Que el juicio iniciado este martes en el Tribunal Supremo es una “Causa General” contra el independentismo catalán es cada vez más evidente. En contra de la voluntad del Supremo el desarrollo del juicio puede ser una oportunidad para demostrar paso a paso toda esta farsa. Los esfuerzos de tertulianos de todos los medios, desde Intereconomía hasta La Sexta, para decir lo contrario van a tener que aumentar. Se les pone difícil la cosa a los Marhuenda o a los Sardá -en esto coinciden- para vender la moto de que estamos ante un “juicio independiente” en una “democracia consolidada”.
La imagen de todo un gobierno, la presidenta del Parlament y los dos dirigentes de las principales entidades soberanistas sentado en el banquillo habla por sí sola. Que en un juicio tan "ejemplar" las cuestiones previas hayan ocupado en su exposición más de 8 horas lo confirman. Esta primera jornada, en la que han tomado la palabra todos los abogados de la defensa, ha sido todo un repaso de los innumerables derechos democráticos fundamentales vulnerados durante el proceso de instrucción a cargo del juez Llarena. Toda una operación de construcción de relato jurídico para apuntalar las acusaciones de rebelión, sedición y malversación con las que se solicitan penas más altas que las que en su día se demandaron a los golpistas del 23F.
Podríamos hablar de las decenas de pruebas presentadas por la defensa no admitidas, los testimonios denegados -entre ellos los de un buen número de premios Nobel de la paz y entidades internacionales de Derechos Humanos, a los que ni siquiera se les permite participar como observadores-, de los tiempos a contrarreloj que han denunciado los letrados de la defensa para estudiar la documentación, la negativa a retrasar el inicio del proceso para poder garantizar el derecho de defensa en una causa con miles de folios.
Pero nos detendremos en tres de las vulneraciones de peso: los acusados han visto vulnerados sistemáticamente derechos fundamentales con el instrumento de una prisión provisional injustificada, el tribunal ha sido conformado “a la carta” para garantizar una sentencia condenatoria y el sumario ha sido construido a base de registros e informes policiales al más puro estilo Villarejo y Corcuera.
El abogado de Oriol Junqueras, Van den Eynde, ha arremetido contra la injustificada prisión preventiva que padecen 9 de los 12 encausados, y que ha supuesto una auténtica “banalización de la libertad”, además de una merma considerable de su derecho a la preparación de su propia defensa. Van den Eynde ha denunciado que durante estos meses “se han vulnerado prácticamente todos los derechos. El derecho a la intimidad, la inviolabilidad y domicilio, el derecho a la reunión y manifestación, el de libertad de movimiento”.
Recordemos que algunos de los presos políticos catalanes fueron puestos en libertad bajo fianza después de la primera declaración, otros antes de las elecciones del 21D... y que a pesar de ello no tomaron el camino del exilio. Aún así, el alto Tribunal ha seguido alegando el “riesgo de fuga” para privarles de libertad a pesar de no existir sentencia condenatoria alguna contra ellos.
Que la prisión preventiva no respeta ninguno de los supuestos legales en que se puede aplicar es una opinión generalizada mucho más allá del independentismo. Organismo nada sospechosos de sediciosos como Amnistía Internacional o el Alto Comisionado para los DD.HH. de la ONU la han denunciado como injustificada.
Jordi Pina, abogado de los exconsejeros Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez, ha defendido una vez más la recusación de 4 de los 8 magistrados que componen el tribunal, incluyendo su presidente, Manuel Marchena. Un recurso ya rechazado con anterioridad, a pesar de que todos ellos han emitido opiniones sobre la causa durante el proceso de instrucción, algo completamente prohibido.
No olvidemos que el presidente fue el candidato fallido del PSOE y el PP para presidir el Consejo General del Poder Judicial, y tuvo que dimitir ante la filtración de los mensajes del grupo de whatsapp del PP en el Senado en el que se jactaban que con este nombramiento se garantizaban conservar el control de la sala en la que hoy se abría el juicio del 1-O.
Pero si aún quedaba alguna duda de lo "independiente" del tribunal conformado, hoy mismo Pablo Casado ha dejado claro en el Parlamento que gracias al PP los independentistas están siendo juzgados en el Tribunal Supremo. Si no fuera por ellos, se sentarían en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y “serían juzgados por jueces elegidos por los independentistas en el Parlament”.
Sobre los dossieres y pruebas fabricados por la Policía Nacional y la Guardia Civil -el sustento del relato de Fiscalía y la Abogacía del Estado para fundamentar las acusaciones de rebelión o sedición- la intervención del abogado de Jordi Cruixart, Benet Salellas, ha puesto al descubierto como “la patada en la puerta” fue la tónica de los registros y actuaciones previas al referéndum. La Operación Copérnico parece que tiró de la Ley Corcuera, la del ministro socialista condenado por los GAL y que autorizaba la “patada en la puerta” sin autorización judicial. Pasaron por alto los “piolines” que dicha ley está derogada desde 1993.
Respecto a los registros de la sede de la Conselleria de Economía, Salellas ha explicado que “buena parte del registro, delante del cual se articularon protestas que hoy son objeto de juicio, se practicó sin autorización judicial”. El juzgado número 13 que ordenó el operativo solo autorizó a registrar cuatro despachos, pero la Benemérita lo hizo extensivo a todo el edificio. Ese mismo día la Policía Nacional trató sin éxito de hacer lo mismo en la sede la CUP, registrarla sin orden judicial alguna. Algo que le fue imposible gracias a la masiva concentración que se realizó para rodearla e impedir el asalto ilegal.
Salellas ha puesto también de relieve como los informes de la Fiscalía elaborados en base a las informaciones de la Guardia Civil y la Policía Nacional, están repletos de páginas en que se convierten en hechos delictivos manifestaciones pacíficas, tweets o declaraciones en actos públicos.
En los tres meses que quedan de juicio - ¡ah sí!, se me olvidaba que los tempos vienen determinados por la intención de que no coincidan con las elecciones de mayo, todo muy independiente- éste seguirá siendo noticia. No porque lo que allí acontezca vaya a ser realmente relevante para la sentencia que salga. Ésta será obra de un escribano, la Judicatura, pero no se redactará en base a pruebas y testimonios, sino de lo que se consulte y negocie con Zarzuela, Moncloa y las derechas. De las negociaciones entre estos actores -todos son parte de la acusación, desde Vox con la “popular” hasta los partidos del régimen y el Rey por medio de Fiscalía y la Abogacía del Estado- dependerá el resultado de esta “Causa General”.
Como denunciaba el abogado Salellas a su salida del Supremo, lo que se decidirá en estas semanas no es solo hasta donde debe llegar represión al movimiento democrático catalán. El antecedente que siente la sentencia pondrá en la picota derechos democráticos fundamentales para el conjunto del Estado español.
Es por ello que las movilizaciones contra el juicio y por la libertad de los presos políticos deben ser tomadas por el conjunto de la izquierda y los sectores democráticos de todo el Estado. Cabe preguntarse ¿A qué espera Podemos e IU para sumarse abiertamente a los actos de protesta que ya se están preparando? ¿Volverán a hacer "la del avestruz" como hicieron durante la aplicación del 155 en 2017?
Es urgente poner en pie un gran movimiento contra la represión en todo el Estado, que puede tener una primera gran demostración de fuerza en la manifestación en Madrid del próximo 16 de marzo, que suelde la unidad de los sectores populares de todo el Estado para combatir un régimen cada vez más represivo y el ascenso de la extrema derecha que viene espoleado por este gran “a por ellos” que este martes ha tenido un nuevo hito. | 
