia no sirven para eso, son inútiles para la mitad de la población y eso es impensable en una sociedad democrática. La ley y los tribunales están a disposición, es hora de poner fin a las barreras que impiden el acceso a ellos. Lograr ese objetivo es tan importante como asegurar el respeto a las normas del debido proceso.”
Resulta extraño que La Nación se olvide de mencionar que ellos como periódico han sido punta de lanza en esa guerra contra las mujeres en el país, al atacar constantemente a la clase trabajadora, instigar violencias xenófobas, atacar la educación pública, y todo lo que implica ser el periódico oficial de los poderosos y ricos de Costa Rica.
Carlos Alvarado, por su parte, comentó: “en el caso también del señor expresidente tiene que garantizarse su derecho a la defensa. Esto es algo que ya está en los estrados o en la parte del Poder Judicial y debe de seguir su debido proceso y ahí que se establezca la verdad de los hechos. Creo que tenemos que verlo con esa prudencia como país y siguiendo lo que nos caracteriza que es el respecto institucional que es el que debe de determinar esto”.
Por oposición a este tipo de mensajes, en las redes sociales se multiplican las críticas: “Con la mitad de denuncias y pruebas que hay en contra de Oscar Arias, cualquier ser humano estaría ya encerrado pero como él tiene plata y amigos en la política, le dan casa por cárcel y sale como si nada… castigan más duro a los que venden artículos en las calles que a la argolla política”.
En este mismo sentido, dentro del país se observan dos posiciones contrarios. Por un lado, el personal político, abogados, periodistas y demás que llaman a confiar en los tribunales de justicia y a respetar sus decisiones. Y por otro lado, sectores proletarios, activistas de izquierda, feministas, etc. que saben el poder que tiene Oscar Arias, no solo apoyan a las mujeres que denuncian, sino que desconfían del sistema judicial, precisamente por el lugar que ocupa Arias en el entramado político nacional.
Lo fundamental de la situación pasa en este momento porque las movilizaciones de mujeres que incorporen la denuncia de Arias a sus exigencias, puedan también formar un gran movimiento que impida que casos como los de Arias no se repitan más. Es necesario detener la violencia contra las mujeres.
Ni la posición de La Nación, ni la de Carlos Alvarado, ni la de Patricia Mora reconocen que la violencia patriarcal es consustancial al Estado que ellos dirigen y defienden.
En sus aproximaciones al caso de Arias existe una muy profunda doble moral que invisibiliza la violencia sexual cotidiana que cientos de miles de mujeres del país sufren. Es por ello que el movimiento de mujeres tiene como objetivo llegar a la raíz misma de la opresión a las mujeres, y ese fundamento no es otro que el Estado, la misma institución que juzgará el caso de Arias.
El próximo 8M será la primera movilización grande desde la ola de denuncias contra Arias y es presumible que el número de denuncias aumente en el tiempo que falta.
Por ahora no ha habido ninguna denuncia de mujeres trabajadoras del entorno de Arias. Además el New York Times ha dicho que desde la era del #MeToo ésta es la denuncia más grave en Latinoamérica. La perspectiva que empiece a asumir el movimiento de mujeres será fundamental en el resultado final de las denuncias contra Arias. | 
