La mayor central sindical del país, el Congreso de Sindicatos sudafricanos (Cosatu por su sigla en inglés) realiza este miércoles una huelga general en protesta por el elevado desempleo, que llega al 27,1 %, según cifras oficiales, y contra los anuncios del presidente Cyril Ramaphosa que planea dividir la compañía eléctrica estatal Eskom en tres entidades para acelerar la privatización de la empresa.
En las principales ciudades del país, como Johannesburgo, Durban (al este) o Port Elizabeth (sureste), miles trabajadores y afiliados a la Cosatu cortan calles y se movilizan desde primera hora de la mañana. La huelga se sintió especialmente en sectores como el minero, el energético o el sector de trabajadores públicos.
Desde la dirección de la central sindical remarcan que las medidas puestas en marcha por el Gobierno, del presidente Ramaphosa, contra el desempleo no son efectivas. Desde hace años la tasa de desocupados ronda por encima del 25 % y es uno de los principales problemas económicos y sociales del país que afecta en su mayoría a la población negra. Los últimos datos, publicados este martes por el instituto oficial de estadísticas del país, revelan que Sudáfrica cerró 2018 con una tasa de desempleo del 27,1 %.
La huelga convocada originalmente contra la desocupación, sumó el rechazó a la privatización de la compañía de electricidad anunciada la semana pasada por el presidente. Ramaphosa aseguró que tenía un plan para solventar la grave crisis que atraviesa la eléctrica estatal Eskom.
Eskom, que tiene casi un siglo de trayectoria y es una de las empresas eléctricas más grandes del mundo, se encarga de la producción y distribución eléctrica para casi toda la población de Sudáfrica.
En los últimos el deterioro de la compañía ha sido notable. Años escándalos de corrupción y falta de inversión derivaron en masivos cortes de luz programados por a la incapacidad de dar abasto a la demanda y una deuda de 30.000 millones de dólares. Con la típica receta neoliberal el actual presidente propone un plan de división y privatización.
La huelga se da en un momento clave a pocos meses de las elecciones generales que podrían cambiar el panorama político del país producto de la perdida de adhesión al oficialismo, golpeado por los casos de corrupción y una situación económica que empeora desde hace años.
Cosatu, que cuenta con un millón y medio de afiliados, es un aliado tradicional, junto al Partido Comunista, del Congreso Nacional Africano (CNA) gobernante en Sudáfrica desde la victoria de Nelson Mandela en los primeros comicios democráticos del país, en 1994.
Los líderes de la central sindical aclararon que esta convocatoria no significa una retirada de apoyo al oficialismo de cara a las elecciones generales del próximo mayo, pero advirtieron también de que esa postura podría revisarse.
La central sindical se ha mantenido en una tregua con el gobierno desde que el actual presidente Ramaphosa asumió luego de la destitución de Jacob Zuma, también del CNA. Los líderes sindicales buscan utilizar la huelga como una forma de descomprimir el descontento y consideran que el Gobierno necesita una llamado de atención ante los despidos en numerosos sectores, como el de la minería, pero también frente a las posibles privatizaciones de empresas públicas.
Uno de los motivos que aceleró la salida de Jacob Zuma de la presidencia es que el CNA viene de años de desgaste, especialmente en sector de trabajadores y estudiantes vienen haciendo una experiencia con una dirección política que está en manos de millonarios con múltiples lazos con las empresas transnacionales, alejados de los padecimientos del pueblo sudafricano.
Ramaphosa asumió centrando su discurso en la lucha contra la corrupción y la reactivación económica buscando revertir la percepción de un amplio sector de la población que ve como una casta política se enriquece, mientras millones de personas no pueden acceder a los servicios básicos ni a una salud y educación digna.
Lejos de avanzar en alguna de sus medidas, el Gobierno se ha centrado en la búsqueda de una mayor apertura de la economía a el capital internacional y en ese sentido se busca avanzar con la privatización de recursos estatales como la empresa de electricidad. El plan oficialista implica una serie de medidas impopulares que preocupan a los aliados del CNA, especialmente porque abren una situación de mayor descontento de cara a las elecciones que serán claves. | 
