La Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE) llegó a un acuerdo con los gremios del sector y con el gobierno de Tierra del Fuego para mantener los puestos de trabajo y sellar una paritaria del 24 por ciento, informó la agencia Télam.
El acuerdo se firmó en un acto realizado en los últimos días en el Ministerio de Producción y Trabajo. Además de Dante Sica, lo hicieron la gobernadora peronista Rosana Bertone, el jefe de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) Antonio Caló y referentes de las cámaras patronales.
A través de un comunicado, la cartera señaló que "los objetivos del acuerdo son mantener la paz social en la región y resguardar el empleo de calidad. Los gobiernos nacional y provincial, empresas y sindicatos se comprometieron a realizar su aporte para un objetivo común: mejorar la productividad y la competitividad de la industria y reducir los precios de la tecnología para los consumidores".
Los empresarios se volvieron de Buenos Aires muy contentos. Según explicó este martes Marcelo Girotti, CEO de BGH, “el convenio busca mantener los puestos de trabajo, es una extensión de un acuerdo firmado con anterioridad y fija condiciones de aumentos del 24 por ciento en forma escalonada. Como contrapartida se flexibiliza la jornada laboral”. Además dijo que “estamos buscando también en el marco de estas conversaciones que el sindicato nos ayude a aumentar la productividad”. Parece que por ahora están ayudando mucho.
La realidad es que la estrategia de las empresas nacionales y extranjeras que operan en el sur del país es encarar su “recuperación” con mayor explotación obrera. Allí se encuentran BGH, IATEC, Carrier, Radio Victoria, Fapesa y Mirgor, esta última fundada por Macri y Caputo. La mayoría se dedica a la fabricación de productos masivos, como heladeras, aire acondicionados, celulares y computadoras.
Como reconocieron los empresarios ayer, hubo acuerdos anteriores que solo cumplieron los trabajadores. El principal es el firmado por Antonio Caló y funcionarios del peronismo provincial y el gobierno nacional, de congelamiento salarial por dos años bajo el compromiso de las empresas de que no se pierdan puestos de trabajo. La concesión no sirvió para nada, obviamente. De los 10.000 obreros metalúrgicos que había en 2014, hoy solo hay en actividad 4.112, por despidos o suspensiones.
Los empresarios quieren “recuperarse” con menos trabajadores y más flexibilidad laboral. El gobierno nacional de Cambiemos y el provincial del PJ, encantados. | 
