El espectáculo del juicio a Joaquín Guzmán Loera, que tuvo lugar en Brooklyn, brilló poco al sur del río Bravo. Hubo unos pocos “momentos de gloria”, y fueron aquellos en los que salieron a relucir los nexos de los altos funcionarios con el acusado.
En noviembre de 2018, Jeffrey Litchman, uno de los defensores del Chapo, soltó una bomba: el panista Felipe Calderón y el priista Enrique Peña Nieto habían recibido “millones de dólares en sobornos”, según afirmó.
Dos meses más tarde, en enero pasado, Alex Cifuentes, colaborador de Guzmán, sostuvo en su declaración que el acusado le había pagado un soborno de 100 millones de dólares a Peña Nieto.
Ambos ex mandatarios negaron todo. Pero lo que es innegable es el hartazgo y la indignación del pueblo mexicano, que castigó en las urnas tanto al PRI como al PAN y al PRD en julio de 2018. Pues la noche aciaga del 26 de septiembre de 2014, cuando militares, policías locales y el crimen organizado llevaron a cabo la masacre de Iguala y la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Las autoridades estadounidenses también participan de la operación para mantener en la impunidad a los altos funcionarios que con la imposición de las reformas estructurales allanaron el camino para una nueva fase de saqueo de México. El juez no permitió que el jurado escuchara el testimonio de Jesús Zambada, hermano de Ismael, socio de Guzmán, que iba a declarar sobre la recepción de sobornos de Calderón y Peña.
A su vez, otros ex altos funcionarios, a lo largo del juicio, Genaro García Luna, Secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón durante su mandato, de 2006 a 2012, también resultaron salpicados por las declaraciones de distintos testigos.
Consultado sobre los sobornos a Peña Nieto y Calderón durante una de sus conferencias de prensa matutinas, respondió “Acerca de las declaraciones de testigos en juicio que se sigue en Estados Unidos, nosotros no tenemos información adicional. Sí estamos atentos, no podemos juzgar si no tenemos pruebas”.
Todo apunta a que el presidente López Obrador cumplirá su promesa de poner un punto final y sostener la impunidad contra los altos funcionarios que contribuyeron a la entrega de los recursos de México a las trasnacionales y el gran capital nacional de la mano del crimen organizado. Todo en nombre de la estabilidad de los negocios capitalistas. | 
