Los estudiantes de la Universidad Rey Juan Carlos vuelven a ponerse en pie de guerra contra la dirección de dicha universidad. Esta vez con motivo del Plan de Reordenación Docente que pretende implantar el rector Javier Ramos López y que ha motivado la convocatoria de una huelga estudiantil del 18 al 22 de febrero.
El Plan de Reordenación Docente para la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales supondría el traslado a otros campus y la extinción de varias carreras en un proyecto que se plantea a cuatro años. Concretamente afectaría a los campus de Aranjuez, Fuenlabrada y Quintana, y a un total de doce grados, entre ellos, ADE, Derecho, Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Trabajo Social y Turismo, que se extinguirían sin reubicación.
El proyecto ha generado un enorme descontento entre el estudiantado, que siente que se está llevando a cabo a sus espaldas, ocultándoles información y sin ofrecerles ninguna garantía. Tal y como lo ha denunciado el Consejo de Estudiantes en un comunicado publicado el pasado jueves.
En el comunicado señalan que la información proporcionada por el rectorado ha sido “inconclusa, difusa y, en conclusión, no satisfactoria” y denuncian que las alternativas que ofrece a los estudiantes afectados son insuficientes, ya que “ninguna de ellas permite al estudiante matriculado recibir su formación en las condiciones en las que entró al grado”.
Por todo ello se oponen a un plan que tiene por objetivo arreglar una universidad en crisis por las políticas de sus propios gestores y haciéndoselo pagar a sus estudiantes. Pero, como han declarado desde la Delegación de estudiantes de la FCJS: “no creemos que los estudiantes tengan que sufrir las consecuencias de este Plan de Reordenación, creado para solventar la ineptitud y poca capacidad de previsión en la gestión que durante los últimos años se ha dado en la URJC”.
El rectorado pretende aprobar este proyecto a través del Consejo de Gobierno del próximo viernes 22, un órgano compuesto por más de cincuenta miembros de los cuales tan solo cuatro de ellos son estudiantes. Todo un despropósito burocrático de esta casta universitaria que pretende llevar a cabo un plan que afectaría a miles de estudiantes legalizado por un organismo compuesto mayoritariamente por los elegidos del propio rector y que integra a personajes como Amancio López Seijas, magnate hostelero fundador del grupo Hotusa, en calidad de representante del Consejo Social de la URJC.
“En Consejo de Gobierno los estudiantes no tenemos la fuerza suficiente para poder parar un Plan de Reordenación Académica como este o cualquier otra medida que quiera tomar el rectorado”, ha declarado Raquel, coordinadora de la asociación Res Pública y miembro del Consejo de Estudiantes y del Claustro.
Por ello, la lucha ahora se traslada al terreno de la movilización estudiantil, que en una asamblea masiva del Consejo de Estudiantes proclamó masivamente la convocatoria de una huelga que comienza hoy y se extenderá a lo largo de toda la semana para tratar de torcerle el brazo al rectorado. El momento clave de esta semana de movilizaciones será la concentración que tendrá lugar el viernes 22 de febrero frente a Rectorado a las 10 de la mañana, coincidiendo con la celebración de la reunión del Consejo de Gobierno en la que se pretende aprobar el plan de reordenación.
Por otro lado, los representantes estudiantiles están promoviendo una moción de censura a Javier Ramos, el actual Rector, a través del Claustro de la URJC. De salir adelante, supondría la salida del Rector y la convocatoria de nuevas elecciones. Esto podría retrasar un tiempo el proyecto de reordenación, sin embargo, sigue presente el problema de la posibilidad de que salga elegido un nuevo rector afín a la línea oficial que volviera retomar el plan. Algo bastante probable, dado el carácter antidemocrático de la votación que pondera el voto por sectores y favorece enormemente los intereses de la casta universitaria.
La Universidad Rey Juan Carlos se ha convertido en el paradigma de la concepción neoliberal de las universidades, entendidas como instituciones puestas al servicio del mercado, pero en las que las corruptelas, el amiguismo y el clientelismo son parte de su funcionamiento habitual.
Te puede interesar: Como investigadora en formación de la universidad, el “Caso Cifuentes” no me sorprende
Como señala el Consejo de Estudiantes en su comunicado: “la universidad, como servicio público, y la educación, como derecho, no pueden regirse por criterios económicos. La universidad no puede convertirse en una empresa y su lógica no puede entrar dentro de la institución pública que ha de velar siempre por garantizar una educación inclusiva y de calidad a sus estudiantes”.
Todo ello plantea la necesidad de que la gestión de las universidades esté en manos de sus estudiantes, docentes, trabajadores y trabajadoras, los únicos que realmente tienen intereses en el buen funcionamiento de la universidad y no en su ascenso político o enriquecimiento. Esto exige conquistar acabar con las prácticas antidemocráticas como el voto ponderado o figuras como la del rector, e imponer gobiernos universitarios con mayoría estudiantil. En definitiva, conquistar universidades radicalmente democráticas que se pongan al servicio de resolver los grandes problemas sociales.
Te puede interesar también: Referéndum en la Rey Juan Carlos: mayoría vota República y cambiar el nombre de la universidad | 
